Standard & Poor ‘s inició la nueva ola de degradaciones sobre la calificación de la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (PRIFA, por su siglas en inglés), tras confirmarse un impago de la corporación pública a sus acreedores de $35.9 millones el pasado lunes, tendencia que acorde con los economistas es una acción automática, por lo que no descartan el pronunciamiento en esa misma línea de las otras casas acreditadoras.

Dicha ola de degradaciones coloca la calidad crediticia de los bonos de PRIFA de CC hasta D, el nivel más bajo que otorga S&P, reservado para casos de suspensión de pagos.

Sin embargo, en esta ocasión, la clasificación de los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), que vencía en la misma fecha, no corrió la misma suerte, por lo que no descartan una posible degradación en los próximos días.

Según el informe, las degradaciones se amparan en la concretización de la acción del impago.

La nota de D, “default”, a la deuda de PRIFA es porque ya el impago dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho, cerrando cada vez más, de manera casi permanente, la capacidad de la Isla de regresar a los mercados. Esta situación representa un fuerte riesgo para la Isla debido a la gravedad de la actual situación fiscal de Puerto Rico, con un déficit proyectado para el 2016 de $3,700 millones, según lo estipula el informe Krueger.

S&P ha sido consistente en su pronunciamiento, que aunque es consciente de que hay una intención por parte del gobierno de cumplir con parte de los pagos que vencen próximamente y los bonos de Obligaciones Generales (GO´s) próximos a vencer, la fragilidad en la liquidez y la dificultad para alcanzar financiamiento reducirán más el flujo de caja dentro de los próximos seis meses y no habrá dinero para cumplir. Los economistas coinciden, en que justamente serán los meses de verano los más difíciles en términos fiscales para la Isla y donde mayores impagos pudiesen incurrir.

Economistas consultados por EL VOCERO sostuvieron además, en que cada vez que se emite una degradación por parte de una casa acreditadora, prácticamente se desvanecen las posibilidades de acceder a crédito “razonable” para conseguir bonos en anticipación de pagarés e ingresos (TRAN´s) en la banca privada, aunque se trate de una gestión fuera del mercado inversor.

Economistas como José Alameda entienden que dicha degradación es el resultado de la vorágine económica que vive la Isla tras la acumulación por mucho tiempo de deuda, sin tener la capacidad de crecer. Ante esta tendencia, no descarta la degradación de bonos directamente vinculados con el impago, sino que entiende que bonos indirectos que se nutran del gobierno igualmente pudiesen correr la misma suerte, como es el caso de los bonos de la Universidad de Puerto Rico. “La clasificación de los bonos lo que hace es proveer calidad al crédito y representa las condiciones financieras del cliente. Esta degradación solo evidencia la incapacidad de Puerto Rico para poder pagar y por ende, un estancamiento en su capacidad de poder tomar prestado”.

Para Alameda, la alternativa en estos momentos es un rescate de marco institucional del pago de la deuda o servicio de la deuda, ya sea por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como del Congreso, “ya que de lo contrario la Isla está a la merced de los bonistas y no posee la capacidad ni siquiera para pelear, porque no tenemos el marco legal para ello”.

Para el analista y abogado, John Mudd, la degradación evidencia que los bonos de Puerto Rico “ya no sirven para nada y no esperan que esa deuda se pueda pagar”. No obstante, entiende que el problema se agudiza, ya que los planteamientos que se discutirán en la Cámara y el Senado federal serán el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la y Junta de Control Fiscal, temas, que a su juicio, en nada abonan a resolver el problema fiscal de la Isla.

Aunque los economistas sostienen que la degradación es una consecuencia lógica, que igualmente esperan para todo el gobierno y sus corporaciones, aseguran asimismo que si el gobierno no hace nada por reducir sus gastos e incrementar sus recaudos, será inminente el impago de los bonos constitucionalmente garantizados, lo que genera un impacto de mayor gravedad en el prestigio y capacidad crediticia de la Isla.
Según el economista y profesor universitario, Argeo Quiñones, para que Puerto Rico pueda salir de la depresión que lo arropa por 10 años tiene que además de reducir gastos, e incrementar recaudos de manera legal y administrativa, comenzar el proceso de privatizaciones y reducción del tamaño gubernamental. Quiñones dejo claro que la reducción de tamaño gubernamental no debe implicar despidos.

