Stephanie Gómez y Melissa Correa, EL VOCERO
La aseguradora de bonos Ambac Financial Group solicitó al juez federal José Fusté que declare inconstitucional la cláusula de retención de ingreso de las corporaciones públicas para pagar parte de la deuda, conocida como “clawback”.
La petición de la corporación, que es aseguradora de parte de las emisiones de crédito de la Isla, está acompañada de una demanda contra el gobierno de Puerto Rico.
Los demandantes solicitan que el juez emita una sentencia declaratoria que ratifique que se violó la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Como codemandante en el pleito sometido en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, figura también la aseguradora Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp.
De acuerdo a los demandantes, el Gobierno no puede utilizar este mecanismo de suspensión de transferencia de fondos porque para el 2016 el Gobierno proyecta $9 mil millones en recursos, que exceden el servicio de la deuda de $1.85 mil millones. Según los demandantes, la implementación del ‘clawback’ contribuyó al impago del Gobierno de $36 millones en intereses a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en enero 1, y provocará el impago a los bonos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Distrito del Centro de Convenciones. “Ambac Assurance satisfizo su obligación de hacer el pago puntual de aproximadamente $10 millones de reclamaciones relacionadas con bonos AFI a sus aseguradoras”, indicó la empresa demandante a través de un comunicado de prensa.
Nader Tavakoli, presidente y consejero delegado de Ambac, indicó por su parte, que durante los pasados meses han estado en conversaciones amistosas con el Gobierno, pero que estos se han limitado a culpar a los bonistas y al Congreso por los problemas fiscales para “desviar la responsabilidad y obtener la aplicación retroactiva de las leyes de quiebra”.
“Más recientemente, el Estado Libre Asociado desvió ilegalmente los ingresos tributarios recaudados por el gobierno para el propósito específico de apoyar los bonos de AFI, con el fin de financiar las cuentas generales del gobierno”, sostuvo.
Hizo un llamado al Gobierno para que cese de utilizar “tácticas ilegales” y comience “negociaciones de buena fe” en lugar de confrontaciones.
“Aunque estamos optimistas de que el gobierno de Puerto Rico comenzará a actuar de manera responsable, en este momento no tenemos más remedio que proteger a nuestros grupos de interés a través de un recurso judicial”, manifestó Tavaloki.
El recurso legal, sometido por los abogados Heriberto Burgos, Diana Pérez y Roberto Cámara, alega que las órdenes ejecutivas y cartas circularas que instruyen al Secretario de Hacienda a retener o transferir fondos pagaderos a los bonistas son ilegales e inconstitucionales. Los desvíos ocurrieron en la Autoridad de Carreteras y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.
Por su lado, el gobernador Alejandro García Padilla anticipó que esta acción provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que ELA cumpla con sus pagos, “a pesar de que no contamos con un andamiaje legal para resolver esta inminente crisis de litigación”.
A su vez, expresó que el escenario tanto para los acreedores como para el Gobierno será incierto ya que no hay un marco de derecho donde sus reclamaciones puedan ser atendidas, ya que Puerto Rico no tiene acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, que permite la reestructuración de las municipalidades.
“Es lamentable que el Congreso de los Estados Unidos no haya tomado acción aún para establecer un proceso ordenado de reestructuración de nuestra deuda que sea positivo tanto para ELA como para los acreedores. Dicha acción congresional no representa costo alguno para los contribuyentes de los Estados Unidos”, manifestó a través de declaraciones escritas, al plantear que el Congreso le responde a los cabilderos de Wall Street.
Al mismo tiempo, le solicitó al Congreso que para “evitar esta crisis humanitaria que está a punto de suceder” apruebe inmediatamente el Puerto Rico Emergency Financial Stability Act of 2015 que presentó en diciembre la representante federal Nancy Pelosi.
En sí, el “clawback” permite la suspensión de la transferencia de fondos de las corporaciones públicas seleccionadas por el gobierno hacia el fideicomisario de cada emisión para el pago de las obligaciones, y en su lugar destinarlo al Departamento de Hacienda.
La orden ejecutiva fue fundamentada en el Artículo VI Sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Dicha cláusula de la Constitución dispone que cuando los recursos no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá al pago de los intereses y amortización de la deuda y luego se harán los de acuerdo a la norma de prioridades que se establezca en ley.
Al anunciar el uso de este mecanismo, funcionarios del gobierno anticiparon que podrían surgir demandas,
La estrategia del “clawback” debe producir entre diciembre de 2015 y junio de 2016 unos $329 millones.
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