Identificar a los cientos de donantes que aportaron a la campaña del gobernador Alejandro García Padilla es tarea difícil. Por eso, el contralor electoral, Manuel Torres, aseguró que tomará tiempo en culminar con la devolución de $1.6 millones que recaudó el Primer Mandatario previo a desistir de aspirar a la reelección.

“Es un proceso que va a tardar porque no es tan fácil devolver esa cantidad de dinero. Pueden haber donantes que hayan fallecido, gente que se fue del país, que cambió de dirección”, comentó el funcionario.

De paso, recordó que en el pasado han habido otros políticos que han devuelto dinero a sus donantes porque perdieron la elección o desistieron de aspirar, pero ninguno había recaudado una cifra millonaria. García Padilla logró recaudar hasta el 5 de diciembre, como aspirante a la gobernación, $1,654,674.04. No fue hasta el pasado 14 de diciembre que García Padilla anunció al País -a través de un mensaje televisado- que no interesaba volver a la gobernación de cara a las elecciones del 2016. En su lugar, presentó su candidatura el exsecretario de Estado, David Bernier.

Al momento, la Oficina del Contralor Electoral está inmersa en una auditoría de todos los donativos de campaña que recibió García Padilla con el objetivo de devolverlos. Igualmente, la oficina lleva a cabo un inventario de las propiedades que adquirió el comité de campaña de García Padilla a tono con la Ley 222 aprobada en el 2011.

Asimismo, Torres trabaja en una opinión legal solicitada por el Partido Popular Democrático (PPD) para explicar qué procede en este caso y cuánto de los fondos en el comite denominado “Amigos de Alejandro García Padilla” pueden ser usados por el gobernador. Y es que según explicó, el secretario general del PPD, Jorge Colberg Toro, García Padilla pudiese usar parte de ese dinero para pagar gastos en los que haya incurrido como presidente del PPD.

“Esa opinión legal yo la estaré emitiendo lo más pronto posible”, anticipó Torres.

Entretanto y a tono con la auditoría que hace el Contralor Electoral, el dinero cuyos donantes logren ser identificados debe ser devuelto y el que no pasará al Fondo General, según lo dispone la Ley Electoral.