Washington, DC.- El Comisionado Residente Pedro Pierluisi, presentó ayer una decena de medidas que el gobierno federal y el Congreso pueden aprobar inmediatamente y que resultarían en crecimiento económico para la Isla, abaratando el costo de la electricidad.
Pierluisi detalló las medidas en un turno inicial que tuvo ante la Subcomisión de Energía y Recursos Minerales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde por decisión del liderato demócrata en el Congreso lideró dicha delegación en la vista.
“El alto costo de la electricidad para los hogares y negocios en Puerto Rico obstaculiza el crecimiento económico y estimula la migración”, dijo Pierluisi, al abogar por legislación que incluya disposiciones para hacer que la energía eléctrica sea más barata en la isla.
El Congreso es el que Manda en la Colonia del ELA
“El Congreso aprobó una ley que requiere que el Secretario del Interior nombre un equipo de expertos para desarrollar un plan de acción energética para Puerto Rico, pero el Secretario afirma que no tiene los fondos para preparar el plan. El Congreso debe reasignarle la responsabilidad por el referido plan al Departamento de Energía y asegurarse de que el plan se elabore prontamente”, expresó.
Pierluisi pidió también que el Congreso enmiende la ley federal para darle trato igual a Puerto Rico bajo LIHEAP, un programa federal que ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar sus facturas de electricidad. “Convencí al gobierno federal de tomar las medidas administrativas necesarias para aumentar los fondos de LIHEAP de Puerto Rico, de $4 millones a $15 millones al año, pero con trato similar a los estados sería $24 millones anuales”, explicó.
Planta AEE
De igual modo, abogó por que el Congreso extienda créditos fiscales federales para alentar a los hogares a instalar tecnología de energía renovable y de eficiencia energética que en este momento no aplican en Puerto Rico. “El Congreso debe extender estos créditos a Puerto Rico, a través de un mecanismo por el cual la isla ofrezca los créditos a través de su sistema contributivo local y el gobierno federal compense al gobierno del territorio por los ingresos perdidos”, indicó.
Asimismo, el Comisionado Residente explicó que el Congreso ha autorizado -pero nunca ha provisto- los fondos para dos programas de asignaciones específicas a territorios que ayudarían Puerto Rico a reducir su dependencia del petróleo extranjero y mejorar su sistema de distribución de electricidad.
Además, urgió al Congreso aprobar un proyecto de ley de su autoría para aumentar el número de buques autorizados para el transporte de gas natural licuado desde los estados a Puerto Rico, y requerirle al Departamento de Energía que prepare un informe sobre la posibilidad de convertir a Puerto Rico en un centro de distribución en la región del Caribe de gas natural licuado producido en Estados Unidos.
A nivel de Puerto Rico, Pierluisi aseguró que las operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica requieren una reforma fundamental, y que solicitará un informe de progreso a Lisa Donahue, principal oficial de reestructuración de la AEE desde 2014.
El Comisionado Residente apuntó a que la AEE debe diversificar su suministro de combustible, reducir la dependencia del petróleo y aumentar el uso de gas natural y energías renovables.
Aseveró, a su vez, que el sector privado debe tener un papel más importante en el desarrollo del sistema de energía de Puerto Rico y abogó por las alianzas público privadas. “Actualmente, la AEE compra electricidad generada por dos empresas privadas, EcoEléctrica y AES. Alianzas público-privadas adicionales podrían beneficiar a los consumidores”, expresó.
“Habrá apagones en toda la Isla”
La oficial de reestructuración contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, advirtió ayer al Congreso de Estados Unidos que la insolvente corporación se quedará sin efectivo en julio de este año, y de no prevenirlo, los residentes y comerciantes de toda la Isla se enfrentarán a apagones masivos.
“Si no hay suplidores dispuestos a importar petróleo, no tendremos capacidad de generar electricidad, y eso significaría que ocurrirán apagones y grandes reservas (de energía). Sería un desastre si la AEE se queda sin efectivo y sin habilidad de producir energía. Habría apagones en toda la Isla”, mencionó la directora de la firma de consultoría AlixPartners.
La AEE se enfrenta a la obligación contractual de pagar más de $1,000 millones en julio de este año y, pese a que cuenta con menos de la mitad de ese dinero en efectivo, no podrá compensar la diferencia con los ingresos de operaciones durante este período.
