Tan pronto se hizo público el alegato presentado en el Tribunal Supremo Federal por el Procurador General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Donald Verrilli, en relación al caso de “Pueblo vs. Sánchez Valle” sobre la “doble exposición” en casos criminales, los colonialistas en Puerto Rico sufrieron episodios de histeria, vahídos y convulsiones. Como si hubieran entrado a los confines desconocidos del “más allá”. ¿Cuál es el espanto? Nada nuevo bajo el sol colonial. El ELA ha sido y es un territorio colonial; tan bochornosa y descaradamente como eso. Hoy, a pesar de que somos ciudadanos americanos por nacimiento desde 1917, estamos pagando las consecuencias de 118 años de desigualdad, discrimen y limitaciones coloniales; 64 años de esos bajo la farsa y el engaño del ELA.

Ese alegato del Procurador General es exactamente la misma posición que todos los gobiernos federales de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, han repetido cientos de veces desde 1898. Puerto Rico es una “propiedad” y un “territorio” colonial sujeto a los poderes y la soberanía del Congreso desde que se firmó el Tratado de París en 10 de diciembre de 1898 y que dio por terminada la Guerra Hispano-Estadounidense. Con ese Tratado, España reconoció la independencia de Cuba. Por su parte, Filipinas, Guam y Puerto Rico, hasta entonces propiedades de la Corona Española, fueron cedidas como “botín de guerra” a los Estados Unidos que, además, le pagó a España el equivalente de 20 millones de dólares. Ese Tratado, por lo tanto, es el título de propiedad y de soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.

El Artículo IX de ese Tratado, incluso, dispone que: “Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.” En el caso específico de Puerto Rico, los Estados Unidos nunca han renunciado total ni parcialmente al ejercicio de esa soberanía adquirida bajo el Derecho Internacional. Nada de eso ha cambiado.

A los colonialistas, lo más que les afectó emocionalmente fue la cruda sinceridad de este alegato del Departamento de Justicia Federal ante el Tribunal Supremo. Primero, porque quedo claro que el ELA en nada cambió la condición de subordinación colonial o territorial de Puerto Rico a partir del Tratado de París. Segundo, la inexistencia de soberanía propia del ELA. Tercero, que el ELA tiene menos autoridad que la que posee una reservación indígena dentro de los Estados Unidos. Cuarto, que el Congreso puede disponer de Puerto Rico mientras sea una colonia, incluyendo el discrimen al momento de asignar fondos federales o hasta canjear a Puerto Rico en otro tratado internacional. Eso es el ELA. Con la estadidad, sin embargo, el Congreso no tendría ninguno de esos poderes sobre Puerto Rico.

Alegar que la frase “con el carácter de un convenio” (“in the nature of a compact”) contenida en el Artículo I de la Ley 600 del Congreso en 1950 constituyó una pacto de soberanía para Puerto Rico es una falsedad; una falta de respeto a la inteligencia de cualquiera. Con eso han jugado mucho los colonialistas hace décadas. Hasta hablaban de “pacto bilateral” o “convenio único”. A lo que realmente se refiere esa frase es que nuestro pueblo aceptaba que los Estados Unidos, en el ejercicio de su soberanía sobre Puerto Rico, autorizaba un proceso legislativo-electoral mediante el cual los habitantes de la Isla podrían establecer su propia Constitución para reglamentar la estructura de un gobierno territorial o colonial de estructura republicana (tres ramas de gobierno); solamente con alcances locales; y con una Carta de Derechos para proteger a los ciudadanos de las acciones de ese gobierno local. Ese fue el pacto: que los puertorriqueños redactarían y votarían por un “borrador de Constitución” bajo la aceptación de esa ley federal, unilateralmente aprobada sin nuestra participación y que de su propia faz reiteraba la soberanía del Congreso sobre la Isla.

Para que no quedara dudas en cuanto a la soberanía de los Estados Unidos sobre el territorio o colonia, en su Artículo III, esa misma Ley 600, dispuso: “Al ser adoptada la constitución por el pueblo de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos queda autorizado para enviar tal constitución al Congreso de los Estados Unidos, si él llega a la conclusión de que tal constitución está de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Ley y de la Constitución de los Estados Unidos. Al ser aprobada por el Congreso, la constitución entrará en vigor de acuerdo con sus términos.”

Entiéndase que, aunque los puertorriqueños celebráramos una Asamblea Constituyente, redactáramos esa constitución siguiendo las guías federales y se aprobara por los electores en un referéndum, el gobierno federal, precisamente en el ejercicio de su soberanía, siempre se reservó la última palabra en cuanto a si aceptaba, rechazaba o enmendaba unilateralmente lo que fuese aprobado en Puerto Rico. Ese fue realmente el mal llamado “pacto” y no ningún reconocimiento de soberanía. De hecho, se realizó la Asamblea Constituyente, los electores votaron aprobando su propuesta de Constitución. Posteriormente, el Congreso recibió la Constitución del ELA y la enmendó unilateralmente eliminado cláusulas de la Carta de Derechos que habían sido aprobadas por el voto de los puertorriqueños. Esa Constitución entró en vigencia con esa acción unilateral de Congreso.

Ahora plantean que la posición de los Estados Unidos en el alegato del Procurador General, representa la evidencia del engaño federal al gestionar la aprobación de la Resolución 748 (VIII) de la Asamblea General de la ONU. Esa resolución liberó a los Estados Unidos de continuar presentando informes anuales sobre cualquier progreso realizado en materia de autonomía en los territorios “no autónomos”; es decir, las colonias que eran administradas directamente desde la metrópolis. Durante 63 años callaron, fueron cómplices de un engaño más.

Después de todo, mire usted qué asunto tan importante plantean los colonialistas, una resolución de la ONU que afín de cuentas se reduce a nada que alumbre la vida o el progreso de este pueblo. Otro planteamiento liviano en lugar de reconocer que el problema fundamental de Puerto Rico es el colonialismo que nos arrastró a la quiebra; una colonia sin futuro ni remedio; que no paga sus deudas; que no les paga a sus contribuyentes; que tiene los salarios más bajos, pero el costo de vida y las contribuciones más altas bajo la bandera americana; que su población se reduce porque decenas de miles emigran cada año buscando la estadidad fuera de nuestra tierra; que sus agencias y servicios públicos son un desastre.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.