Al filo del vencimiento de los pagos a bonos gubernamentales que totalizan $757 millones, el gobernador Alejandro García Padilla, anunció hoy, miércoles, que si bien su administración cumplirá con las obligaciones generales garantizadas por la Constitución, que ascienden a $328.7 millones, no podrá hacer otros desembolsos que totalizan $37.3 millones.

Las partidas que no podrán ser pagadas corresponden a un pago de $35.9 millones en pago de intereses de la Administración de Financiamiento de la Infraestructura y $1.4 millones de la Corporación de Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), anunció García Padilla en conferencia de prensa.

Con este segundo impago en la deuda con PFC asciende a $63 millones la deuda con los bonistas de dicha entidad incurrida desde el 1 de julio.

A preguntas de periodistas, el primer ejecutivo dijo desconocer si los fideicomisos que manejan estos bonos han respondido de alguna manera a la decisión del Gobierno.

“No se harán los pagos. No tenemos los recursos…No puede caer solo en los puertorriqueños. Por eso los bonistas están empezando a ser parte de esa responsabilidad”, subrayó al hablar en el teatrito de La Fortaleza.

Preguntado sobre qué pasará con la deuda futura de la Isla, particularmente los $3,000 millones que se deben en bonos desde esta fecha al 30 de junio, dijo que “son evaluaciones que se hacen con un esfuerzo constante de continuar bajando el desempleo para que la economía mejore y para continuar dando servicios a los puertorriqueños”.

García Padilla, mientras, arremetió contra los gobiernos “irresponsables” del pasado que duplicaron en seis años la deuda que se acumuló por décadas. “Hubo acreedores que estuvieron dispuestos a prestar conociendo la realidad fiscal”, recalcó.

El pago de obligaciones generales se pudo realizar, dijo el Gobernador, mediante fondos propios del Banco Gubernamental de Fomento y dinero retenido por el gobierno a través de la aplicación del mecanismo de “clawback”, un recurso que le da la Constitución de Puerto Rico al gobierno para redirigir fondos entre agencias y corporaciones públicas al retener parte de sus ingresos.

De hecho, $163 millones dirigidos al pago de las obligaciones generales salieron de partidas retenidas a la Autoridad de Carreteras, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad para el Transporte Integrado y la Compañía de Turismo mediante “clawback”.

García Padilla recordó que si bien el presidente de la Cámara federal, Paul Ryan, se ha comprometido a atender el problema fiscal de Puerto Rico en marzo, los pagos que vencen en enero presentan un grave problema para la salud fiscal del país ante la ausencia de un mecanismo federal o local para reestructurar la deuda.

“Nos pone en una encrucijada sobre qué pagos podemos hacer con los pocos recursos que disponemos. En esa dirección, ha sido preciso sopesar el riesgo que supone un impago. En esa encrucijada me ha tocado sopesar el riesgo que supone un impago general para los servicios esenciales que el gobierno le ofrece la agente”, puntualizó.

García Padilla indicó que en o antes del 4 de enero se desembolsarán pagos por $9.9 millones para deuda del Banco Gubernamental de Fomento, $92 millones por bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, $11.4 millones para bonos de AFI, $15.4 millones para la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), $1.7 millones en bonos de la Universidad de Puerto Rico, $9.5 millones en fondos de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, $101.7 millones para la Autoridad de Carreteras, $13.9 millones para el Sistema de Retiro y $10.1 millones para Fomento Industrial (PRIDCO).

El gobernador explicó que algunos de esos pagos se pudieron realizar debido a que al 30 de noviembre, cuando firmó una orden ejecutiva anunciando que no continuaría haciendo pagos a los fideicomisos que tienen a cargo la deuda no garantizada de Puerto Rico, algunos de esos fondos tenían dinero suficiente para hacer los pagos para las deudas que vencían en enero.

“Esa deudas suman $383 millones de los $757 millones que vencen”, dijo al precisar que ese dinero ya no estaba en manos del Gobierno, por lo que no había alternativa en cuanto a su disposición. “Es como si el gobierno de Puerto Rico depositara mes a mes en una alcancía de la cual se pagaban esos bonos”.

Entre el dinero retenido por la cláusula “clawback” sí figuran $163 millones destinados al pago de las obligaciones generales que vencían en enero. El gobierno reconoce la retención de esos fondos mediante la cláusula de “clawback” como un impago.

El gobernador recalcó que al activarse la cláusula de “clawback”, no se están haciendo depósitos en las cuentas de los fideicomisos.

“Eso equivale a un impago”, dijo. “Esas obligaciones no acumularán a futuros pagos”, agregó.

La determinación del gobierno, según García Padilla, “preserva” la capacidad de su administración de pagar los reintegros adeudados por concepto de pago sobre contribuciones sobre ingresos y la deuda con los suplidores “poco a poco durante los próximos meses”.

La administración de García Padilla, el comisionado residente Pedro Pierluisi, legisladores puertorriqueños en Estados Unidos y miembros de la diáspora han insistido por meses que se legisle en el Congreso federal para permitirle a la Isla poder reestructurar su deuda. Sin embargo, las gestiones no han sido fructíferas.

“No estaríamos en esta conferencia de prensa dando esta noticia si el Congreso hubiera actuado. Espero que los congresistas no olviden las caras de los cabilderos que dijeron que Puerto Rico podría hacer todos sus pagos”, lamentó.

En su primera conferencia en La Fortaleza después que anunció que no aspira a la reelección, García Padilla, además, hizo un reclamo al liderato político para ir “con una sola voz” nuevamente al Congreso.

“No estoy en la papeleta… No deriva de ningún beneficio (para mi). Hay algunos políticos que han sido seducidos por los argumentos de los fondos buitres y algunos congresistas han sido seducidos por sus argumentos”, comentó al reafirmar la importancia de mantener el cabildeo en la capital federal.