La Cámara de Representantes culminó hoy la fase de vistas públicas sobre el proyecto de ley que propone la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con una extensa jornada en la que los miembros de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes cerraron filas en contra de la propuesta del Ejecutivo.
El Senado finalizó la semana pasada el proceso de vistas, por lo que ahora resta que ambos cuerpos legislativos discutan las enmiendas que le incluirán al Proyecto de la Cámara 2742 -y su equivalente Proyecto del Senado 1523- para tener listo el informe final en caso de que el gobernador Alejandro García Padilla, como se ha anticipado, convoque a los legisladores a una sesión extraordinaria. La sesión ordinaria culmina este martes.
Tanto la Asociación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD), como la Federación de Alcaldes, que agrupa a los novoprogresistas, rechazaron la medida que crearía la “Ley para la Revitalización de la AEE” por los cambios que haría al método que se utiliza para calcular la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI) que se concede a los municipios a cambio de otras exenciones tributarias que reciben las instalaciones de la corporación pública. Esas modificaciones, según ambas organizaciones, atentarían contra la estabilidad de las finanzas municipales.
“Se propone crear un cargo separado en la tarifa de los clientes de la Autoridad para cubrir los costos asociados a la CELI, y de otros programas de aportaciones y subsidios otorgados por las leyes vigentes. Como está redactado el proyecto, prácticamente le da a la Autoridad el poder de establecer las tarifas, incluyendo el cargo separado para pagar la CELI”, argumentó en su memorial escrito el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes.
En la actualidad, la AEE separa el 11% de sus ingresos brutos por concepto de compra de combustible y energía comprada para honrar la exención que se les otorga a los municipios en el consumo de energía eléctrica.
“El proyecto no menciona cuál será el cargo en las facturas para pagar la CELI ni establece que, si dicho cargo no es suficiente, se garantiza el pago de la CELI a los municipios. O sea, si en determinado año la facturación directa a los consumidores no es suficiente para pagar la CELI, los municipios tendrían que pagarle a la Autoridad dicha insuficiencia, la cual podrá, quizás recuperarse en un ajuste en la facturación del próximo año”, añadió Ortiz en el escrito sometido ante los miembros de la Comisión Especial para una Nueva Política Energética, que preside el representante Jesús Santa.
Mientras, Luis Vázquez, quien acudió a la vista en representación del líder de los alcaldes federados, Héctor O ‘Neill, dijo que las disposiciones de la medida deshacen el consenso alcanzado por los alcaldes de ambos partidos políticos con los legisladores cuando se aprobó el año pasado la “Ley de Transformación y Alivio Energético” (Ley 57-2014). Durante la discusión de ese proyecto, los ejecutivos municipales llegaron a entendidos, entre otras cosas, respecto al tope de consumo que se impondría a los ayuntamientos, y para que lo que generaran las economías proyectadas se distribuyera entre los clientes y los municipios.
“La Federación de Alcaldes se opone a la mayoría de las enmiendas relacionadas con la CELI que se incluyen en el Proyecto de la Cámara 2742 por entender que violan los acuerdos logrados entre los alcaldes y los legisladores que se plasmó en el Artículo 2.10 de la Ley 57, y ocasionaría que estos tengan que pagarle una cantidad sustancial a la AEE por su consumo de electricidad”, subrayó Vázquez.
La pieza legislativa forma parte de un acuerdo preliminar entre la gerencia de la AEE y algunos de sus acreedores para darle paso a la reestructuración de la deuda de esa instrumentalidad gubernamental.
Rotundo rechazo de representantes de los consumidores
A la audiencia pública, también comparecieron para oponerse a la medida los dos representantes de los consumidores residenciales en la Junta de Gobierno de la AEE, y la representante del comercio y la industria en ese ente rector. Ese organismo favoreció la legislación en votación 4-3.
Carlos Gallisá, uno de los representantes de los clientes residenciales, afirmó que la estructura propuesta redundará en un alza en la tarifa eléctrica, pues establecería un trámite expedito de revisión tarifaria que limitaría las facultades y discreción de la Comisión de Energía, creada al amparo de la ley 57. Asimismo, indicó que la pieza abriría la puerta para que la AEE incurra en nuevas obligaciones al crear una entidad para emitir deuda, que comparó con la Corporación del Fondo de Interés Apremiante.
Además, Gallisá aseveró que la propuesta legislativa no resolvería el problema de la deuda de la AEE, pues el acuerdo condicionado a la aprobación del proyecto solo incluye al 40% de sus acreedores.
“Aquí no hay ninguna restructuración hasta el momento, el punto en que estamos actualmente es de cero restructuración. Aquí lo que hay son unos acuerdos preliminares con unos acreedores y lo que hay es un refinanciamiento, que es muy distinto a la restructuración”, enfatizó.
“Todos los acuerdos son preliminares, y están condicionados a este proyecto… Este proyecto, al final de cuenta, a mi juicio, no es enmendable, creo que se debe trabajar un nuevo proyecto que sea un proyecto sustitutivo que proteja los intereses del pueblo de Puerto Rico y no un proyecto como este que está únicamente dirigido a garantizar el pago de la deuda”, añadió el abogado.
Santa y el senador Ramón Luis Nieves, presidente en el Senado de la Comisión de Recursos Energéticos y Recursos de Agua, anticiparon por separado que el análisis de las enmiendas que incluirán y la elaboración del informe podría extenderse por varios días.
Ambos legisladores adelantaron también que vislumbran hacer numerosas enmiendas, en el caso de Nieves relacionadas con las facultades de la Comisión de Energía, ente autónomo creado para, entre otras cosas, encabezar los procesos de revisión tarifaria.
