¿La junta federal de descolonización? – por José A. Delgado

{No se entiende la deuda porque mientras no le pagan a los bonistas y suplidores, los Departamentos y Agencias han multiplicado los nombramientos, ascensoss, contratos, regalos, inversiones fatulas y malgastos sin control para faorecer a los Amigos del Alma.}

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Desde Washington

por  José A. Delgado  08 de noviembre de 2015

¿La junta federal de descolonización?

La propuesta del gobierno del presidente Barack Obama para que el Congreso ayude a la Isla a suavizar su crisis fiscal tiene como contrapeso la creación de una junta federal de supervisión fiscal, una idea que las autoridades boricuas tratan de ignorar, los republicanos no acaban de comprar y el propio Ejecutivo federal no ha definido.

Cuando la Casa Blanca y el Tesoro divulgaron en octubre los pilares del plan que persigue que el Congreso atienda la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla, lo único que expresó la administración del presidente Barack Obama es que ese organismo deberá  “respetar la autonomía” de Puerto Rico.El Nuevo Día

Pero, lo primero que hace el plan, reconociendo el poder del Congreso sobre los territorios, es pasar por encima del mandato de la Constitución de Puerto Rico para sumar a un proceso de reestructuración las obligaciones generales del gobierno central.

Se ha dado a entender que la junta quedaría a cargo de supervisar el proceso de reestructuración de la deuda, lo que puede tomar años y  debe limitar la función del Ejecutivo y el Legislativo boricua.

Por meses se estuvo discutiendo y se presentó legislación para permitir a las empresas públicas de Puerto Rico reestructurar su deuda, por medio del capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Pero, el propio Departamento del Tesoro se convenció que ese reajuste de la deuda pública sería insuficiente y accedió a proponer el  “supercapítulo 9”, que autorizaría la reestructuración de toda la deuda pública de la Isla, unos $72,000 millones.

Grupos conservadores, que se dicen son financiados por firmas de inversiones, incluidos los llamados “fondos buitres”, han sido los más activos en proponer la junta federal de control fiscal, pero a la misma vez combatir el acceso de Puerto Rico al capítulo 9.

Iniciaron la campaña durante la pugna del gobierno de Puerto Rico con el banco Doral. Algunos republicanos del Congreso les han hecho coro. También políticos del Partidos Nuevo Progresista (PNP) y economistas, unos allegados al movimiento estadista y otros que en el pasado estaban identificados con el Partido Popular Democrático (PPD).

Aunque ni un solo republicano ha propuesto legislación para crear la junta, hace unos días, el senador republicano Charles Grassley (Iowa), presidente del Comité de lo Jurídico, advertía a El Nuevo Día que si hubiese algún margen para negociación de ahora a la aprobación del gigantesco proyecto de asignaciones que a más tardar el 11 de diciembre debe terminar de fijar el presupuesto para el resto del año fiscal 2016, en la ensalada que al final de cuentas pueda servirse en la mesa deberá estar la junta federal de control fiscal.

Con escasas excepciones, es difícil pensar que haya gente en Puerto Rico dispuesta a que Estados Unidos regrese al país a la era en que designaba los gobernadores y una vez superado el problema fiscal deje el país en el mismo limbo de los últimos 117 años.

Rafael Cox Alomar, pasado candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), trató el tema en un artículo de opinión del 5 de noviembre en la publicación legislativa de The Hill.

“Legislación federal para establecer una junta de control fiscal para Puerto Rico debe contener disposiciones explícitas con un calendario preciso para la descolonización de Puerto Rico. Tan pronto como Puerto Rico alcance las metas de crecimiento económico que se establezcan, el pueblo de Puerto Rico debe enfrentarse a una elección entre la soberanía y la anexión. El statu quo debe ser desechado desde el principio, ya que es a la vez el origen de la crisis estructural que asedia la isla y un anacronismo colonial en contradicción con los intereses geopolíticos de Estados Unidos en las Américas”, indicó Cox Alomar.