En tanto, hay un sector de los economistas que interpreta toda esta situación que se vive en la Isla, y que ha traído consigo las consecuencias antes mencionadas, como una estrategia del gobierno para doblegar a los bonistas, acción que igualmente entienden prontamente se deberá agotar. “Las cartas están todas puestas en la mesa, lo que se está esperando es la jugada final y para eso se tiene que conocer si el gobierno está mintiendo para mantener la confusión sobre la falta de liquidez y el monto total de la deuda. Entiendo que la estrategia de litigación y negociación del servicio de la deuda se pudo haber manejado de otra manera y no se ha hecho. Persiguen negociar, pero los estados financieros son inexistentes, nadie conoce la verdadera situación fiscal de la Isla”, apuntó el economista Elías Gutiérrez.

Aunque el pesimismo pareciera imperar en todos los ambientes de la Isla, todavía hay una luz de esperanza, aunque opacada. El economista José J. Villamil todavía tiene la esperanza de que los impagos terminen siendo mucho menos que lo que se espera, al igual que entiende que el impago de los bonos garantizados constitucionalmente no se va a concretizar. La razón para ello, es que entiende el gobierno cuenta con los recursos económicos para poder cumplir con gran parte de esa responsabilidad, por lo menos los primeros seis meses del año. “El gobierno tiene la capacidad de pago para poder cumplir hasta el verano, momento en que se complica el cuadro por las altas responsabilidades económicas a la que tiene que hacerle frente en esos dos meses”, sostuvo. “Entiendo que justamente entre junio y julio es que mayores impagos registrará la Isla”, concluyó.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.

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El impago es culpa del Gobernador

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El 30 de diciembre de 2015, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, anunció una nueva ronda de impagos con relación a la deuda pública de la Isla.  Ese impago se constituyó al dejar de pagar, el 4 de enero de 2016, $35.9 millones y $1.4 millones en intereses correspondientes, respectivamente, a los bonos adeudados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).  En total, el impago de enero ascendió a $37.3 millones y en lo que va de año fiscal se ha dejado de pagar $263 millones que se le adeudan a los bonistas.

Los más respetados y autorizados economistas de Puerto Rico están de acuerdo: AGP/PPD es el Culpable de la Crisis

Estos impagos son de la entera responsabilidad del gobernador García Padilla, por sus propias erradas decisiones fiscales y económicas, y en nada obedecen a problemas heredados.  Repasemos alguna de la evidencia que así lo demuestra.

En su primer mensaje sobre la situación del país, pronunciado ante la Asamblea Legislativa el 25 de abril de 2013, el gobernador propuso un incremento en gastos de $752 millones para el presupuesto del año fiscal 2013-2014.  Con ese presupuesto, que finalmente se aprobó con un aumento de alrededor de $700 millones, se cambió la política pública hacia aumentar los gastos del gobierno.  Como consecuencia, antes de terminar ese año fiscal, en febrero de 2014, las agencias clasificadoras degradaron la deuda pública de Puerto Rico a niveles considerados “chatarra”.  Desde entonces, los gastos que se han reducido han sido parte de esos mismos que aumentó la actual administración, pero no ha habido un intento serio de realmente reducir los gastos del Gobierno de Puerto Rico.

Más recientemente, de acuerdo al Bureau of Labor Statistics del gobierno federal, desde enero de 2015 (230,300) hasta noviembre de 2015 (231,800) el empleo en el Gobierno de Puerto Rico ha aumentado por +1,500 personas.  Además, se ha informado sobre la otorgación de contratos corruptos y se ha estado desperdiciando dinero en consultores que no son necesarios.

Si el gobernador García Padilla hubiese tomado las acciones requeridas para reducir éstos y otros gastos públicos innecesarios, y si hubiera mantenido una política pública dirigida a honrar los compromisos del gobierno y sus agencias, los pagos a los bonistas se hubieran podido realizar sin problema alguno.

Es altamente irresponsable y vergonzoso que el gobernador García Padilla haya decidido jugar a la política ideológica relacionada con el estatus en lugar de manejar responsablemente los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico.  Después de todo, esto no es culpa del Congreso por eliminar la Sección 936.  Esa eliminación no tuvo nada que ver con este impago.

Cuentan que a Don Luis Muñoz Marín le preguntaron un día “Don Luis, ¿a qué se debe el progreso de Puerto Rico” y él respondió “a eso mismo, a que se debe”.

Consciente de esa realidad, Don Luis Muñoz Marín estableció la tradición de un buen manejo de las finanzas públicas en Puerto Rico.  Así dejó claramente establecido que salvaguardando el buen nombre y el crédito del Gobierno de Puerto Rico es como mejor se le sirve al pueblo, pues así es que se pueden financiar las obras que mejoran su calidad de vida.

El gobernador García Padilla pretende hacernos creer que el no pagar las deudas constituye prueba de que no se pueden pagar las mismas.  Por el contrario, en el caso del Gobierno de Puerto Rico, no pagar las deudas es evidencia de falta de voluntad para hacerlo.  Por el bien del pueblo de Puerto Rico, ya es hora de detener esa práctica.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día,

7 de enero de 2016, página 44.

