de ellos Puertorriqueños Humildes, son Los Ladrones y Culpables de la Deuda Pública. Claro, también dice que la Culpa es de los USA y la Oposición Política, ya que su mentalidad y estrategias son y han sido Chavistas Comunistoides llena de excusas y ataques a los demás de sus propios errores y horrores.Ha Habido dinero para los Miles de Anaudicistas (Amigos del Alma), pero No para cumplir con la Constitución, Leyes y Obligaciones Contractuales. Eso dramatiza el que mientras siga en La Fortaleza el AGaPoDesastre/PPD se acrecenta día a día, como ha hecho el PPD en el pasado Medio Siglo.Hay que recordar “El Me Vale”; los 11 meses insultando a los Bonistas (la mayoría han resultado ser Puertorriqueños humildes) y Sin Darle La Cara; la cancelación de los contratos y proyectos para dárselos a sus Amigos del Alma; los Regalos de los Fondos Públicos como el de Ricky Martin; las inversiones fatulas como las del arroz y la caña; los Miles de Anaudices; los $15 Billones que ha “administrado” Sin Obras; las persecuciones a los Pro-USA’s; el Desmantelamiento del Gobierno; la Sustitución de los Oficiales de las Corporaciones Públicas por Activistas del PPD; el Batatarismo en los Departamentos, Agencias y Oficinas del Gobierno que No Trabajan Ni Dejan Trabajar; su Odio a la Libre Empresa y al Libre Mercado; su Mal Gobierno Chavista quizás con el proósito de Quebrar al Gobierno y a Puerto Rico para desmerecernos y evitar la Estadidad?}Pronto se Decidirá el Status de Puerto Rico, hay dos opciones, Estadidad o Separación; el 92% de los residentes en Puertgo Rico se mudarían a un Estado si hay Separación; y el 85-90% ya favorece la Unión, Garantizar su Ciudadanía Americana y las Lbertades de la Democracia Constitucional Americana que sólo Se Logran en la Estadidad. El ELA Siempre Ha Sido una Colonia, Una Posesión, Un Territorio, bajo el Poder Plenipotenciario del Congreso USA. Para el PPD Actual, donde el 90% de su Liderato (Con 90% de su Electorado Pro-USA) Separatistas, es Palabrerías Fantaciosas Falsas y Engañantes.}
La crisis fiscal de Puerto Rico tendrá espacio en la agenda del Congreso de Estados Unidos al reanudar su sesión la próxima semana, con una serie de vistas en las que se estará mirando las particularidades de un mecanismo de quiebra y una junta de supervisión fiscal, confirmaron fuentes a EL VOCERO.
La premura en la agenda se da luego de que el Congreso colgó la posibilidad de cualquier medida de alivio fiscal para Puerto Rico en el proyecto ómnibus en diciembre, hazaña para lo cual estaban cabildeando tanto el gobernador Alejandro García Padilla como el comisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi. Pese al fracaso en conseguir una herramienta legal que le permitiera al gobierno reestructurar su deuda, el presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, se comprometió con atender la situación durante el primer trimestre de 2016.
Estas vistas congresionales suponen la sexta ocasión en que en el Capitolio federal se debate la crisis fiscal de la isla provocada en parte por la deuda pública que alcanza los $72 mil millones. Solamente en 2015, se celebraron tres vistas en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. En una de estas audiencias, el propio asesor del Departamento del Tesoro, Antonio Weiss, reiteró a los congresistas que la insuficiencia fiscal del gobierno de Puerto Rico estaba camino a convertirse en una “crisis humanitaria” ante la imposibilidad de cumplir con el pago de la deuda y los servicios esenciales a la población.
Al reanudar la sesión en enero, el Comité de lo Jurídico tendrá jurisdicción primaria sobre el Código de Quiebra federal y cualquier recurso legal que pueda asistir, incluyendo la paralización temporera de litigios de cobro contra las entidades públicas.
Mientras tanto, el Comité de Energía y Recursos Naturales tiene el primer turno en cuanto a la creación de cualquier junta que supervise al gobierno de Puerto Rico, así como en cuanto a medidas que apliquen a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Espero que tanto el Comité de lo Jurídico como el de Recursos Naturales exploren seria y profundamente maneras en las cuales el Congreso pueda ayudar a Puerto Rico a salir del atolladero fiscal y económico en que se encuentra”, reiteró Pierluisi en declaraciones escritas a preguntas de este rotativo.
Pierluisi recalcó que a pesar de que faltan diez meses para las elecciones, es impostergable actuar “para evitar el desplome total de la gestión pública y la calidad de vida en Puerto Rico”. “Todas las partes envueltas, incluyendo el Congreso, deben hacer lo que les corresponda”, insistió.
