El “Proyecto para el Progreso” que propuse y que tanto necesita Puerto Rico por su impacto dramático en la reducción del gasto burocrático y operacional del gobierno, constituye una herramienta fundamental para movernos en la dirección correcta. No hay que esperar al próximo gobierno, puede comenzar desde ahora.
Las herramientas tecnológicas y de seguridad electrónica para alcanzar esas metas, están disponibles. Por ejemplo, empresas multinacionales como American Express, VISA, Master Card y otras realizan diariamente millones de transacciones económicas automatizadas de tarjetahabientes que esas empresas cualifican y monitorean, pero nunca los han visto personalmente y mucho menos han visitado sus oficinas. Esas empresas evalúan, constantemente y con gran precisión, los perfiles de identidad y los índices socioeconómicos de millones de personas en todas partes del mundo. Además, realizan pagos, descuentos, transferencias y depósitos automatizados de billones de dólares anuales con comercios y proveedores alrededor del mundo. También, de manera automatizada, facturan, envían mensajes electrónicos, correspondencia en papel; recopilan y procesan todo tipo de información con gran precisión. En Puerto Rico, por ejemplo, ya la banca ofrece el servicio en línea (Internet) para abrir y administrar cuentas bancarias sin necesidad de que el cliente visite una sucursal. Hasta las instituciones universitarias ofrecen cursos a través del Internet.
Lo que debe ser motivo de vergüenza para el gobierno de Puerto Rico, es que toda esa actividad financiera monumental a través de la tecnología, se realiza por esas empresas y bancos con muchos menos datos personales y perfiles socioeconómicos de los ciudadanos que los que posee el gobierno. Por lo tanto, el gobierno puede realizar sus operaciones, servicios y requerimientos de cumplimiento igual o mejor que esas empresas.
En mi columna anterior les anticipé que este nuevo sistema tecnológico se fundamentaría en la centralización de todos los datos que el gobierno posee de cada ciudadano, organización o negocio y su integración en tres módulos operativos: 1) Administración, 2) Servicios y 3) Cumplimiento. Ese sistema “inteligente” definiría de manera “automatizada” la identidad, los perfiles de cada ciudadano, organización o negocio al solicitar servicios o cuando deban cumplir con alguna obligación. También permitiría recibir, en tiempo real, con la menor intervención gubernamental posible, las respuestas, las acciones y el estatus de sus solicitudes o acciones de cumplimiento. El módulo de “administración” de ese sistema también les permitiría a los principales funcionarios medir en tiempo real el nivel de resultados de la gestión pública, el estatus presupuestario, la calidad de programas y servicios.
Hoy, me enfocaré en los factores generales de lo que debemos hacer para alcanzar este logro con la mayor rapidez.
Primero, dejar atrás la visión conformista de que el gobierno es muy complicado y que así debe ser; porque creemos que no hay otra manera mejor para manejarlo.
Segundo, eliminar la mentalidad que tiene el actual gobierno de que todo aquel que busca un servicio o cumplir con alguna obligación pública es potencialmente un evasor, un ladrón o un timador. Toda actividad económica conlleva los riesgos de fraude, pero es una insensatez sacrificar a los más por los menos. Esa mentalidad es la madre de la burocracia.
Tercero, desistir de la idea de que cada agencia, corporación pública o municipio es un “gobierno separado” del resto de las agencias, obligando a los ciudadanos y a las organizaciones a tener que repetir trámites, información y papeles.
Cuarto, legislar para transformar por completo la relación Ciudadano-Gobierno y Organización-Gobierno (incluye empresas y negocios) para que esa relación sea fácil, virtual, rápida y económica para todas las partes. Que esa legislación disponga una integración operacional del gobierno que sea eficiente, económica y que facilite la supervisión de controles administrativos, programáticos y presupuestarios en tiempo real.
Quinto, crear la infraestructura tecnológica e inalámbrica para que -en términos de servicios- el ciudadano o la organización solamente tengan que interactuar con el gobierno como “UNA” sola agencia. Esa interacción debe ser desde cualquier lugar a través del Internet o desde Centros Tecnológicos de Servicios Integrados (CTSI) donde se consolidarían los empleados de agencias; y donde estarían cibernéticamente centralizados los servicios. Algunos CTSI, incluso, podrían operar como unidades móviles.
Sexto, establecer como principio legal y de política pública que el ciudadano, la organización o el negocio son los dueños de su propio “Récord Digital Único” en el nuevo sistema y también los responsables de su contenido y sus actualizaciones so pena de perjurio y multas. Al comenzar este sistema tecnológico, el gobierno prepararía el contenido del primer “Récord Digital Único” con los datos que posea de cada ciudadano u organización. Se daría un término de treinta días para que todos los ciudadanos realicen las actualizaciones de inicio y las posteriores, según surjan cambios en sus perfiles. Esto evitaría que cada ciudadano u organización tengan que demostrar su estatus de elegibilidad cada vez que soliciten un servicio o deban realizar alguna gestión de cumplimiento público.
Séptimo, establecer los mecanismos digitales de seguridad que provean la certeza legal de la identidad de toda aquella persona natural o jurídica que ejecute acceso o transacciones en este sistema. Proveer a los ciudadanos, organizaciones, empresas y negocios una tarjeta (microchip) y un número de cuenta que sean universales. Cada tarjeta universal estaría atada a un código secreto de seguridad (password). Esos y otros mecanismos de validación de identidad garantizarían la legitimidad de cada transacción gubernamental y de cada actualización de datos que realicen los ciudadanos en sus respectivos “Récord Digital Único”.
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