Los nuevos señalamientos sobre el proceso de compra de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las querellas radicadas ante tres entidades podrían convertirse en el nuevo episodio del llamado ‘Cartel del Petróleo’, de confirmarse las denuncias presentadas ayer por la representante Jenniffer González.

La expresidenta cameral alegó ayer conflicto de interés y acceso a información privilegiada en la otorgación de un contrato de $870 millones para suministro de combustible, a una compañía a la que identificó como subsidiaria de una de las firmas asesoras para reestructurar la deuda de la agencia.

Así las cosas, González sometió los señalamientos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor y solicitó requerimientos de información al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y a la propia corporación pública.

Según González, la compañía que adquirió el contrato por $870 millones con la AEE por el suministro de combustible número 6, Freepoint Commodities, es propiedad de Stone Point Capital. Esta compañía, a su vez, tiene como socia a la firma Millstein and Company, quien recibe $14.5 millones del BGF por asesoría para reestructurar la deuda de Puerto Rico y la posible privatización de la AEE. No obstante, Jim Millstein, fundador y principal oficial ejecutivo de Millstein and Company, se desligó de las imputaciones hechas por González sobre conflicto de intereses y divulgación de información confidencial, y se puso a la disposición de las autoridades para cualquier investigación que se realice como resultado de las querellas.

En entrevista telefónica con EL VOCERO, Millstein aclaró que Millstein and Company y Freepoint tienen accionistas en común pero que no comparten acciones.

“Freepoint no es una subsidiaria de Millstein & Company”, puntualizó el principal oficial ejecutivo. “Entiendo que se hizo una querella y vamos a cooperar completamente con lo que se nos requiera. No tuvimos nada que ver en la negociación del contrato de combustible y no estuvimos involucrados en ninguna parte del proceso”, garantizó Millstein. Otro señalamiento de González fue la inexistencia de una subasta cuando se trata de un cuantioso contrato. “Es irregular una compañía que el Gobierno contrata para que diga si la AEE se va a privatizar, si se van a hacer Alianzas Público Privadas, le pase información a una de sus subsidiarias -y esta, a su vez, a Freepoint- y que sin mediar subasta se le adjudique un contrato ‘fast track’ de $870 millones. Hay mucho que explicar y nadie habla de esto”, criticó la legisladora durante la rueda de prensa.

“Millstein & Company ha tenido acceso a información privilegiada y confidencial sobre precios y tarifas de otros competidores de bienes y servicios que suplen a la AEE, como parte de su asesoría al Gobierno en aras de una reestructuración de deuda o posible privatización. El que esta información haya podido ser utilizada para favorecer a una de sus compañías subsidiarias plantea un evidente conflicto de interés entre las funciones de Millstein & Company con el Banco Gubernamental de Fomento, la AEE y la subcontratación con una de sus filiales como lo es Freepoint Commodities, sin que mediara un proceso de subastas independientemente cuál sea el monto final del contrato”, planteó en las querellas.

Sobre el proceso en que se dio la compra de combustible, la AEE aseguró que “fue manejado de forma rutinaria, de manera transparente y de acuerdo con todas las normas y procedimientos aplicables”.

Además, la AEE dio a conocer que debido al ambiente de dificultades financieras de la AEE durante este proceso de reestructuración, los equipos de compra de combustible seleccionaron estratégicamente un proceso de solicitud de propuestas con el fin de atraer a más proveedores.

“Este proceso competitivo fue dirigido por el equipo de compra de combustible de la AEE, con la asistencia del personal de AlixPartners. Millstein and Company no participó en el proceso de selección y no tuvo conversaciones con la AEE o sus asesores sobre el proceso de solicitud de propuesta”, explicó la corporación.

Asimismo, la AEE le dio la bienvenida a cualquier requerimiento o investigación relacionada con el contrato suscrito con Freepoint. De igual forma, la representante de los consumidores comerciales e industriales de la Junta de Gobierno de la AEE, Enid Monge, rechazó las imputaciones realizadas por González. “La compra de combustible cumplió con cada uno de los procedimientos de la AEE. Para efectos de la Junta, los procesos fueron transparentes y claros.

La compañía Freepoint fue quien ganó la solicitud de propuesta”, aseguró Monge. Igualmente, manifestó que los abogados de la AEE hubiesen levantado bandera de haber existido algún conflicto de interés entre Freepoint y alguna otra compañía contratada por el Gobierno. “Entendemos que no hay conflictos de interés en la determinación.

Freepoint la ganó en ley”, sentenció. Agregó que en esta contratación no medió una subasta porque “para ser más eficiente en el proceso de compra”, la AEE lleva a cabo el proceso de solicitud de propuesta, conocido también como Request for Proposal (RFP). Monge dijo que desconocía cuántas compañías sometieron sus propuestas para la consideración de la Junta, pero mencionó que se trataba de “varias”.

“Todo se hizo a tono en como lo permite la ley”, dijo. “Definitivamente hubo transparencia y buena fe dirigido a mejorar la eficiencia de las compras de los abonados”, añadió. De otro lado, los representantes de los consumidores en la AEE, Luis Santini Gaudier y Carlos Gallisá, entienden que los señalamientos de González deben ser evaluados.

“Cualquier conflicto de interés o situación antiética debe ser examinada y evaluada”, sostuvo Santini Gaudier.
“Me parece que es una cosa seria, que hay que investigar si esta firma es un subsidiaria. Cuando se nos presentó el contrato no se nos dijo nada de eso. Se nos dijo sobre una economía en ese contrato sobre el contrato que tenía la AEE con Petrobras, pero nada se nos dijo sobre esta relación”, puntualizó por su parte Gallisá.

Además, Gallisá aseguró que el BGF debe ofrecer la información clara sobre a qué datos tuvo acceso Millstein and Company. Este fue uno de los requerimientos de la representante González.

En mayo del año pasado, EL VOCERO publicó una serie investigativa en la que se evidencia -mediante auditorías internas y externas de la AEE, documentos de la Oficina del Contralor y judiciales- irregularidades en el análisis y compra del combustible que pudieran estar costando miles de dólares más a las ya maltrechas arcas de la corporación pública.

En la investigación se reveló que un grupo de suplidores de combustible, laboratorios y empleados de la AEE -que fueron denominados como el ‘Cartel del Petróleo’- burlaron durante años los controles de compra y análisis de combustible para hacer pasar combustible derivado del petróleo con un porcentaje de azufre más alto; es decir, combustible más barato, como combustible con porcentaje de azufre menor que en el mercado es más costoso.