El gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) confirmó que volverá a incurrir en impago real y técnico, al no emitir fondos para vencimientos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) ni de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) por $37.3 millones el próximo 4 de enero. En el caso de otros emisores, dependerá de lo que hayan acumulado en reservas sus fideicomisarios.
Luego de reiterar que están preparados para enfrentar los procesos judiciales que surjan de bonistas impagados, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que seguirán en la búsqueda de alternativas para evitar situaciones que reduzcan los servicios esenciales de educación, salud y seguridad.
“La falta de protección de un régimen de reestructuración federal y de una ley puertorriqueña… nos pone en una encrucijada a decidir qué pagos podemos hacer con los pocos recursos de los que disponemos. Me ha tocado a mí, sopesar el riesgo que supone un impago general”, expresó García Padilla.
Criticó que “los cabilderos de los fondos buitres han boicoteado ese proceso” de su administración para que el Congreso de Estados Unidos incluya a la Isla en el Capítulo 9 de la ley de bancarrota, y les hizo una advertencia: “Yo espero que los fondos buitres cambien la cara de los cabilderos que fueron al Congreso a decir que Puerto Rico tiene los chavos para pagar”.
“Mi gobierno tiene ahora la responsabilidad de proteger lo más posible a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas de las consecuencias de un impago y de un cierre de gobierno”, añadió el Primer Ejecutivo, y descartó que eso pueda ocurrir por ahora. Por lo pronto está esperanzado en lo que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, pueda hacer hacia finales de marzo respecto a medidas para atender la crisis fiscal de Puerto Rico.
Mientras tanto, parte del dinero que no le llegará a los bonistas y el cual no necesariamente fluye en la caja del Departamento de Hacienda, se usará para cubrir en la medida posible y “periódicamente” los 280 mil reintegros que todavía no se envían a los contribuyentes y para el pago a suplidores del ELA.
En el balance de pagos solo se destinó fondos para cubrir la deuda garantizada, que incluye $331.6 millones de las obligaciones generales (GO´s) y $91.6 millones de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), tal como anticipó EL VOCERO.
De los vencimientos pendientes a enero y que corresponden a 14 emisores, se incumplen cabalmente con dos, y el resto que no incluye GO´s ni AEP, se deben cubrir con lo que ya tenían sus fideicomisarios en reserva. Eso quiere decir que al no ingresarles dinero nuevo para pago de deuda, tendrán que usar sus reservas, por lo cual pueden levantar reclamaciones de impago técnico y acudir con recursos legales contra el gobierno.
Al hacer el anuncio ayer tarde en la Fortaleza (una hora después de ofrecerle la información en primicia a medios estadounidenses), el gobernador explicó que el pago de los GO´s, cuyo fondo de reserva mensual se suspendió este año, se cubrió con $164 millones que levantaron mediante la cláusula del “clawback”, al quitarle fondos para el pago de deuda de otros emisores como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), AFI y la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones (PRCDA, por sus siglas en inglés).
Los restantes $167.6 millones para completar el pago de los GO´s salieron de los recursos del Fondo General. Aunque los recaudos en el Departamento de Hacienda están por debajo de lo estimado, medidas como el adelanto de los reembolsos por pagos a los beneficiarios del Sistema de Retiro, le confieren cierto manejo de efectivo a la agencia.
De ahí, que aunque el gobierno y el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro, Pedro R. Ortiz Cortés, hayan negado que el dinero de los pensionados se utilice para solventar las obligaciones públicas, por su parte, esta misma semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, había advertido que el impago era inevitable, ya que entre otras medidas, en el gobierno de Puerto Rico “ya han estado tomando dinero de los fondos de pensiones para pagar las cuentas corrientes”.
Como el primero de enero es feriado, los impagos se concretarán el día laborable siguiente, que es el lunes 4, y aunque el vencimiento global a esa fecha es de $902.5 millones, según cifras oficiales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), García Padilla indicó que los $176.6 millones de la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) no están incluidos en su anuncio por ser parte de un proceso de negociación con acreedores. No obstante, ese acuerdo divulgado a medias en días recientes depende de legislación y otras determinaciones para hacerlo efectivo.
Por lo tanto, la deuda que se barajaba en manos del gobierno central era de poco más de $725 millones, y según indicó el gobernador, unos $383 millones era dinero depositado por los distintos emisores en sus respectivos fideicomisarios, antes de que decretara la orden del “clawback” el pasado 30 de noviembre.
La deuda pagadera incluida en esa suma incluye $9.9 millones del BGF, $92 millones de la AEP, una parte de la deuda de AFI por $11.4 millones, $15.4 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), $1.7 millones de la Universidad de Puerto Rico, $9.5 millones de la PRCDA, $101.7 millones de la ACT, $13.9 millones de Retiro y $10.1 millones de Fomento Industrial.
Si con los próximos pagos a esas entidades se agotan sus fondos de reservas, los vencimientos de los meses siguientes no estarán cubiertos porque no habrá ingresos nuevos. De acuerdo con declaraciones del BGF, “no se espera que los fondos en reserva que se apliquen al pago del servicio a la deuda el 1 de enero de 2016 se repongan mientras las Órdenes Ejecutivas (clawbaack) permanezcan en vigor”.
El gobernador García Padilla indicó que políticos locales se han unido a los intereses de bonistas y “todos sabemos que los acreedores han gastado una fortuna en cabildear en contra de los puertorriqueños”, pero sus decisiones deben buscar el bien ciudadano. Mencionó que los acreedores “están ávidos de intentar embargar nuestras cuentas y poner presión” y no se los permitirá.
García Padilla le hizo una invitación a todo el liderato político para acudir con una sola voz al Congreso en reclamo de medidas para atender la crisis económica. Comentó que al no aspirar a la reelección, no se le puede adjudicar ventaja política.
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