“Tengo mucha energía para el año que viene porque lo que estamos haciendo en todas las áreas continúa. Vienen para principios del año casos de todo tipo, en todas las áreas, corrupción pública, crimen violento y fraude financiero. Esperamos que siga así el año entrante”, anticipó la fiscal Rosa Emilia Rodríguez, en entrevista con EL VOCERO.
Aunque declinó hacer comentarios sobre el caso contra el empresario y amigo del gobernador Anaudi Hernández Pérez y otras personas acusadas por corrupción, reiteró que se van a radicar acusaciones adicionales.
“Vienen otras fases y no van a tener que ver con estos acusados de ahora. Hay fases nuevas”, acotó.
Negó que su oficina busque que se radiquen casos criminales en fechas específicas con algún propósito ulterior. Reafirmó que los casos se radican cuando estén listos.
“Tenemos un sistema riguroso antes de salir un caso. Hay un proceso de revisión. Se preparan informes de las acusaciones en forma de borrador que es un sistema que obviamente, es para el bien de los casos y eso hay que hacerlo antes de presentarle el caso al gran jurado. Se traen los puntos fuertes y débiles, si existieran. Son procedimientos que ayudan al sistema”, afirmó.
La funcionaria destacó una considerable reducción en los asesinatos. Ello, debido al trabajo conjunto que efectúan los agentes federales con la Policía de Puerto Rico.
“Precisamente por trabajar con la Policía de Puerto Rico hemos logrado bajar el crimen violento de una forma impresionante y estamos proyectando que al 31 de diciembre hayamos bajado el crimen violento, específicamente los asesinatos en un 55 por ciento de la cifra de asesinatos. En el 2011 fueron 1,164. El número de fin de año no lo hemos sacado, pero es una proyección que se dio ya. Nos sentimos muy orgullosos y atribuimos la responsabilidad a la iniciativa conjunta de armas ilegales y reducción de violencia”, expuso.
Recordó que tras la reanudación del memorando de entendimiento que creó el “Ilegal Firearms and Violent Crimes Strike Force”, en el 2011, las autoridades estatales y federales trabajan en conjunto para atajar la criminalidad.
Bajo esta iniciativa las autoridades federales asumen jurisdicción del procesamiento criminal de reincidentes que utilizan armas de fuego durante la comisión de delitos violentos o de trasiego de drogas.
El acuerdo permite que sea procesada a nivel federal toda persona que posea un arma de fuego robada, con serie mutilada, automática, convertida en automática, durante la comisión de un delito de violencia o de tráfico de narcóticos, robo a negocios usando un arma de fuego, secuestros mediante uso de armas de fuego, “carjackings” y tiroteos de carro a carro. Actualmente, estos “Strike Force” están en todas las regiones de la Isla.
Según estadísticas provistas por la fiscalía federal para el año 2008 se cometieron 815 asesinatos, 894 para el 2009, 1,017 para el año 2010, 1,164 para el 2011, 1,005 para el 2012, 883 para el 2013 y 681 para el 2014. Al cierre de esta edición, durante el año en curso se registraron 546 asesinatos, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
En lo que va de año el “Ilegal Firearms and Violent Crimes Strike Force” ha arrestado a 357 personas; 119 en San Juan; 22 en Carolina; 17 en Ponce; 15 en Caguas; 82 en Bayamón; 27 en Guayama; 19 en Fajardo; 11 en Aguadilla; 12 en Humacao y 33 en otros pueblos.
Asimismo, el referido grupo de trabajo ha incautado un total de 195 pistolas, 19 rifles, 22 revólveres, tres escopetas, 75 armas automáticas y 12,624 amuniciones.
De igual forma, han arrestado a 25 personas acusadas por “carjacking”.
“Siempre estamos buscando iniciativas y preparándome para los nuevos agentes especiales a cargo que asumirán las riendas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), del Negociado Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para trabajar con ellos como hemos estado trabajando en los últimos años, como un buen equipo de trabajo”, indicó.
“Creo que podemos decir que nuestro énfasis siempre ha sido el crimen violento, la corrupción pública y el fraude. Dentro del crimen violento hemos añadido la pornografía infantil. También seguiremos trabajando casos RICO (Crimen Organizado)”, agregó.
Anticipó además que seguirán trabajando casos de fraude al Seguro Social.
En cuanto a los casos más relevantes del año 2015, destacó el caso de Hernández Pérez y otras nueve personas que alegadamente conspiraron desde finales del 2012 para obtener de manera corrupta y fraudulenta, contratos y beneficios en varias agencias del gobierno. El caso incluye esquemas de soborno, extorsión y un patrón de corrupción.
