La expresidenta de la Cámara de Representante, Jenniffer González, cuestionó la otorgación de dos contrato millonarios en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a una aseguradora de planes médicos en donde el vicepresidente, Luis García Padilla, es el hermano del gobernador.
González levantó fuertes cuestionamientos y advirtió que enviará una comunicación a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que expliquen los pormenores.
“Yo voy a estar enviando una comunicación para que nos den los pormenores de esta contratación, no queremos creer que porque hay algún tipo de influencia del hermano del gobernador se otorgó el contrato”, cuestionó la líder estadista en entrevista con EL VOCERO.
En votación unánime, la Junta de Gobierno aprobó hoy la contratación de la aseguradora de salud tras llegar a unos acuerdos.
“Ante la realidad de que la renovación del plan médico para el año 2016, conllevaba un aumento de $6.7 millones en aportaciones para los cónyuges de los jubilados menores de 65 años de edad, buscamos alternativas que redundaran en iguales beneficios y ahorros para todas las partes”, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno, Harry Rodríguez.
Sin embargo, la representante expuso que los puertorriqueños merecen una explicación y añadió que, según los detalles que tiene sobre la otorgación del contrato, se obvió el proceso de subasta.
“Creo que haberse hecho un contrato por parte del ejecutivo nos obliga a todos a conocer si hay algunos otros contratos o se estén por otorgar. Lanza seriecísimas dudas sobre su ejecutoria en momentos en donde se le vincula con el recaudador de su partido y funcionarios de su oficina”, comentó González.
Las declaraciones de la representante surgieron luego que el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Ernesto Santiago, denunció que la otorgación de un contratado millonario sin el proceso de subasta no es “usual”.
La autoridad confirmó que el proceso de selección se realizó a través de Solicitud de Propuesta (RFP).
“Nos preocupa porque es la primera vez que se adjudica ese contrato sin subasta. Nosotros solicitamos un reunión con ellos. Cuando el director ejecutivo habla conmigo que me dice que se van a reunir, pero me dice que ya la adjudicaron”, expresó el representante durante una entrevista radial (Noti Uno).
El proceso para la otorgación del contrato a la compañía, fue uno abierto y competitivo en el cual las compañías que ofrecen este tipo de cubierta participaron en igualdad de condiciones, según la organización pública.
“Hemos realizado una rigurosa evaluación de las propuestas tomando en cuenta la seguridad y el buen servicio de salud que merecen nuestros jubilados y sus familiares. Es y ha sido nuestro interés garantizar y atender las necesidades de salud de nuestros jubilados”, aseguró el director ejecutivo, Javier Quintana Méndez.
Según la AEE, dicha negociación tuvo como propósito el obtener mejores costos y economía para la organización gubernamental, así como mejoras a los aspectos operacionales y de beneficios.
AEE provee un plan médico que cubre a los empleados jubilados, cónyuges y cónyuges supérstites (viudo o viuda), tanto mayores como menores de 65 años de edad.
“Con este contrato se le hace justicia en la atención médica de primer orden como merecen todos nuestros jubilados y sus familiares, de manera que puedan disfrutar de su retiro sin preocupaciones en torno al cuidado de su salud y tratamiento de cualquier condición médica mientras, la Autoridad tendrá un ahorro de $4.3 millones anuales”, sostuvo Quintana Méndez.
El hermano del gobernador Alejandro García Padilla, fue señalado por estar supuestamente involucrado en nombramientos y despidos solicitados por el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.
Por su parte, el gobernador lo defendió y aseguró que nunca ha cometido actos ilegales.
“Mis hermanos son mis hermanos”, dijo García Padilla en entrevista radial con WKAQ 580.
Recientemente, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a exfuncionarios del gobierno de turno bajo cargos de corrupción.
Los diez sospechosos fueron acusados en una investigación sobre el presunto intercambio de donaciones a campañas electorales por contratos públicos y favores políticos.
Uno de los detenidos es el empresario Hernández, quien recauda fondos para el PPD.
Otros sospechosos incluyen altos funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y empleados de la Cámara de Representantes.
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