A falta de una reestructuración financiera, la AEE será incapaz de pagar, manifestó. Los apagones indefinidos afectarían tanto a comerciantes y empleados de fábricas como a residentes de la Isla, afirmó Donahue, quienes quedarán inhabilitados de usar enseres eléctricos de los cuales dependen para satisfacer sus necesidades básicas.
La consultora no pudo precisar si se excluirá a hospitales o escuelas de los agresivos planes para cortar el suministro de energía a deudores. Se limitó a contestar que luego de varios intentos de negociación, emitieron un aviso público donde amenazaban con cortar la energía a tres hospitales. “Lo que terminó pasando fue que nos pagaron”, respondió a preguntas del congresista puertorriqueño José Serrano. El Departamento de Educación también está en la lista de deudores, por lo cual según Donahue se ha negociado un plan de pago para evitar que se corte la electricidad a las escuelas.
Durante la vista del Comité de Recursos Naturales, la jefa de reestructuración admitió que el acuerdo al que llegaron con el 70% de los acreedores de la deuda de la AEE es frágil, en cuanto a que requiere que el 92% de los acreedores se acojan al proceso voluntario de reestructuración para que sea válido. La corporación necesita que únicamente permanezcan fuera del acuerdo los dueños de $700 millones de la deuda. Es decir, que aún faltan por integrarse los acreedores de $2 mil millones, de una deuda de casi $9 mil millones.
El acuerdo también requiere que la legislatura de Puerto Rico apruebe un proyecto de ley que crearía la “Corporación para la Revitalización de la AEE”, con el propósito de emitir deuda nueva que permita refinanciar la deuda existente a 85 centavos por dólar. Muchos senadores y representantes han mostrado reservas con las garantías que se ofrecen a los bonistas. “Hay debate sobre la titularización… de si es bueno y conveniente para Puerto Rico o no, pero eso todavía no está adjudicado. Estoy escuchando argumentos”, admitió el presidente senatorial Eduardo Bhatia, al salir de una reunión con el gobernador en la mañana del lunes.
La expectativa de los ejecutivos de la AEE es obtener una tasa de interés entre un 4 a un 4.75%, comunicó el director de la corporación, Javier Quintana Méndez, en una entrevista previa con El VOCERO. Sin embargo, los bonos de Puerto Rico deben tener una clasificación alta en el mercado de valores, según las condiciones que les pusieron estas compañías.
“Me gustaría ser optimista y me gustaría decir que el acuerdo se llevará a cabo porque todos hemos trabajado fuertemente para lograr una solución balanceada”, comenzó diciendo Donahue a preguntas de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez. Entonces reconoció: “creo que conseguir los acreedores de los $2 mil millones de la deuda -algunos de los cuales son inversionistas individuales; no todos son fondos buitres, y otros son emisores originales- será un reto. Otro reto será el requerimiento de las clasificaciones altas. Eso es necesario para conseguir los ahorros de las tasas de interés”.
Indicó, además, que la situación fiscal del Estado Libre Asociado puede tener un efecto sobre los acuerdos de reestructuración de la AEE. “Tampoco podemos ver a la AEE como un ente independiente porque muchos de sus clientes son el gobierno y la base de manufactura en Puerto Rico. Creo que la calificación de la tasa de inversión dependerá en parte de lo que ocurra en Puerto Rico”, observó.
Dentro de un marco amplio de necesidades de la AEE, sólo hay una que está bajo el control de la propia corporación, admitió Donahue, y esa es lograr eficiencias operacionales. Es decir, que la corporación pública está sujeta en gran medida a la ayuda que provenga tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno federal.
El presidente del Senado, quien estuvo presente en la vista reconoció que desde la legislatura puertorriqueña “falta mucho por hacer”, pero urgió al Congreso de Estados Unidos a “brindarle a Puerto Rico las herramientas necesarias para que Puerto Rico pueda superar la delicada situación que tiene ante sí”.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
Un futuro dictado por la privatización y la quiebra
En el pulseo habitual que toma lugar en el Congreso, los demócratas expresaron que la deuda de la AEE es impagable sin que se apruebe una extensión del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, mientras los detractores de este mecanismo limitaron la responsabilidad sobre el gobierno de Puerto Rico con el interés de que se presenten mejoras operacionales a la corporación, así como que se ceda la generación de energía a los intereses de inversionistas estadounidenses.