El economista Gustavo Vélez, uno de los promotores de que Estados Unidos le arrebate el control de las finanzas al gobierno de Puerto Rico, estuvo en Washington durante la semana del 22 de octubre en que se celebró la más reciente audiencia del Senado federal sobre la crisis fiscal, en la que el Tesoro presentó los pilares del plan del presidente Obama, que reúne reclamos hechos por las autoridades gubernamentales de la Isla, congresistas boricuas, sectores de la diáspora, grupos cívicos y sindicatos.

Después de tener sus propias reuniones en el Congreso, Vélez salió esa semana de Washington desencantado con la posibilidad de que el legislativo federal quiera comprar el problema y crear la junta federal de control fiscal.

Pero, en otro comentario en The Hill, volvió a defender este fin de semana la idea.

“Bajo las actuales circunstancias una junta de control fiscal es la mejor opción para Puerto Rico. La falta de compromiso de los políticos locales para hacer lo correcto por la Isla no deja muchas opciones para atender la crisis fiscal. El Congreso de Estados Unidos necesita ejercer sus poderes legales sobre el Estado Libre Asociado para implantar las reformas fiscales y económicas que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico demanda”, indicó Vélez.

Los artículos de Cox Alomar y Vélez se han dado en medio de una intensa campaña en medios estadounidenses a favor y en contra de las propuestas del presidente Obama.

Economistas cercanos al Ejecutivo federal han salido en defensa de las propuestas del presidente Obama, en artículos publicados en blogs del diario The Washington Post.

Primero fue el exdirector del Consejo Económico del presidente Obama y exsecretario del Tesoro bajo Bill Clinton, Lawerence Summers. Después fue el exasesor económico del vicepresidente Joseph Biden, Jared Bernstein, quien ha ido más lejos y recomendado añadir a las propuestas del gobierno del presidente Obama una asignación para proyectos de infraestructura.

Entre los críticos del plan del presidente Obama ha estado el exsenador republicano por Nueva Hampshire Judd Gregg, un moderado. Gregg  también fue  gobernador de Nueva Hampshire y llegó a ser seleccionado por el presidente Obama para la secretaría de Comercio pero después no aceptó la designación.

Para Gregg, el supercapítulo 9 no tiene posibilidad alguna en el Congreso. “Es inconcebible que un miembro del Congreso de un estado que ha sido razonablemente responsable en el manejo de sus finanzas, pueda votar por este ‘ super’ capítulo 9. Estarían votando esencialmente por un aumento en los impuestos a sus electores para subsidiar estados menos responsables, debido a que el costo de pedir prestado para todos los estados aumentará dramáticamente si unos pocos estados amenazan con tomar ese nuevo camino”, indicó el pasado día 2 Gregg, en The Hill.

Al otro día, en una publicación en MSNBC, Douglas Holtz Eakin, presidente de “American Action Forum” y exdirector del Consejo Económico del presidente George W. Bush, reafirmó sus dudas con la junta federal de control fiscal.

“La junta de control financiero suena bien en principio, pero es difícil imaginar una junta que a la misma vez respete la soberanía de Puerto Rico y tenga suficiente independencia política para ser exitosa”, indicó Holtz Eakin, quien considera que el acceso al capítulo 9 debe estar al final del proceso de reajuste de la situación fiscal de la Isla.

Las propuestas del presidente Obama para que el Congreso atienda la crisis fiscal de Puerto Rico han incluido encaminar la Isla hacia la paridad en Medicaid y extender los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes.

Pero, a corto plazo eso el glaseado del bizcocho.

A fin de cuentas, a nivel federal, lo que define la suerte del debate sobre  la insolvencia del gobierno de Puerto Rico que toca a la puerta es si el Congreso autoriza o no un mecanismo para reestructurar la deuda pública.

Ahí es que entra como contrapeso la idea de la junta federal de control fiscal.

Pero, en el Congreso muchos saben que cualquier propuesta legislativa para crear una junta de control fiscal hará más difícil ignorar el problema del status o tratar de desvincularse de futuros reclamos judiciales sobre la deuda.

Debe ser por ello que algunos en el gobierno federal todavía hablan de la junta federal de control fiscal como si fuera el ‘cuco’, pero nadie puede explicar cómo es.

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