Copyright (Derechos Reservados) © 2016, Carlos A. Colón De Armas

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Gobernador arremete contra casas acreditoras

Por Nydia Bauzá / nbauza@primerahora.com01/06/2016 |05:50 p.m.

Asegura que está evaluando candidatos para integrar Junta de Recuperación Fiscal.

Utuado- El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy, miércoles, que está evaluando candidatos para integrar la Junta de Recuperación Económica y Fiscal.

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  Anuncian primera escuela de tenis de mesa en Puerto Rico

Al mismo tiempo, criticó las casas acreditadoras que reclaman los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico de 2014 y 2015.

“Esa es una excusa que están utilizando los acreedores para tratar de impedir que se legisle. Digo que es una excusa y los voy a desenmascarar aquí. Si hubiera un proceso de reestructuración legislado lo primero que tiene que hacer el deudor, es decir, el pueblo de Puerto Rico, es probarle a un juez que no puede pagar…Por lo tanto, si ese es el argumento, pues deberían favorecer el procedimiento de reestructuración”, afirmó García Padilla.

Las declaraciones del gobernador surgieron al responder preguntas de la prensa, tras anunciar la creación de una escuela especializada de tenis de mesa, en el Complejo Deportivo de Utuado.

“Standard & Poor quiere aplicarle a Puerto Rico la rigurosidad que no le aplicó a Lehman Brothers y Enron. Ahora se hacen los rudos, porque perdieron toda credibilidad, porque el mercado no les cree. Ellos les cerraron el mercado a Puerto Rico para después decir que Puerto Rico no tenía acceso al mercado”, argumentó.

Sobre la demora en la publicación de los estados financieros, García Padilla declaró que “todo el mundo sabe que no es el gobierno de Puerto Rico el que saca los informes”.

“Los sacan unas empresas privadas que tienen la información de nuestra parte y que están haciendo el análisis que ellos entienden que están haciendo. Creo que se han demorado, pero lo importante es que saquen los estados y que sean responsables”, sostuvo García Padilla al tiempo que rechazó que la demora se deba a que su administración no le ha suministrado toda la información a KPMG, la empresa de contadores contratada por el gobierno.

Dijo que las personas que reclaman la publicación de los estados financieros de Puerto Rico “representan intereses ajenos” a la Isla. KPMG es responsable de someter los documentos en cuestión.

“Hay prisa y hay que sacar esos estados, pero la realidad es que nadie tiene que esperar a que saquen esos estados para saber cuál es la realidad de Puerto Rico”, insistió el Gobernador.

“Cuando había estados financieros se permitió por el mercado, por los mismos que hoy los reclaman, el descalabro financiero que hubo, y se permitió que Puerto Rico tomara más prestado de lo que podía pagar. Parece que aquellos que ahora reclaman estados financieros, o no los leyeron o no les hicieron mucho caso, porque prestaron mucho más de lo que debían prestar y permitieron que Puerto Rico tomara prestado más de lo que debía”, dijo García Padilla.

Un reportero le preguntó si los estados financieros de entonces estuvieron falseados y respondió que no tenía “información en esa dirección”.

Asimismo, señaló que independientemente de que el Congreso de Estados Unidos apruebe legislación para nombrar una junta de control fiscal federal en el País, nombrará los cinco miembros de la junta local.

“Nosotros aprobamos nuestra propia junta y le he dado la bienvenida a la posibilidad de una junta que respete la división de poderes y el sistema republicano de gobierno del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Indicó que está evaluando “nombres” para los integrantes de la junta local y sostuvo que tienen que ser personas “de mucha credibilidad internacional, no solamente local y que no pueden estar atados a los parámetros que atamos en Puerto Rico, particularmente relacionados a la política partidista local”.

“Por primera vez la deuda se ha reducido, yo tomé la deuda en $72,000 millones y está en $69,000 millones. Aun en la crisis se ha reducido y no hemos despedido un solo funcionario público”, puntualizó García Padilla.

Atribuyó la crisis fiscal al Congreso, “por eliminar la Sección 936”, al mercado “por prestar más de lo que Puerto Rico podía tomar prestado pagando” y a que Puerto Rico entre 2006 y 2012, duplicó su deuda. “Entre 2006 y 2012, el gobierno de Puerto Rico fue irresponsable. En 1996 el Congreso fue irresponsable y en ese mismo período, el mercado fue irresponsable. ¿Cuál era la ecuación de Standard & Poors, Moody’s y Fitch en aquella ocasión? La misma de Lehman y de Enron: ninguna, miraban para otro lado”, argumentó.