Un impago en notas garantizadas del BGF en diciembre y en bonos de las obligaciones generales (GO´s) en enero, hundirían todavía más la calidad crediticia del ELA, con el arrastre de todas sus emisiones. Además, a los sistemas de retiro les preocupa particularmente lo que ocurra en febrero con los pagos pendientes en las notas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), otrora el mejor crédito de la Isla, ya que retiro mantiene una importante participación en estas inversiones.
En el citado documento, el gobierno describe que los sistemas de retiro (de empleados públicos, de maestros y de la judicatura) se financian con las aportaciones de los trabajadores, el rendimiento de las inversiones y con las aportaciones del patrono que es el gobierno. Sin embargo, al reconocer que su situación fiscal es grave, señala que “estos sistemas tienen una insuficiencia de financiación severa y se espera que sus activos se agoten completamente en el futuro cercano”.
Además, “el ELA no está en posición de hacer las contribuciones especiales a los sistemas de retiro que fueron requeridas en la reforma legislada”. Se suponía que la aportación especial al 2014 fuera de $120 millones del gobierno central y solo se emitió $21.3 millones.
A principios de este año los actuarios de retiro recalcularon la aportación especial que se necesitaría para cubrir las deficiencias tal y como se había legislado cuando el gobierno reclamó haber salvado los sistemas, y se requirió que fuera de $352 millones, de los cuales $216 millones corresponderían al gobierno central.
El Sistema de Retiro de Empleados Públicos anticipa que su necesidad futura de efectivo para el desembolso de beneficios a sus participantes, para cubrir gastos administrativos y para el servicio de deuda, excederá la suma de aportaciones del patrono y empleados, a pesar de las medidas legisladas para solventar las pensiones. La caída en financiación es de $730 millones al cierre del 2015 en junio pasado, como había adelantado este diario, y de $698 para el corriente año fiscal.
Para el año fiscal 2016 se espera que el retiro de maestros tenga una caída en la financiación de $412 millones y ya para el 2019 los activos se hayan “empobrecido” más. En el caso de la judicatura, la caída se estima en $12 millones.
Mientras, el hecho de que el gobierno no alcance la suficiencia de recaudos y carezca de las alternativas para lograr financiamiento ante su clasificación de no inversión en la totalidad de sus instrumentos, también deja descubierto a los sistemas de retiro, que precisamente son las áreas donde principalmente se han recortado beneficios en jurisdicciones quebradas en Estados Unidos, con deuda pública total mucho menor a los $73,000 millones que tiene Puerto Rico.
“El gobierno central del ELA es responsable de aproximadamente 59% del total de las contribuciones patronales al Sistema de Retiro de Empleados Públicos, y del otro 41% de la responsabilidad de las corporaciones públicas y las municipalidades”, se explica en el informe, y se añade que también es responsable del 100% del total de la aportación patronal a los sistemas de retiro de maestros y de la judicatura.
La gravedad del asunto fiscal, y así lo plantea el gobierno, es que en última instancia, el ELA “es responsable de cualquier deficiencia de financiación con respecto a los empleados del gobierno central en los tres sistemas de retiro, y en última instancia puede ser responsable de todas las deficiencias de financiación”.
Con ese cuadro, la opción que le queda a los que administran las pensiones de trabajadores públicos es continuar la práctica de venta de activos, pero ya estos dejan menos rendimientos y también se habla de su agotamiento.
A juzgar por lo expuesto en el reciente informe actuarial de los sistemas de retiro, elaborado por la firma Milliman, que corresponde al cierre del año fiscal en junio 30 de 2014 y que fue analizado por EL VOCERO, los activos de los sistemas se habrán agotado para el año fiscal 2014-2015.
Las obligaciones en pensiones continúan en ascenso y para el 30 de junio de 2014, en el caso del sistema de empleados públicos, se ubicó en $30.2 mil millones y un año antes había estado en $28.9 mil millones. Por el contrario, la posición neta del sistema a junio 30 2014 decreció a .42% de 2.42% un año antes.
Al tiempo en que aumentan las dificultades financieras para los sistemas de retiro, la semana pasada ambas cámaras legislativas aprobaron un proyecto del ejecutivo para un retiro adelantado de empleados públicos con dos décadas de servicio y que aún no cumplen los 61 años. Es un retiro voluntario que le deberá producir un ahorro de apenas $822 mil el primer año.
Al abordar al legislador Rafael “Tatito” Hernández sobre la situación de las pensiones y el incumplimiento con la legislación de aportaciones, expresó que “las excusas que sean por no asignar el dinero no son aceptables. El Retiro tenía asignación, pero hay que tener disciplina y decir las cosas como son”.
Y ante la nueva legislación para un pre-retiro, opinó que “eso te demuestra directamente que todavía la gente no ha entendido” la gravedad de la crisis actual. “Piden un tipo de ventana y Retiro no está listo para cumplir cuando la gente se retire, porque no están los cumplimientos de la Ley 3 (de aportaciones especiales del gobierno central). En Puerto Rico no hay carácter político y el que dice las cosas como son lo castigan”, sostuvo Hernández.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
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