“He sido contactado por personas que pueden estar interesadas, pero están esperando a ver si la legislatura de Puerto Rico aprueba la Ley de revitalización de la AEE y la Comisión de Energía aprueba las tasas revisadas. Sólo así el sector privado tiene la visibilidad y la seguridad. Es por eso que he mencionado la credibilidad como un factor clave de la reconstrucción de la AEE y de la infraestructura energética”, detalló el licenciado Jorge San Miguel, presidente del bufete Ferraiuoli LLC.
“Hay un montón de inversionistas de clase mundial y de EEUU en espera para armar transacciones (con el gobierno) que deben ser muy favorables”, agregó quien se opuso a un mecanismo de quiebra porque aseguró que el Gobierno de Puerto Rico ha sido irresponsable con las alternativas que están a su alcance.
La AEE se enfrenta a una obligación contractual de más de $1,000 millones en julio de este año, pese a que cuenta con menos de la mitad de ese dinero en efectivo. Según la oficial de reestructuración Lisa Donahue, tampoco tiene a su alcance suficientes recaudos para compensar la diferencia durante este semestre.
“Utilizaría el Capítulo 9 como un mecanismo para facilitar el acuerdo que tenemos sobre la mesa con los acreedores. Eso ayudaría a facilitar el acuerdo al atraer a los que se resisten a reestructurar la deuda”, mencionó Donahue en referencia al interés de evitar un proceso de litigio como el ocurrido en Argentina.
Donahue, sin embargo, reconoció que desconocía si un mecanismo de bancarrota reduciría las facturas o impulsaría al sector manufacturero.
En tanto, el representante republicano de Idaho, Raúl Labrador, preguntó por qué la agencia estaba teniendo problemas para cobrarle a los municipios y exhortó a los funcionarios a encontrar sus propias soluciones a la crisis financiera. “No apoyaré legislación federal si aquellos responsables por la deuda no asumen responsabilidad. No necesitan el Congreso para ser responsables”, dijo.
Sin embargo, la congresista Nydia Velázquez refutó esa declaración: “el Congreso también debe asumir responsabilidad. Fue el Congreso el que le dio a Puerto Rico la protección de la Ley de Quiebra desde 1933 a 1984. Cuando la Ley fue reformada, Puerto Rico fue excluido. Cuando se revisa el récord congresional, no hay razón alguna de por qué Puerto Rico fue excluido”.
Propuestas del sector privado
El costo elevado y la inestabilidad del servicio de energía eléctrica es uno de los principales factores que incide en la economía de Puerto Rico, advirtió el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rivera Vélez, quien nombró el ejemplo de Procter & Gamble, compañía que cerrará una planta en Puerto Rico porque los costos de energía están afectando su operación.
El también representante de la Coalición del Sector Privado solicitó al Congreso que le asigne a la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior los fondos necesarios para proveer a Puerto Rico de energía competitiva, transparente y de diversas fuentes.
Rivera Vélez validó la reestructuración de la deuda e indicó la necesidad de modernización de la actual red de plantas de generación y la incorporación de fuentes de combustibles más baratas y limpias, así como la integración de fuentes de energía renovables.
Entretanto, el presidente del Instituto de Competitividad y Sustentabilidad de Puerto Rico, Josen Rossi, pidió no sólo un plan de reestructuración financiera a cinco años, sino un plan para atraer capital que permita la renovación de la infraestructura.
Los deponentes consideraron favorable que se haga un proceso de solicitud de propuestas para conseguir el capital “que sea capaz de construir infraestructura con la mayor rapidez” y opere de forma más eficiente. Estas alianzas público-privadas deberían hacerse mediante concesiones a largo plazo, opinó el licenciado Jorge San Miguel.
“El punto de vista que yo estoy tratando de impulsar es que (el componente de la generación) no debería estar en la espalda de la AEE. El sector privado puede hacer eso de manera más eficiente y esas eficiencias se pasan entonces a los consumidores”, puntualizó quien es consultado por múltiples clientes con interés en adquirir activos de la corporación quebrada en Puerto Rico.
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