El Tesoro federal tiene una responsabilidad hacia Puerto Rico y el momento ha llegado para que asuma la misma. Nuestra Isla está sumergida en la peor crisis fiscal en la historia de una jurisdicción de Estados Unidos. Malas decisiones administrativas y la camisa de fuerza que representanta la actual condición colonial en que vivimos, ha estrangulado la economía local al punto de ser casi inoperante.

Con una deuda pública que sobrepasa los $73,000 millones, una tasa laboral que perdió unas 107,000 personas el año pasado, y sin las herramientas que tienen otros estados para impulsar desarrollo económico, Puerto Rico avanza, cada día más, hacia el precipicio de la insolvencia.

No podemos quedarnos como espectadores y permitir que la calidad de vida de nuestros residentes, ya afectada por más de una década de recesión económica, se deteriore aún más. Recientemente el comisionado residente, Pedro Pierluisi, radicó un proyecto en la Cámara de Representantes federal el cual busca que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos garantice el refinanciamiento de la deuda pública de la Isla, a una baja tasa de interés y con restricciones federales sobre el desembolso y uso de los fondos.

La medida también autorizaría a la Reserva federal a adquirir bonos de corto plazo en Puerto Rico, lo que la sección 14 del banco central estadounidense en este momento al parecer sólo permite en el caso de los estados y Washington, D.C.

Esta es una iniciativa de avanzada que debe contar con el apoyo de todos los sectores de nuestra sociedad.

Tal y como sucedió cuando se avecinaba un masivo recorte del 11 por ciento a los fondos que recibíamos a través del programa de Medicare Advantage, es tiempo que la oposición política se una a este reclamo.

Sobre todo, es tiempo que el secretario del Tesoro, Jacob Lew, utilice su posición, una de las más importantes dentro de la Rama Ejecutiva, para impulsar esta medida que tiene como propósito primordial el evitar la insolvencia del Gobierno y promover un desarrollo económico a corto y largo plazo para que así nuestra gente no tenga que emigrar a los demás estados en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Mi exhortación al secretario Lew, así como a los congresistas, incluyendo a los de origen puertorriqueño, que han visto esta iniciativa como viable y necesaria, a que se una al esfuerzo de nuestro comisionado residente para lograr que el proyecto se apruebe durante la presente sesión congresional.

Los alrededor de 3.6 millones de ciudadanos americanos que residen en la Isla no pueden continuar siendo un balón político en la cancha de administraciones que únicamente buscan perpetuar el statu quo.

Es tiempo de que el Congreso escuche, no sólo a sus miembros, sino de jefes de gabinetes como es el del Tesoro.