El extesorero de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Silvino Cepeda Ortiz, acusado por solicitar y recibir sobornos de contratistas de la corporación pública, se declaró culpable por estos hechos esta tarde ante el juez federal Daniel Domínguez.
El ahora convicto de 53 años, se expone a entre 12 y 18 meses de prisión y a tres años de libertad supervisada.
Si el exfuncionario hubiese enfrentado un juicio se hubiese expuesto a ser sentenciado a un máximo de diez años de cárcel.
Cepeda Ortiz fue arrestado el 3 de diciembre del pasado año en su oficina por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
El acusado se encuentra en libertad bajo fianza.
De acuerdo a la acusación, Cepeda Ortiz solicitó y aceptó soborno de tres compañías contratadas por la agencia que suministran asfalto líquido y de fabricación de asfalto y hormigón. Las compañías no fueron identificadas en la denuncia.
Según el pliego acusatorio, Cepeda Ortiz, emitió cheques pagaderos a la “Compañía Dos” y esta empresa emitía cheques a las compañías “Dos” y “Tres”.
Una vez Cepeda Ortiz autorizaba el pago de los cheques, la “Compañía Dos” depositaba los mismos y las restantes compañías cobraran de esta.
En septiembre del 2014 la ACT emitió el cheque 7020 por $1,983,391.93 a la “Compañía Dos” por concepto de una factura de julio del 2013.
Un empleado de la “Compañía Tres”, recogió el cheque a nombre de la “Compañía Dos” y posteriormente se reunió con Cepeda Ortiz, quien le solicitó un pago por $10 mil a cambio de hacer disponibles los fondos del cheque 7020.
Se alega que antes del 1ero e diciembre del 2014 el cheque 7020 fue depositado por la “Compañía Dos” en su cuenta y emitió un cheque por $800 mil a la “Compañía Uno”.
El 1ero de diciembre a eso de las 10:00 a.m. el presidente de la “Compañía Uno” y el “Empleado Tres”, acudieron a las oficinas de Cepeda Ortiz a discutir el soborno de los $10 mil.
El acusado les dijo que fue él quien hizo que se emitiera el cheque por los $1.9 millones debido a su relación cercana con el “Presidente de la Compañía Dos” y que a pesar de esto no le habían pagado los $10 mil acordados.
El “Presidente de la Compañía Uno” le pagó a Cepeda Ortiz $5 mil en efectivo en esa misma reunión del 1ero de diciembre y le dijo que regresaría el 3 de diciembre para hacerle el segundo pago de $5 mil.
Cepeda Ortiz recibió el dinero y posteriormente fue arrestado por los agentes del FBI.
El acusado se expone a ser sentenciado a diez años de prisión.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
FBI allana ANIDEM Construction por actos de corrupción
Unos 15 agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), allanaron ayer las oficinas de la empresa Anidem Construction, ubicada en el barrio Aibonito San Sebastián como parte de una pesquisa por corrupción.
Los agentes allanaron la empresa desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.
Estos cargaron con cajas de documentos.
La compañía ofrece servicios de mantenimiento, adiestramiento u orientación.
Según la página de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Anidem ha tenido nueve contratos con el gobierno de Puerto Rico desde el 22 de octubre del 2012 hasta el 26 de junio del 2015.
Dos de ellos fueron con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El primero fue el 25 junio 2014 por $90 mil por concepto de servicios técnicos. El otro contrato data del 26 junio del 2015 por $90 servicios de mantenimiento.
El 3 julio 2014, la compañía obtuvo un contrato de $93,857 con la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) por concepto de servicios de mantenimiento.
Anidem obtuvo dos contratos con la Superintendencia del Capitolio. Uno el 8 de enero del 2014 por $29,750 y otro el 6 de mayo del 2014 por $3,800. Ambos por concepto de servicio de construcción y reparación de estructura.
El 29 de agosto del 2012 la empresa obtuvo un contrato con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por concepto servicios de adiestramiento y orientación por $45,240.
El 6 junio del 2013 obtuvo un contrato con la Autoridad Edificios Públicos por $226,358.64 por concepto “de servicios personales no profesionales”.
Asimismo, en el 2013 obtuvo dos contratos con el Municipio de Aguadilla. Uno por $8,150 y otro por $9,624.82. Ambos por la construcción y reparación estructuras.
En septiembre del 2013 el representante novoprogresista Jorge Navarro, denunció que la jefa de compras de la AAA Sonia Barreto y la directora de finanzas de la corporación pública utilizaban dinero del alza tarifaria para la contratación de trabajos por encima del precio de lo que costarían normalmente, mediante un procedimiento que no cumplía con el manual de compras de la AAA.
Navarro alegó que desde abril a junio del 2013 en la región de Arecibo, se le otorgó un contrato a Anidem Construction por $667 mil sin mediar subasta.
El abogado de ANIDEM Angel Tapia, informó a EL VOCERO que personal de la empresa fue entrevistado por el FBI hace unos años, tras las denuncias de Navarro. Afirmó que la compañía no tenía nada que ver con las denuncias del político.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Recaudador del PPD pone a la venta su mansión
4.2 millones de dólares, esa es la suma que pide por su mansión en Aguadilla, el recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, quien ha trascendido es objeto de una pesquisa federal. Según El Nuevo Día, el empresario puso en venta la casa ubicada en el barrio Borinquen de Aguadilla tras conocerse que es blanco de una investigación por parte de las autoridades estadounidenses.
La mansión, que fue escenario de múltiples eventos de recaudación de fondos para distintos políticos de la pava, tiene siete habitaciones, ocho baños completos y dos parciales, 9 mil pies cuadrados de construcción y 352 acres. Tiene, además, una casa de huéspedes, un teatro, dos cocinas, sala de juegos, una serie de terrazas al aire libre y piscina.
Súper llenas las gavetas de Ética Gubernamental
Ante la consideración de la Oficina de Ética Gubernamental hay actualmente unas mil 200 investigaciones contra funcionarios públicos, pero ese número podría incluso duplicarse próximamente con la cercanía del año electoral. La directora ejecutiva de la Oficina, Zulma Rosario dijo que es normal que un año antes y durante el año de elecciones comiencen a fluir hacia la oficina muchísimos planteamientos de personas, opositores, anónimos, alegando que un funcionario público, que está aspirando a un puesto político, ha violado la Ley de Ética de una u otra forma.
La funcionaria no descartó que de las pesquisas que conducen actualmente al menos una de ellas trascienda en plena contienda electoral.
Presidente UIA reitera “jauja” de contratos millonarios en AAA
El presidente de la Unión Independiente Auténtica, Pedro Irene Maymí , reiteró en el programa El Escándalo del Día que mientras el País esta en crisis, la “jauja” de contratos millonarios continua en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a pesar incluso de la investigación federal que corre sobre la agencia.
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