¡Alejandro Garcia Padilla y la Pava Van En Reversa …:

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Decretado el “default”

Luego de reiterar que está preparado para los procesos judiciales que surjan de bonistas impagados, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que seguirán en la búsqueda de alternativas para evitar situaciones que reduzcan los servicios esenciales de educación, salud y seguridad

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El gobernador Alejandro Garcia Padilla informó que su gobierno incumplirá con el pago de una fracción de la deuda constitucional. Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO
Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO 4:03 am

El gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) confirmó que volverá a incurrir en impago real y técnico, al no emitir fondos para vencimientos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) ni de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) por $37.3 millones el próximo 4 de enero. En el caso de otros emisores, dependerá de lo que hayan acumulado en reservas sus fideicomisarios.

Luego de reiterar que están preparados para enfrentar los procesos judiciales que surjan de bonistas impagados, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que seguirán en la búsqueda de alternativas para evitar situaciones que reduzcan los servicios esenciales de educación, salud y seguridad.

“La falta de protección de un régimen de reestructuración federal y de una ley puertorriqueña… nos pone en una encrucijada a decidir qué pagos podemos hacer con los pocos recursos de los que disponemos. Me ha tocado a mí, sopesar el  riesgo que supone un impago general”, expresó García Padilla.

Criticó que “los cabilderos de los fondos buitres han boicoteado ese proceso” de su administración para que el Congreso de Estados Unidos incluya a la Isla en el Capítulo 9 de la ley de bancarrota, y les hizo una advertencia: “Yo espero que los fondos buitres cambien la cara de los cabilderos que fueron al Congreso a decir que Puerto Rico tiene los chavos para pagar”.

“Mi gobierno tiene ahora la responsabilidad de proteger lo más posible a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas de las consecuencias de un impago y de un cierre de gobierno”, añadió el Primer Ejecutivo, y descartó que eso pueda ocurrir por ahora. Por lo pronto está esperanzado en lo que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, pueda hacer hacia finales de marzo respecto a medidas para atender la crisis fiscal de Puerto Rico.

Mientras tanto, parte del dinero que no le llegará a los bonistas y el cual no necesariamente fluye en la caja del Departamento de Hacienda, se usará para cubrir en la medida posible y “periódicamente” los 280 mil reintegros que todavía no se envían a los contribuyentes y para el pago a suplidores del ELA.

En el balance de pagos solo se destinó fondos para cubrir la deuda garantizada, que incluye $331.6 millones de las obligaciones generales (GO´s) y $91.6 millones de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), tal como anticipó EL VOCERO.

De los vencimientos pendientes a enero y que corresponden a 14 emisores, se incumplen cabalmente con dos, y el resto que no incluye GO´s ni AEP, se deben cubrir con lo que ya tenían sus fideicomisarios en reserva. Eso quiere decir que al no ingresarles dinero nuevo para pago de deuda, tendrán que usar sus reservas, por lo cual pueden levantar reclamaciones de impago técnico y acudir con recursos legales contra el gobierno.

Al hacer el anuncio ayer tarde en la Fortaleza (una hora después de ofrecerle la información en primicia a medios estadounidenses), el gobernador explicó que el pago de los GO´s, cuyo fondo de reserva mensual se suspendió este año, se cubrió con $164 millones que levantaron mediante la cláusula del “clawback”, al quitarle fondos para el pago de deuda de otros emisores como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), AFI y la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones (PRCDA, por sus siglas en inglés).

Los restantes $167.6 millones para completar el pago de los GO´s salieron de los recursos del Fondo General. Aunque los recaudos en el Departamento de Hacienda están por debajo de lo estimado, medidas como el adelanto de los reembolsos por pagos a los beneficiarios del Sistema de Retiro, le confieren cierto manejo de efectivo a la agencia.

De ahí, que aunque el gobierno y el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro, Pedro R. Ortiz Cortés, hayan negado que el dinero de los pensionados se utilice para solventar las obligaciones públicas, por su parte, esta misma semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, había advertido que el impago era inevitable, ya que entre otras medidas, en el gobierno de Puerto Rico “ya han estado tomando dinero de los fondos de pensiones para pagar las cuentas corrientes”.

Como el primero de enero es feriado, los impagos se concretarán el día laborable siguiente, que es el lunes 4, y aunque el vencimiento global a esa fecha es de $902.5 millones, según cifras oficiales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), García Padilla indicó que los $176.6 millones de la Autoridad de Energía

Eléctrica (AEE) no están incluidos en su anuncio por ser parte de un proceso de negociación con acreedores. No obstante, ese acuerdo divulgado a medias en días recientes depende de legislación y otras determinaciones para hacerlo efectivo.

Por lo tanto, la deuda que se barajaba en manos del gobierno central era de poco más de $725 millones, y según indicó el gobernador, unos $383 millones era dinero depositado por los distintos emisores en sus respectivos fideicomisarios, antes de que decretara la orden del “clawback” el pasado 30 de noviembre.