El comisionado residente en Washington sometió en febrero el proyecto 870, para permitir a las corporaciones públicas reestructurar sus deudas a través del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. Sin embargo, la legislación solo contaba con el auspicio de la minoría demócrata.
Pierluisi criticó a la administración actual por su “ineficacia” en lograr un acuerdo definitivo con los principales acreedores de la AEE, cuya deuda asciende a $9 mil millones, de los cuales $303.4 millones supuestamente se pagaron al vencer el 1 de enero de 2016. Reiteró, además, que aún no se han establecido acuerdos para atender las deudas en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT).
Pese a que el gobernador García Padilla reiteró ante la prensa estadounidense “si me dan a escoger entre los puertorriqueños y los fondos buitres, voy a escoger a los puertorriqueños”, el Departamento de Hacienda emitió pocos días después una carta circular en la que dictaba que el pago de la deuda garantizada por la Constitución sería el primer desembolso que se haría ante cualquier caso de insuficiencia de fondos, según establece la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Le siguen en este orden: las sentencias finales dictadas por tribunales en los casos de expropiación forzosa, los servicios esenciales de salud, seguridad y educación, y el pago de la nómina y de los pensionados.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
La deuda se chupará unos $4 mil millones entre enero y julio (documento)
El gobernador Alejandro García Padilla. (Josia Bruno Gómez / NotiCel)De enero a julio del 2016, el gobierno deberá pagar unos $3.8 mil millones en deuda de bonos, de acuerdo a un informe de deudas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Según el documento oficial de pagos de deudas, el Estado Libre Asociado, la Universidad de Puerto Rico, 13 corporaciones públicas y el propio BGF $402 millones en febrero, $29.3 millones en marzo, $40.9 millones en abril, $469.4 millones en mayo, $71.3 millones en junio y $1.9 mil millones en julio del 2016. En julio, específicamente, se vence un pago de $779 millones en obligaciones generales del ELA.
Para el mes de enero, el gobierno decidió hacer parte de los $902 millones que se deben, pero no pago unos $35.9 millones de la Autoridad para Financiamiento de Infraestructura (AFI) y unos $1.4 millones de la Corporacion para el Financiamiento Publico (CFP).
Otros pagos significativos del 2016 incluyen unos $318.3 millones que debe COFINA en febrero y unos $422 millones que debe el BGF en mayo. Sin embargo, la isla enfrenta en julio, mes en que comienza el año fiscal 2016-17, varios pagos cuantiosos. Además del pago de $779 millones en obligaciones generales que se debe en julio, la AEE enfrenta un pago de $423.8 millones; la AAA debe pagar $147.5 millones, la AEP unos $177.2 millones y la ACT unos $232.5 millones.
Las cosas se complican porque el Departamento de Hacienda revisó el estimado de ingresos del presupuesto del año fiscal 2015-16 para bajarlo por unos $508 millones. El Congreso tampoco aprobó un mecanismo para ayudar a la isla lidiar con la crisis fiscal al dejar en el tintero la medida que hubiese permitido a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal.
Aunque el Speaker cameral federal, el republicano Paul Ryan, ordenó a varios comités a estructurar legislación para ayudar a Puerto Rico, y las vistas congresionales al respecto se reanudarán la semana que viene, esa legislación podría tardar hasta marzo de 2016. Otro evento con el que no se puede contar de inmediato es la decisión del Tribunal Supremo en el caso de la llamada Ley de Quiebra criolla porque esa decisión podría tardar hasta verano.
La presidenta del BGF, Melba Acosta, advirtió que el uso de más de $100 millones en fondos reservados para hacer los pagos del servicio de la deuda de algunos de los emisores del ELA debe subrayar que el Gobierno se está quedando sin opciones para pagar su deuda. “Otros sacrificios y medidas financieras extraordinarias llevadas a cabo por el Estado por sí solo, sin la participación de otros interesados, no serán suficientes para evitar un incumplimiento incluso en nuestra deuda pública, y mucho menos permitir que la economía crezca a tal punto que los acreedores del ELA tenga una realista de recibir su dinero”, sostuvo en declaraciones escritas. «Otros funcionarios del ELA y yo hemos hablado una y otra vez sobre la grave emergencia que enfrenta el ELA. Es lamentable que los líderes del Congreso hayan pospuesto la decisión de proporcionar a Puerto Rico la ayuda que necesita,” dijo.
Este primer mes de 2016, oficiales del gobierno planifican reunirse con acreedores como parte del proceso de reestructuración de deuda.
