La crisis que enfrentamos requiere acción urgente, tanto en Puerto Rico como en Washington. Según cualquier métrica económica, Puerto Rico ha estado rezagado de los estados por varias décadas. El deterioro en la calidad de vida en la Isla ha llegado al extremo de que hemos perdido más de 300,000 habitantes en los últimos diez años. Y desde hace al menos 15 años, nuestro gobierno ha estado gastando más de lo que recauda y endeudándose injustificadamente.

En Puerto Rico tenemos que cambiar radicalmente la manera en que visualizamos el rol del Gobierno y del sector privado. Por un lado, el Gobierno tiene que cumplir su misión social al menor costo posible y por el otro, el sector privado tiene que ser el motor de nuestra economía.

Tenemos que reformar el Gobierno para reducir sus gastos, mejorar su eficiencia, hacer que nuestro sistema contributivo sea más justo y fácil de administrar y reducir los costos de hacer negocios en la isla, incluyendo los de la luz y el agua. También es necesario que el Gobierno promueva todos los sectores productivos de nuestra economía, incluyendo la manufactura, los servicios, el turismo, la tecnología y la agricultura.

Además, tenemos que restaurar nuestra credibilidad ante los mercados financieros y la comunidad inversora. Es necesario demostrar que somos una sociedad de ley y orden, en la que nuestro gobierno cumple con sus obligaciones y crea un ambiente seguro y estable para propiciar el establecimiento de nuevos negocios y la creación de empleos.

En cuanto a la deuda pública, el gobernador ha afirmado que si Puerto Rico continúa en el curso actual la deuda de $72,000 millones es impagable. Pero es que este curso puede y tiene que cambiar. Con políticas económicas y fiscales sensatas, la deuda será manejable. Nuestra constitución da prioridad a la deuda emitida o garantizada por el Gobierno central, por lo que esos bonos tienen que pagarse y punto. La deuda de otras entidades gubernamentales puede ser renegociada para mejorar sus términos cuando sea necesario, como en los casos de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pues requieren grandes inversiones en mejoras de infraestructura y no hace sentido alguno aumentar sus tarifas.

Ahora bien, el gobierno de Estados Unidos debe aceptar que tiene responsabilidad compartida en esta crisis, porque la misma surge como resultado de un estatus territorial que es antidemocrático e indigno. He radicado múltiples proyectos de ley para resolver el trato discriminatorio que recibimos, incluyendo para cambiar nuestro estatus, y para tener trato igualen programas de asistencia federal y en el Código de Quiebras de Estados Unidos. El más reciente, autorizaría al Tesoro estadounidense a garantizar futuras emisiones de bonos de nuestras entidades gubernamentales, pero sólo si determina que ha mejorado el manejo de las finanzas públicas en la isla.

Si bien es cierto que Puerto Rico tiene cambiar el curso que lleva, no es menos cierto que el Congreso tiene que tomar acción sobre estas medidas legislativas. Esta crisis no es sólo un problema puertorriqueño; es también un problema americano, y requiere una solución americana.

Si nos tratan como ciudadanos de segunda clase, no deben esperar que tengamos una economía de primera. Si nos tratan inmoralmente bajo Medicare y Medicaid, no deben sorprenderse cuando nuestro sistema de salud esté colapsando. Si nos excluyen de créditos contributivos que fomentan el trabajo, no deben culpar a los programas de beneficencia social por nuestra baja participación laboral o exhortar a que nos eximan del salario mínimo federal. Si nos excluyen del Seguro Social Suplementario y nos tratan de forma desigual bajo TANF, no deben asombrarse de que uno de cada cuatro puertorriqueños viva en pobreza extrema.

Es hora de exigir resultados creíbles en la gestión de la presente administración. Es hora de exigirle la igualdad al gobierno de la nación de la cual somos ciudadanos.