La deuda pagadera incluida en esa suma incluye $9.9 millones del BGF, $92 millones de la AEP, una parte de la deuda de AFI por $11.4 millones, $15.4 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), $1.7 millones de la Universidad de Puerto Rico, $9.5 millones de la PRCDA, $101.7 millones de la ACT, $13.9 millones de Retiro y $10.1 millones de Fomento Industrial.

Si con los próximos pagos a esas entidades se agotan sus fondos de reservas, los vencimientos de los meses siguientes no estarán cubiertos porque no habrá ingresos nuevos. De acuerdo con declaraciones del BGF, “no se espera que los fondos en reserva que se apliquen al pago del servicio a la deuda el 1 de enero de 2016 se repongan mientras las Órdenes Ejecutivas (clawbaack) permanezcan en vigor”.

El gobernador García Padilla indicó que políticos locales se han unido a los intereses de bonistas y “todos sabemos que los acreedores han gastado una fortuna en cabildear en contra de los puertorriqueños”, pero sus decisiones deben buscar el bien ciudadano. Mencionó que los acreedores “están ávidos de intentar embargar nuestras cuentas y poner presión” y no se los permitirá.

García Padilla le hizo una invitación a todo el liderato político para acudir con una sola voz al Congreso en reclamo de medidas para atender la crisis económica. Comentó que al no aspirar a la reelección, no se le puede adjudicar ventaja política.

       

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

Degradación e impago deja saldo negativo en el puertorriqueño

Consenso general en que contrario a lo imaginado, al final del día será el ciudadano el más afectado

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Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO
Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO4:03 am

Si usted es de los que piensa que no le afectan las degradaciones crediticias que ha experimentado el gobierno y las corporaciones públicas, así como los recientes impagos por parte del gobierno a sus obligaciones con los bonistas, sepa que ambas acciones tienen un impacto de rebote que afecta de manera negativa todo su entorno económico y fiscal, convirtiéndolo cada día en un ciudadano más empobrecido.

Abogados, contables y economistas coincidieron en que ambas situaciones tienen serias repercusiones en los ciudadanos, más allá de las implicaciones que tendrá en términos gubernamentales, fiscales y legales. Todos entienden, que contrario a lo imaginado, al final del día el ciudadano de a pie será el más afectado.

El abogado y analista, John Mudd, explicó que de primera intención pudiese parecer que no pasa nada con el ciudadano particular, porque no le quitan la casa o el carro. El problema es el efecto en la estabilidad financiera de las cooperativas y los bancos, el alto costo de poder tomar prestado, acciones que eventualmente tienen su efecto en la economía.

“Dinero que se adeuda tarde o temprano se tiene que pagar. De no hacerse se pueden embargar las cuentas bancarias del gobierno, despedir empleados, reducir servicios u otro tipo de acción, que al final del día crea un caos en la economía. Mientras menos dinero circule en la economía, menos se mueve la misma. El consumidor deja de comprar, lo que trae consigo menos ingresos al fisco, con el consabido efecto de verse obligado a reducir servicios esenciales para la ciudadanía como seguridad, salud, educación y mantenimiento de las carreteras, entre otros”.

El economista Alfredo González aceptó que los puertorriqueños escuchan, ven y leen sobre la situación crítica de la Isla y reconocen las palabras pero no los hechos y sus implicaciones. “Se trata de un colapso fiscal que tomará más de cuatro años para poder volver a ver algo de salida, en la medida en que se encuentran algunas soluciones de manera inmediata. El público opinante no está consciente de la magnitud de la crisis, la penetración y toda la secuela que seguirá agravándose por los próximos años. Se trata de que al final del día, todo sigue perdiendo su valor”.

Para el contador público autorizado, Jerry De Córdova, el impacto es uno más de rebote que de otra cosa. Sostuvo que en la Isla existe una visión de ente foráneo, donde la gente piensa que nada tiene que ver conmigo, olvidándose que el gobierno somos todos. “Se trata de menos dinero para obras, servicios y desarrollo económico. La gente que produce es justamente la que se está yendo, por lo que cada día incrementa la dependencia en servicios gubernamentales y menos recaudos, por lo que caemos en un círculo vicioso”.

A lo antes expuesto, agregaron el impacto en aquellos cuyos ahorros fueron invertidos en los bonos de Puerto Rico, perdiendo con ello el 50 por ciento de las riquezas financieras de las familias.

Aunque es difícil conocer cuántos puertorriqueños invirtieron en bonos del gobierno, se entiende se trata de miles de personas, y que podría impactar hasta a 40 por ciento de la población, considerando que los bonos no afectan solo a la persona que los adquiere, sino al núcleo familiar que lo consideró una buena inversión.

De igual manera, mencionaron el impacto a las cooperativas. Cerca de una treintena de cooperativas de ahorro y crédito podrían estar cercanas a una crisis financiera en cualquiera de los 10 instrumentos del Estado Libre Asociado (ELA) en los cuales el sector invirtió sobre $1,500 millones en bonos y notas, o si les llega un recorte por renegociación de deuda, ente cuyos inversionistas son justamente los puertorriqueños.

 

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.

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