La Oficina del Contralor Electoral y su Junta de Contralores evaluarán si existen violaciones a la Ley de Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico en los alegados esquemas de corrupción que provocaron el arresto el jueves de empresarios y funcionarios públicos, encabezados por el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez.
La Oficina, que colaboró con las entidades federales en el proceso investigativo que culminó en los arrestos, resaltó que como parte del pliego acusatorio, se incluye información relacionada con actos de recaudación de fondos para campañas políticas.
Específicamente, el pliego incluye copia de un correo electrónico del 11 de octubre de 2012 originado por Hernández y dirigido al hermano del Gobernador, Luis Gerardo García Padilla, en el que discuten esfuerzos de recaudación claramente fuera de los esquemas legales. Por ejemplo, se desglosan los nombres de tres personas que darían, respectivamente, $20,000, $15,000, y $15,000, algo que levanta interrogantes porque sobrepasa el límite de lo permitido, porque si no se reportaron esos donativos sería otra violación de ley, y de haberse realizado en efectivo, configurar lavado de dinero. «Tengo 2 más de $15,000», añade Hernández en el correo.
“Nuestra responsabilidad no se limita a fiscalizar directamente el financiamiento de campañas políticas, también tenemos la obligación de colaborar con otras agencias estatales y federales que comparten la responsabilidad de investigar el vínculo entre el dinero privado y la función pública mediante el inversionismo político”, afirmó el contralor electoral Manuel Torres Nieves.
Se desprende de la base de datos de donativos políticos, publicada por el portal Abre Puerto Ricoy validada por la propia Oficina del Contralor Electoral, que el empresario Hernández Pérez emitió donativos que sobrepasaran en su totalidad la cifra de $11 mil en el período del 2007 al 2012.
Hernández Pérez donó al gobernador Alejandro García Padilla, al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás; a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto; al senador Cirilo Tirado Rivera, al exrepresentante Héctor Ferrer Ríos, y hasta al exportavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rolando Crespo Arroyo.
En el contexto de esta investigación, el Contralor hizo un llamado a la reflexión para evaluar si se debe legislar para prohibir o limitar cierto tipo de donativos políticos para evitar que prosperen esquemas de corrupción dentro del sistema de inversionismo político.
“Debemos reflexionar como sociedad, si llegó el momento para que nuestro ordenamiento legal considere prohibir o limitar los donativos políticos en efectivo y anónimos, si los informes de ingresos y gastos de campañas deben estar disponibles a través del Internet y si debemos reducir el tope de gastos en las campañas de los candidatos a gobernador y partidos que reciben financiamiento público”, manifestó Torres Nieves.
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