“Hemos cerrado el año con un caso extremadamente importante para Puerto Rico, que es el caso de Anaudi Hernández y demás acusados. De eso no hay duda por el impacto que ha tenido”, opinó.
Mencionó el caso contra Carlos Juan Cruz Rivera, mejor conocido como “Cano Llorens” y presunto “violador de Santurce”, quien fue encontrado culpable de tres cargos por el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito de violencia (carjacking).
Sobre este caso comentó “lo rápido que se resolvió. Porque justicia lenta no es justicia”.
Otro de los casos más importantes para su oficina fue la acusación contra 31 ejecutivos de la compañía Rocket Learning, quienes alegadamente participaron en un esquema de fraude de cerca de $1 millón por servicios que no rindieron bajo el programa de tutorías de fondos Título I.
Asimismo, los arrestos de la exvicepresidenta de Doral Bank Annelise Figueroa y el contratista de la institución bancaria Rolando Rivera Solís, propietario de la compañía San Juan Tropical, quienes alegadamente participaron en un esquema de fraude de $2.3 millones en relación al contrato de mantenimiento de la empresa de Rivera Solís.
Por este caso fue acusada en un pliego aparte Nancy Vélez Arroyo exasistente del expresidente de Doral Bank Glenn Wakeman. Vélez Arroyo enfrenta cargos por mentir al Gran Jurado y obstrucción a la justicia.
Figueroa fue demandada junto a otros ejecutivos de Doral por la viuda de Maurice Spagnoletti, asesinado a tiros el 17 de junio de 2011. La viuda la acusaba de se ser una de las responsables del asesinato de su esposo.
De igual forma, Rodríguez mencionó el caso contra diez oficiales de la división de drogas de San Juan que pertenecían a un combo que se hacía llamar “Los Suricatos”, acusados por corrupción y generar unos $175 mil producto de sus actos delictivos. El pliego acusatorio incluye cargos por Ley Rico (Crimen Organizado), conspiración para violar derechos civiles, extorsión so color de autoridad, conspiración para distribuir sustancias controladas (unos 50 kilos de cocaína) y mentir a las autoridades federales.
También destacó el caso contra cuatro sujetos acusados por robar 125 armas de fuego del Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabra.
Mencionó las convicciones durante este año del exsacerdote Israel Berrios Berrios, acusado por transportar a un monaguillo para tener relaciones sexuales, la del abogado Antonio Peluzzo Perotín y otras cuatro personas acusadas por participar en un esquema de fraude para conseguir licencias de portación de armas de fuego y las del contable Lutgardo Acevedo y el exjuez del Tribunal de Aguadilla Manuel Acevedo Hernández por corrupción judicial. Estos fueron acusados en el 2014, pero las convicciones fueron este año.
“Si bien nosotros hemos estado sobre cargados de trabajo, hemos tenido unos jueces que han sacado los casos de forma diligente. Hay que darle el crédito a quien crédito se merece”, afirmó.
Rodríguez manifestó que el distrito de Puerto Rico es uno de los más eficientes en todo Estados Unidos y que este año está entre los primeros con más acusaciones.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Para mayo el juicio contra Anaudi Hernández
Anaudi Hernández Pérez, el amigo del gobernador Alejandro García Padilla acusado junto a otras nueve personas por corrupción gubernamental, enfrentará juicio el próximo 10 de mayo ante el juez federal Pedro Delgado.
Así consta en una orden del calendario del caso, contenida en el expediente del Tribunal Federal. El juicio comienza con la selección del jurado que estará a cargo de un magistrado federal ese mismo día.
La orden establece que el 15 de abril es la fecha límite para que los acusados que decidan declararse culpables, radiquen una moción a esos efectos.
Para el 19 de enero, la fiscalía federal debe haber suministrado a la defensa la evidencia del caso. Asimismo, el Ministerio Público federal debe proveer a la defensa no más tarde del 5 de mayo la prueba exculpatoria.
Mientras, el 29 de abril se celebrará la vista con antelación al juicio.
Las mociones dispositivas previo al juicio que incluyen mociones de supresión de evidencia, deben ser radicadas a no más tardar del 19 de febrero.
Hernández Pérez fue acusado por un Gran Jurado federal el pasado 3 de diciembre por supuestamente gestar tres esquemas de corrupción separados cuyo propósito era obtener contratos.
