El gobernador Alejandro García Padilla afirmó esta tarde que está listo para encarar la demanda federal que instaron en su contra las aseguradoras Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y Ambac Guaranty Corp. por activar la cláusula de retención de ingresos de corporaciones públicas, conocida como “clawback” para el pago de parte de la deuda pública.

“No hemos sido emplazados y estaremos preparados. Me reafirmo en que el Congreso (de Estados Unidos) pudo haber evitado esto. Está a tiempo de evitarlo. Esto es el disparo de salida de las carreras de las partes hacia la corte sin un marco jurídico que proteja a los demandantes y a los demandados”, sostuvo esta tarde García Padilla en unas declaraciones a este medio, en La Fortaleza.

El mandatario añadió que “muchas veces” había anticipado el litigio de los acreedores.

En horas de la mañana, tras darse a conocer el pleito, García Padilla indicó en unas declaraciones escritas que la acción legal “provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que el Estado Libre Asociado (ELA), cumpla con sus pagos a pesar de que no contamos con un andamiaje legal para resolver esta inminente crisis de litigación”.

En la demanda, Ambac y Assured solicitan una orden declaratoria que ratifique que se violó la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que “no tienen fuerza ni efecto” las órdenes ejecutivas para activar el “clawback”.

En la acción civil presentada por los abogados Diana Pérez Seda y Heriberto Burgos, recuerdan que las órdenes son a los efectos de que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera, retengan o transfieran fondos de impuestos que eran para asegurar el pago de los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de la Autoridad del Distrito de Convenciones, “en violación de la Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y del debido proceso”.

Los demandantes alegan que el acto constituye una “apropiación y desviación de fondos de bonos que priva a los demandantes y bonistas de sus intereses de propiedad legales y debidos procesos en cuanto a los fondos”.

Zaragoza y Rivera están incluidos como demandados, al igual que el secretario de Justicia, César Miranda; el secretario de Estado, Víctor Suárez; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, y el subsecretario de Hacienda, Juan Flores Galarza.

Los demandantes, mediante comunicado de prensa, expusieron que, aunque el Gobierno tiene el derecho de redirigir dinero para hacer los pagos mencionados, “ese derecho está sujeto a condiciones previas importantes”.

Según el Wall Street Journal, Ambac y Assured tienen cerca de $8,000 millones de la deuda pública de Puerto Rico que alcanza los $70,000 millones.

García Padilla advirtió que los acreedores de Puerto Rico pronto van a enfrentarse a un procedimiento en el que no cuentan con un estado de Derecho en el que sus reclamaciones se atiendan de manera organizada, un escenario, dijo, incierto para todas las partes.

El primer ejecutivo también responsabilizó nuevamente al Congreso de Estados Unidos por no haber actuado para establecer un proceso ordenado de reestructuración de la deuda que sea positivo tanto para ELA como para los acreedores.

“Dicha acción congresional no representa costo alguno para los contribuyentes de los Estados Unidos”, insistió.

“Lamentablemente, el Congreso – que responde a los cabilderos de Wall Street – ha ignorado la crisis de Puerto Rico y, en vez, ha preferido que los 3.5 millones de ciudadanos americanos de la Isla y sus acreedores entren en un caos”, agregó.

El gobernador sostuvo que el Congreso “todavía puede evitar que esta crisis humanitaria que está a punto de suceder se salga de control, si aprueba inmediatamente el Puerto Rico Emergency Financial Stability Act of 2015 que presentó en diciembre la representante Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, y los senadores Reid, Warren, Blumenthal y Schumer, y concediéndole a Puerto Rico una facultad amplia de restructuración de sus deudas. El pueblo de Puerto Rico merece acción rápida y decisiva del Congreso”.

En cuanto a la más reciente degradación de bonos, García Padilla volvió a increpar a las casas acreditadoras.

“¿Dónde estaban ellos cuando Puerto Rico cogió ese dinero sin poderlo pagar? ¿Dónde estaba Moody’s?; ¿Dónde estaba Standard & Poor’s y dónde estaba Fitch? Estaban en la actitud que provocaron la quiebra de Enron, el fraude de Lehman Brothers: mirando para otro lado y ahora quieren ser rudos con Puerto Rico, cuando todas esas emisiones de bonos, que se hicieron de más, ellos las calificaban como positivas sabiendo los números que tenía Puerto Rico… Los responsables en parte, son ellos también”, sostuvo García Padilla.

Dijo que las degradaciones múltiples demuestran que “ellos actúan unos siguiéndose a los otros”.

Sobre los nombramientos que debe hacer de los ocho integrantes de la Junta de Recuperación Económica y Fiscal, el gobernador indicó que sigue evaluando candidatos, pero no soltó prenda.

“Se están evaluando los nombres… hay que hacerlo bien”, sostuvo sin precisar cuándo espera completar el proceso de selección de candidatos.