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Siguen apostando al Congreso
El secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, dijo que la administración García Padilla espera que el presidente de la Cámara federal, Paul Ryan, atienda el tema de Puerto Rico antes de marzo
El equipo fiscal de García Padilla aún no ha recibido invitación para deponer en las vistas congresionales quecelebrarán desde la semana próxima, informó el titular de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz. Carlos Rivera Giusti/EL VOCEROPor Laura M. Quintero, EL VOCERO – 4:01 amLa esperanza del gobierno de Puerto Rico para cumplir con el pago de sus obligaciones y continuar operando hasta el cierre del año fiscal en junio de 2016, está cifrada de nuevo en la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos apruebe un mecanismo para reestructurar la deuda pública de $72 mil millones antes de marzo.
Aunque el equipo fiscal del gobierno aún no ha recibido invitación para deponer en las vistas congresionales, fuentes legislativas han adelantado que se trabaja en una agenda para evaluar medidas que doten a Puerto Rico de un mecanismo legal para la reestructuración de la deuda pública, así como la creación de una junta de supervisión fiscal que en la práctica pudiera operar como un tipo de sindicatura federal.
“Las conversaciones no han terminado en ningún momento… Esperamos que ahora con las vistas se atienda lo más rápido posible y se cumpla lo que dijo el ‘speaker’ (de la Cámara de Representantes, Paul Ryan) de que se va a atender en este primer trimestre”, expresó el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz.
Tras el pago de cerca de $750 millones de deuda el 1 de enero, el gobierno se va quedando con cada vez menos recursos para garantizar los servicios básicos a la ciudadanía y cumplir con los pagos a los acreedores en las fechas pactadas, en momentos en que el Departamento de Hacienda ha registrado una reducción de los recaudos proyectados a fin de año.
Para saldar parte de esas deudas, el gobernador Alejandro García Padilla, recurrió al mecanismo de ‘clawback’ en el que decretó el impago de deudas “menores” de la Autoridad para el Financiamiento Público, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones, para redirigir el dinero al pago de obligaciones generales. Este mecanismo permitió aunar $164 millones, según el gobernador.
Otros $167.6 provinieron del Fondo General, que precisamente advino en una disminución de recaudos.
Postergar la ayuda a Puerto Rico provocaría, según el comisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi, “el desplome total de la gestión pública y la calidad de vida en Puerto Rico”.
Mientras, la administración García Padilla reiteró como única solución fiscal la aprobación de un mecanismo de quiebra – ya sea mediante ley estatal cuya constitucionalidad está ante la consideración del Tribunal Supremo federal, o mediante la inclusión en el Capítulo 9 del Código de Quiebra federal – para reestructurar la deuda, los miembros de la mayoría republicana se han mostrado renuentes durante el proceso al insistir en la necesidad de obtener los estados financieros auditados.
El aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, quien ha participado de conversaciones con el Partido Republicano, indicó que el liderato congresional ha sido claro en su oposición tanto al impago como a la quiebra. “El insistir en estos mecanismos redundará en que se termine aprobando alguna medida sin la participación del gobierno de Puerto Rico”, comentó en referencia al proyecto de Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado federal, que tendría control sobre el presupuesto de las corporaciones hasta tanto no demuestren buenas clasificaciones para salir al mercado crediticio a tasas de interés razonables, así como para emitir más deuda para cumplir con los pagos.
Para Rosselló, existen otras alternativas como la creación de una comisión conjunta para el manejo de la deuda, propuesta que presentó ante el Congreso federal para “atender el problema de liquidez inmediata, atajar la crisis fiscal y ganar la credibilidad para responder por nuestras obligaciones”.
Aunque públicamente el gobernador ha advertido sobre la posibilidad de un impago, también ha establecido como prioridad evitar incumplir con el pago de la deuda de obligación general, ya que su administración ha advertido que las consecuencias de esto serían peores al provocar el embargo de fondos del Estado Libre Asociado por parte de los acreedores, así como un cierre gubernamental ante la inhabilidad de pagar la nómina y operar.
Colocar como prioridad el pago de la deuda – como se ha hecho mediante carta circular del Departamento de Hacienda conforme a Ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto – deja al gobierno con menos liquidez para cumplir con sus responsabilidades para con la ciudadanía, entre ellas el pago a los transportistas y terapistas de Educación Especial, el pago de los reintegros a los contribuyentes y otros pagos a suplidores entre los cuales se encuentran la reparación y mantenimiento de la infraestructura.
Por su parte, Casa Blanca ha reducido su marco de acción al incluso reiterar mediante el reciente alegato de Justicia Federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que Puerto Rico “sigue siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso”.
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