“No estoy inclinado a restarle autoridad a la Comisión de Energía en el proceso tarifario. Este proyecto lo altera sustancialmente y convierte a la comisión en un sello de goma de la AEE, y eso no va a ocurrir”, dijo el senador por San Juan a este medio.
Se dejan sentir los alcaldes
Los PPD le pagaron el favor político y ahora Saben lo que Sólo Sabe Criticar
Los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) expresaron su oposición al proyecto que busca reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que ha sido presentado por el ejecutivo como el salvavidas de la corporación pública para lograr un acuerdo con sus bonistas.
De igual forma se opusieron los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Este proyecto no fue considerado durante la sesión que termina hoy y se espera que el gobernador, Alejandro García Padilla, lo envíe como parte de una convocatoria a una sesión extraordinaria. Según se ha dicho, esta sesión podría ser convocada en las últimas semanas. Esto, a pesar de que el acuerdo con los bonistas fue que el proyecto estaría aprobado antes del 20 de noviembre.
Durante una vista de la Comisión Especial para una Nueva Política Energética de la Cámara, los alcaldes populares se opusieron al proyecto por las disposiciones sobre los incentivos que reciben para el pago de la luz mediante una fórmula de intercambio con la AEE.
“La Asociación de Alcaldes ha examinado el contenido de esta importante medida y, aunque concurre con su loable intención, tiene serias reservas sobre las disposiciones que afectan directamente el tratamiento que se da a la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI) que, en virtud de la ley orgánica de la AEE, esta viene obligada a compensar anualmente a los municipios en sustitución de la exención del pago de tributos que disfruta dicha corporación pública”, dijo en ponencia escrita el presidente de la Asociación y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.
Según Ortiz, el proyecto que defiende la gerencia de la AEE les daría la autoridad de establecer las tarifas “incluyendo el cargo separado para pagar la CELI)”.
“Esto ya que solo le otorga 90 días a la Comisión de Energía de Puerto Rico para emitir una resolución y orden de su determinación sobre la petición de revisión tarifaria sometida por la Autoridad”, dijo Ortiz. “O sea, si en determinado año la facturación directa a los consumidores no es suficiente para pagar la CELI, los municipios tendrían que pagarle a la Autoridad dicha insuficiencia, la cual podría quizás recuperarse en un ajuste en la facturación del próximo año”.
En tanto, la Federación de Alcaldes también se opuso a los cambios que esta legislación haría a la manera que se computa el CELI. En una ponencia firmada por el presidente de la Federación, el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, la agrupación de alcaldes indicó que estos cambios al CELI “por entender que violan los acuerdos logrados entre los alcaldes y los legisladores que se plasmó en la Ley 57 y ocasionaría que estos tengan que pagarle una cantidad sustancial a la AEE por su consumo de electricidad”.
Habla de un seguro aumento de la luz
Carlos Gallisá, representante de los clientes residenciales ante la Junta de Gobierno de la AEE, acudió a la vista cameral ayer, donde indicó que – independientemente de las discusiones con este proyecto – la luz aumentará.
“Aquí va a haber un aumento de tarifa y no se puede ocultar. Se dice que va a ser de unos tres centavos y eso va a ser más de tres centavos y todo dependiendo del precio del petróleo que se mantenga. Si sube, el aumento será de once, doce, trece centavos”, dijo Gallisá. “Este proyecto dispone una primera revisión de tarifa que no tiene que cumplir con la Ley 57 en lo que respecta a que haya un proceso de vistas públicas que dé garantía para los abonados oponerse a la revisión de tarifa”.
Dijo que el contrato de la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, fue extendido hasta el 15 de marzo por $7 millones que se suman a los $21 millones que ya se le han pagado.
“Después de casi 17meses y $28 millones, aquí no hay nada de reestructuración en este momento”, dijo Gallisá. “Todos los acuerdos son preliminares y están condicionados”.
Para Gallisá, el proyecto que está ante la consideración de la Legislatura no puede salvarse aún con enmiendas.
“Este proyecto, a mi juicio, no es enmendable. Creo que debe trabajarse un nuevo proyecto sustitutivo que proteja los intereses del pueblo de Puerto Rico y no un proyecto como este que está únicamente dirigido a garantizar el pago de la deuda”, dijo Gallisá.
A la vista de ayer compareció también la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE a través del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
En su ponencia, Figueroa Jaramillo estableció que el proyecto lo que pretende es atender los intereses de los bonistas.
“Estamos ante un proyecto de ley diseñado en interés de los acreedores de la Autoridad y en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, que ha sido sometido a toda prisa ante la Legislatura con el fin de presionar su aprobación sin el análisis necesario y sin que se ejerza la función legislativa de crear un proyecto que atienda adecuadamente los mejores intereses de nuestro país”, reza la ponencia de la Alianza.
Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable, dijo por su parte que la Legislatura no debe favorecer la parte del proyecto que le permitiría a la AEE no tener que cumplir con la diversificación de fuentes de energía.
Dijo que el proyecto incluso cambia la definición de ‘energía renovable’ para liberar a la AEE del cumplimiento con la ley.
“Entendemos que no debe haber ninguna restricción a los tipos de energía que deben componer estas metas compulsorias. Lo que el país necesita y merece es que se cumpla con las metas compulsorias de producción de energía renovable”, dijo. “Es importante que se incrementen las metas de la cartera de producción de energía renovable, por los múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales que ello tendría para el país”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
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