Junto al empresario fue acusado también Javier Muñiz Álvarez, precandidato a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), quien permanecerá detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés), hasta el inicio del juicio en su contra, luego de que el juez federal Delgado le denegó fianza.
“Tras considerar cuidadosamente toda la evidencia y el alcance de las condiciones de libertad, la corte concluye que el Gobierno ha demostrado mediante clara y convincente evidencia de que no hay una condición o la combinación de condiciones que razonablemente puedan garantizar la seguridad de los testigos (del caso) y de la comunidad si Muñiz es dejado en libertad”, señala la orden.
“La amenaza, naturaleza de las circunstancias de las ofensas alegadas, incluyendo las potenciales penas y el peso de la evidencia, el peligro al que se exponen otros y la experiencia de Muñiz con armas de fuego y sus contactos, superan otros elementos de su vida personal, su historial y características que apoyaban su libertad, a pesar de las condiciones impuestas por el magistrado. La totalidad de la evidencia presentada en la vista de fianza en alzada requieren la detención. Por lo tanto, Muñiz se mantendrá detenido sin fianza pendiente del juicio”, agrega la orden.
El pasado 8 de diciembre, Delgado efectuó una vista de fianza en alzada a petición de la fiscalía federal para que el acusado permaneciera detenido. El juez indicó al concluir esa audiencia que iba a analizar la prueba presentada e iba a informar por escrito su decisión.
La magistrada federal Silvia Carreño le había concedido imponerle al acusado una fianza de $10,000 tal y como recomendó la Oficina de Probatoria.
Sin embargo, los fiscales José Capó y Timothy Henwood, pidieron a Delgado paralizar la liberación del acusado hasta que se realizara la vista de fianza en alzada. El juez Delgado acogió la petición.
Muñiz Álvarez lleva recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) desde el pasado 3 de diciembre.
Tras la decisión del juez permanecerá encarcelado hasta la conclusión del juicio. El inicio del juicio fue pautado para el 10 de mayo del 2016.
Capó argumentó que el acusado representa un peligro a la comunidad porque alegadamente amenazó a una testigo cooperadora del caso.
Manifestó que la testigo cooperadora -quien no ha sido identificada- le notificó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) que temía por su seguridad debido a que el acusado le dijo que sabía la identidad de la persona que estaba proveyendo información a las autoridades federales y que amenazó con matar al delator, su familia y hasta el perro.
Por su parte, el abogado del acusado, Francisco Rebollo, mantuvo que la alegada amenaza no fue tomada en serio por parte de los agentes del FBI, ya que hubiesen arrestado a su cliente previo a la radicación del pliego acusatorio.
Expuso que el FBI arrestó al exalcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes -convicto por corrupción-, tras advenir en conocimiento de que había amenazado a un testigo del caso.
“Ese es el protocolo cuando se produce una amenaza”, afirmó.
Reafirmó que su cliente no fue acusado por interferencia con testigos.
Asimismo, planteó que el Gobierno no cuenta con una grabación sobre la amenaza.
Planteó que la alegada amenaza se produjo en octubre y que este dato se incluyó en las notas de los agentes del FBI -documento conocido como 302- en noviembre.
“Al día de hoy ni la testigo ni nadie en este caso ha resultado herido”, apuntó Rebollo en la vista de fianza en alzada.
Además de Hernández Pérez y Muñiz Álvarez fueron acusados Carlos Luna en la empresa JM Professional Training; Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); su hermana, Marielis Falcón; Sonia Barreto, directora de Compras de la AAA; Víctor Burgos, exdirector de la Oficina de Sistemas de Información de la Cámara de Representantes y quien actualmente trabaja en el Departamento de la Familia; Sally López, directora de la Oficina de Ayuda al Ciudadano en La Fortaleza; Glenn Rivera, excandidato al distrito de Fajardo por el PPD y empleado del Capitolio y Xavier González, administrador de la Cámara de Representantes.
El pliego acusatorio alega que el propósito de las conspiraciones era obtener contratos y beneficios con un valor aproximado de más de $2 millones con el Gobierno de Puerto Rico para entidades corporativas controladas por Hernández Pérez, esto a través de influencias y pagos indebidos a varias agencias de Gobierno.
El pliego acusatorio alega que luego de las elecciones de noviembre del 2012, utilizó sus conexiones políticas para asegurarse que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas agencias del gobierno.
Estas personas, que sabían de sus influencias políticas, enviaron resumes a Hernández Pérez y este los enviaba al hermano del gobernador y le pedía ayuda para que fueran nombradas en posiciones de confianza.
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