Mientras el impago de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) rebota de lado a lado entre la Legislatura, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el valor de sus bonos continúa en picada de manera acelerada.
Según un análisis realizado por EL VOCERO, desde mayo hasta esta semana, el descenso en el valor de los bonos ha sido considerable y empezó a reflejar pérdidas desde que trascendió la posibilidad de que no se hiciera la asignación de fondos para la deuda pendiente para este año fiscal, del total de $1,090 millones.
De acuerdo con documentos revisados, al 31 de mayo el valor de ciertos bonos del PFC estaba en 97.7 centavos de dólar, pero según se amplió la información que presagiaba la posibilidad de que el gobierno no tuviera el dinero para cumplir con los próximos vencimientos, empezó a decaer. Ya para junio se había registrado una caída hasta los 83.5 centavos de dólar.
Lo que no imaginaban los tenedores de estos bonos, es que finalmente se concretaría el incumplimiento y su valor se acercaría peligrosamente a casi nada.
De acuerdo con el portal Bondview, hasta ayer, el registro más actualizado en el valor de los bonos de apropiación Serie B del PFC, había llegado a 8.50 centavos de dólar, el más bajo hasta la fecha, mientras los bonistas insisten en que el gobierno cumpla con su obligación moral de pago. El Bondview provee información sobre el desempeño de los bonos en el mercado municipal, en el cual Puerto Rico es el tercer emisor más grande.
Aunque el documento de compra especifica que se trata de una deuda a ser repagada mediante asignaciones legislativas, pero que no obligan a consignar el dinero, se trata de deuda que se vendió amparada en la confianza de cumplimiento del gobierno de Puerto Rico, el cual nunca había dejado de honrar sus deudas.
Al vencimiento el pasado 1 de agosto, el BGF anunció que se pagaron $627,000 para cubrir una parte de los intereses, pero la deuda a la fecha en principal e interés era de $58 millones.
Según se agotan los días de agosto y se acerca septiembre, para el 15 del próximo mes está pautado el pago de $1,422,845 correspondientes al PFC. Esa cantidad igual se debe pagar cada mes hasta enero de 2016. En febrero del próximo año el pago será de $21,524,520 y le siguen cinco pagos de $1,422,845 por cada mes hasta julio.
Aunque el gobierno no se ha expresado en torno a los próximos pagos del PFC, está claro que prevalecerá el argumento de falta de liquidez. Igual queda descartado el intento del senador por Aguadilla, Gilberto Rodríguez Valle, quien presentó una resolución conjunta dirigida a asignarle al BGF unos $93.6 millones para cubrir la deuda del PFC.
Lo que ocurre es que esa resolución identifica al Fondo para el Desarrollo Económico y Pago de Obligaciones como la fuente de repago, pero este instrumento creado por la Legislatura está sin dinero, ya que depende de los ingresos en Hacienda.
Hasta ahora, los fondos de inversiones Oppenheimer Inc. y Franklin Advisers, Inc., le han advertido al gobierno que cumpla con el pago y entre las gestiones que reclaman incluyen “obligar al BGF y/o al Secretario de Hacienda para transferir o anticipar fondos al Fiduciario a los efectos de que realice el pago de agosto”. Entienden que Hacienda tiene la obligación de emitir el pago y luego buscar el reembolso.
El fideicomisario del PFC es el US Bank, que ha evitado contestar preguntas a la prensa y en una carta fechada el pasado 16 de julio informó a los bonistas que la asignación legislativa no se había producido. Bonistas locales ya se han reunido para iniciar acciones de cobro y en su defecto acudir a los tribunales.
Para el 1 de septiembre debe estar listo el plan de reestructuración de deuda, el cual habrá de establecer qué se paga y qué no, e incluya el mecanismo de negociación con los acreedores.
Se estima que una parte importante de los bonos del PFC fueron adquiridos por compradores locales, sean individuos, cooperativas o entidades.
La pasada semana, luego de concretarse el impago, la agencia clasificadora Standard & Poor´s degradó toda la deuda del PFC hasta la nota D, que implica la imposibilidad de cobro. S&P adelantó que podrían surgir más incumplimientos de deuda en la Isla.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
¨Las cooperativas no se van a quitar¨, reclama excomisionado de cooperativas
Aunque reconoció la alta exposición de algunas cooperativas a la deuda pública y cierta fuga de capital, el ex comisionado de cooperativas, Melvin Carrión, opinó que parte del movimiento ya se ha alineado para ofrecer alternativas de liquidez a las entidades que enfrenten mayores retos.
¨Las cooperativas no se van a quitar, se van a reinventar y seguirán ayudando a Puerto Rico, y nos vamos a sostener unas a otras y vamos a darnos liquidez unas a otras¨, sostuvo Carrión, quien reveló el inicio el pasado 4 de agosto de reuniones para atender la situación entre diferentes directivos y funcionarios de cooperativas financieras.
Carrión dijo que es importante reconocer la realidad del impacto con la deuda del gobierno, particularmente las inversiones que realizaron las cooperativas de ahorro y crédito en los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), pero aclaró que también ¨existe mucha especulación allá afuera¨.
¨Esta situación nos invita a reinventarnos. De 116 cooperativas de ahorro y crédito, solo 90 invirtieron en bonos de Puerto Rico y apenas unos $140 millones vencen en el corto plazo de una cartera grande. Que estén conscientes nuestros accionistas, nuestros socios que todos los días los ejecutivos están analizando esta situación. Además hay una política que establece un comité de inversiones en las cooperativas y todo estos se está mirando¨, puntualizó Carrión.
Indicó que desde hace un año y medio la mayor parte de las cooperativas empezó a hacer los ajustes, a tomar contingencias y comprar otras inversiones de Estados Unidos, precisamente para poder mitigar una posible pérdida sea por impago o una posible renegociación.
¨Tenemos que trabajar con el contrapeso de un posible impago. El regulador puede tener su contingencia y su plan, pero antes de cualquier situación las cooperativas tienen que hacer lo propio porque hay algunas con mayor concentración de riesgo y nuestro llamado es a que los socios tengan calma¨, agregó.
Comentó que si hay una reorganización de la deuda pública con los acreedores, está claro que se van a afectar las ganancias, ¨pero esto no significa que las cooperativas se van a caer y por eso esto es un asunto que se debe trabajar con objetividad y seriedad¨.
Insistió en que durante este proceso, en lo que el gobierno presenta su plan para atender el asunto, ¨no es tener ceguera intencional y cada junta debe exigirle a sus ejecutivos análisis semanales y si hay que tomar alguna pérdida pues se maneja y no se alarga esa decisión para que luego que sea más perjudicial¨.
Carrión resaltó que en las cooperativas ¨tenemos que seguir gestando la recuperación económica y la gestación de empleo desde las cooperativas. Enfocarnos en diversificar y crear más instrumentos de ingresos¨.
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