El gobernador Alejandro García Padilla cerró noviembre con $1,648,726 en donativos para su campaña política, dinero que continúan utilizando este mes en los gastos inherentes a su comité político aun cuando el lunes anunció que no buscará la reelección.

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro, explicó que en este mes –diciembre- hay gastos inherentes al comité que tienen que pagarse independiente a que a mitad de mes García Padilla anunció que no sería candidato.

Colberg Toro estaría solicitando a la oficina del Contralor Electoral una opinión legal para aclarar cómo pagarán los contratos que no han vencido y mencionó, como ejemplo, el que tienen para el mantenimiento a las computadoras.

Los gastos e ingresos de la cuenta ‘Amigos de Alejandro García Padilla’ del mes de diciembre, cuando anunció que no buscará la reelección, se conocerán en el informe que el comité está obligado a entregar el 17 de enero a la Oficina del Contralor Electoral.

El uso de ese dinero está establecido en la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, la cual establece en su Artículo 5.004, que un aspirante que recibe donativo para ese cargo y opta por desistir de esas intenciones, está obligado a devolver a los donantes la totalidad del dinero no gastado.

“En caso de que no se pueda localizar algún donante o se tratare de un donativo anónimo de $200 o menos que no requiera la identificación del donante, el aspirante o candidato que hubiese recibido tales donativos tendrá la obligación de remitir los mismos al Secretario de Hacienda”, reza la Ley 222, de 2011.

El Contralor Electoral, Manuel A. Torres, informó que está vigilantes a la cuenta de dicho comité y que analizarán los ingresos para el momento en que proceda la devolución del dinero o el envío de una parte del mismo al Departamento de Hacienda.

Explicó que la devolución de ese dinero comienza por lo más recientes recibidos -independiente si el donante está identificado o es anónimo- hasta completar la cantidad que está obligado a devolver.

El dinero que sea anónimo y que está obligado a enviar al Secretario de Hacienda será depositado en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral. La violación de dicho estatuto conlleva una multa ascendente al total del valor de la propiedad no devuelta, más intereses legales.

Mientras, la propiedad mueble e inmueble deberá devolverla al Contralor Electoral para ser transferida al gobierno en los 30 días subsiguientes a la renuncia a la candidatura.

Torres fue categórico en señalar que la ley no permite que el candidato pueda transferir el dinero de su comité de campaña a otro aspirante.

Cualquier gasto del dinero del comité político, explicó Torres, tienen que informarlo. La Ley exige que ese dinero solo puede ser utilizado para fines electorales.

García Padilla, quien aún se mantiene como presidente de la colectividad, está obligado a seguir radicando los informes de su comité hasta el 2017.

El secretario del PPD se expresó molesto con la querella que tres legisladores novoprogresistas, entre ellos el representante José E. Meléndez, radicaron ante el Contralor Electoral para solicitar que se ordene al banco paralizar cualquier transacción en dicha cuenta.

“Es un ataque cobarde e irresponsable”, dijo. “Nadie tiene derecho a retirar de esa cuenta dinero, toda transacción es con cheques y lo que se paga tiene que ser gastos relacionados al comité de campaña”, indicó Colberg Toro.

Meléndez señaló en un comunicado de prensa que el gobernador García Padilla, justo cuando hizo el anuncio de que no buscaría la reelección, retiró sobre $97 mil de la cuenta de su comité de campaña.

Empero, la cantidad a la que hicieron alusión son el total de gastos de noviembre, mes en que sometió el más reciente informe del comité Amigos de Alejandro García Padilla.

Ese informe especifica que en el pasado mes no hubo ingresos y gastaron $97,219.93, una parte de ellos para el pago de anuncios y promociones.

Entre los gastos también hubo el pago de libros de la Fundación Rafael Hernandez Colón, servicios de asesoría a Collen M. Turentine y $10,000 a Rolando Padua.