Luego que la agencia acreditadora estadounidense Standard & Poor’s (S&P) criticó la incertidumbre financiera por la falta de publicación de los estados auditados del gobierno, la secretaria de la gobernación, Grace Santana, discrepó y aseguró que tan solo en 2015 se ha divulgado “la mayor cantidad de información financiera en la historia del ELA”.
Sin embargo, los economistas Argeo Quiñones y Elías Gutiérrez, coincidieron en que la falta de transparencia, que provoca esta incertidumbre financiera, pudiera ser una estrategia judicial y política de la administración de Alejandro García Padilla para mantener a los acreedores con la información mínima de cara a posibles demandas por el impago.
En sus declaraciones, Santana hizo referencia al estudio de flujo de efectivo de Conway Mackenzie, al informe de Krueger y al Plan de Ajuste Fiscal. “Toda la información financiera disponible, expertos independientes y la Administración Obama han sustentado con certeza la gravedad de esta crisis”, reiteró al considerar que la ausencia de los estados no debía ser utilizado por el Congreso de Estados Unidos como “excusa ni pretexto para negarle ayuda a Puerto Rico”.
No obstante, los estados financieros auditados ofrecen información más completa que otros informes comisionados por el gobierno en la medida en que se rigen por estándares de contabilidad por los cuales los auditores tienen que asumir responsabilidad legal; no se hacen en calidad de clientes, ni se deja a disposición del gobierno excluir información. Parte de la responsabilidad de los auditores incluye realizar investigaciones con la administración sobre los métodos de preparación de la información y comprobar la coherencia de los datos provistos.
“Esos informes son producto de estudios encargados por el gobierno para establecer la situación que el Gobierno entendió que tenía. Y lo primero que dijeron – en el caso del informe Krueger, que es el más obvio – fue decir que toda la información fue provista por el cliente y que ellos no habían podido validar o auditar nada”, diferenció Gutiérrez.
En una conferencia a finales de 2015, el gobernador confirmó que la empresa KPMG tenía toda la información, pero ha buscado asesorías adicionales “para cubrir su responsabilidad como contadores públicos”, lo cual pudiera significar que existe una desconfianza en la veracidad de los datos.
El incumplimiento de La Fortaleza con la publicación de los estados financieros auditados del año fiscal 2014-que debieron entregarse hace siete meses- alimenta especulaciones en torno a un crecimiento del déficit tras la caída de los recaudos a fin de año y la emisión de bonos municipales en Estados Unidos de $3,500 millones, que hizo la administración en ese año.
Las esperanzas del gobierno de Puerto Rico de contar con un mecanismo de quiebra para reestructurar su deuda, parecen estar desligadas del interés de publicar los estados financieros auditados del año fiscal 2014, según le han requerido los congresistas estadounidenses previo a discutir cualquier medida para remediar la insuficiencia fiscal de la Isla.
Santana descartó que el incumplimiento de la entrega de los estados financieros auditados vaya a tener un efecto negativo en la disposición de la mayoría republicana en el Congreso a aprobar un proyecto de ley que atienda la deuda pública de $72 mil millones. Argumentó que los estados auditados de los pasados años no impidieron que se hicieran gestiones cuestionables: “cualquiera que haya visto los estados auditados de los pasados años sabe que pasadas administraciones y prestamistas inescrupulosos descansaron en estados auditados para financiar déficits operacionales con las consecuencias obvias que eso conllevaba”.
El propio primer ejecutivo había señalado durante una vista ante el Congreso en octubre pasado que “era una costumbre de diferentes gobiernos anteriores esconder información al mercado para poder tener acceso al mercado”.
En esta ocasión, KPMG ha tenido cuestionamientos adicionales para los cuales ha buscado más asesorías para analizar a fondo los estados financieros consolidados que cubren 120 agencias y tres sistemas de retiro.
El propio Banco Gubernamental de Fomento (BGF) admitió en un documento ante la agencia federal que regula el intercambio de valores (Security Exchange Comission) que surgieron cuestionamientos y atrasos sobre los estados financieros de los tres sistemas de Retiro, se requirieron auditorías adicionales y análisis administrativos de la Policía y se requirió información adicional sobre la liquidez del gobierno. También hubo un atraso por parte de corporaciones y agencias, incluyendo el BGF, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y Transportación en entregar sus respectivos informes financieros.
Los estados financieros auditados son esenciales para detallar la magnitud del déficit y la velocidad con la cual las arcas del gobierno se van quedando sin fondos para cumplir con las obligaciones y los servicios esenciales para garantizar salud, educación y seguridad a la ciudadanía.
La falta de esa información pudiera ser un indicador de que el déficit ha aumentado. El economista Quiñones consideró importante saber si las medidas de austeridad y de recaudos que se implantaron durante el año fiscal 2014 – como por ejemplo, la patente nacional – tuvieron el efecto de agravar la situación o mejorarla.
La falta de transparencia como estrategia
El economista Argeo Quiñones observó que más que ser un mero descuido o error del gobierno, la tardanza pudiera ser parte de la estrategia de la administración, que utiliza la falta de transparencia para dejar desprevenidos a los acreedores cuya deuda – no garantizada por la Constitución – constituirá un impago. “Es como una guerra donde no le puedes anticipar a tu enemigo cuál es tu próxima movida… Creas expectativa de que no puedes pagar y finalmente, pagas. Y así lo van a estar llevando hasta que el Tribunal Supremo (de Estados Unidos) tome una decisión”, comentó en referencia al caso de la llamada Quiebra Criolla.
El economista indicó que la estrategia del gobierno parece ser el impago de la deuda no garantizada constitucionalmente, mientras espera el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal y toma medidas excepcionales para poder pagar la deuda de las Obligaciones Generales. Si la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es favorable, entonces se radicaría quiebra para las corporaciones públicas.
Voces más escépticas desde la Legislatura, que prefirieron conservar su anonimato, consideran que el propio gobierno de García Padilla ha incurrido en la misma práctica que administraciones anteriores, al dar información incompleta al mercado de valores para poder emitir la deuda de $3,500 millones al comienzo de su mandato en marzo de 2013. Los bonos se vendieron a 93 centavos el dólar y con una tasa de interés de 8%. Economistas como Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía, habían advertido que utilizar esos fondos para refinanciar o pagar deudas únicamente ayudaba “a mantener a flote al gobierno de Puerto Rico hasta 2015” sin resolver los problemas fiscales a corto ni a largo plazo.
Sea cuál sea el motivo por el cual el gobierno ha demorado, las razones no pueden ser buenas, en palabras del economista Elías Gutiérrez. “Puede que la situación sea tan mala que no pueda explicarse por herencias de pasadas administraciones. O sea, que revele errores muy graves por esta administración durante los pasados tres años”, puntualizó. De este modo, la falta de publicación puede revelar una de dos opciones, argumentó: “que los estados son contrarios a lo que el gobierno ha estado diciendo en el Congreso o que la situación es peor por decisiones que se han estado tomando en el periodo reciente”.
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