“Desvestir un santo, para vestir a otro” no es un acto de fe, cuando de fondos públicos se refiere. Requiere demostrar que no hay con qué vestirlo. No hay forma de evadir el eje del mal del impago: ¿cuál es la verdad sobre la falta de solvencia en las arcas públicas? ¿Cuál es el orden de prioridades para emitir los pagos? El desfile de casos recientemente radicados ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, ¿abre la puerta para que el tribunal ordene, so pena de desacato, al gobierno de Puerto Rico a proveer los informes auditados de la situación fiscal como punto de partida para resolver las controversias referentes a la crisis fiscal? De tener la autoridad legal, dos casos ante la consideración del juez José A Fusté, pondrán a prueba su acostumbrada firmeza para obligar, sin paños tibios, al gobierno del Estado Libre Asociado a cumplir con su deber ministerial de abrir sus libros auditados para poner en condición al Tribunal para adjudicar.

En primera instancia, en el caso de Walmart v Zaragoza, Secretario de Hacienda (Case 3:15-cv-03018-ADC , 4 diciembre 2015) según informes de prensa, ya el juez Fusté “sugirió” a Walmart deponer al Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, en torno a la realidad fiscal de Puerto Rico. En segunda instancia, en el caso radicado por las aseguradoras de bonos, reclaman que las Órdenes Ejecutivas que permitieron el llamado “clawback” de fondos para el pago de obligaciones generales, se declaren inconstitucional. El “clawback” dejó desprovisto a la fuente de repago ya comprometida que garantiza acuerdos contractuales a acreedores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Distrito de Centro de Convenciones (DCC), Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) (Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., & AMBAC Assurance Corp. v. Alejandro García Padilla, Juan C. Zaragoza, Melba Acosta, et al, No. 16-cv-1037, 7 enero 2016). Los demandantes alegan que existen otras fuentes de fondos, sin tener que socavar las fuentes de repago comprometidas para éstos otros bonos; que les expone a las aseguradoras a tener que desembolsar de sus ganancias para pagar lo que le hubiese correspondido al gobierno del ELA.

La Soberanía Separada nos Haría Iguales a Cuba o Venezuela

Las casas aseguradoras también alegan que se ha desvirtuado el orden de pago que emana de la Constitución (Art. VI, Sec 8) y la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Núm 147, 18 junio 1980). En primer lugar, habrá de pagarse la deuda pública. En segundo lugar, se harán pagos para cumplir con compromisos contractuales, sentencias judiciales y obligaciones que salvaguarden el crédito, reputación y buen nombre del gobierno de ELA de PR. En tercer lugar, se pagarán los gastos regulares para las operaciones de gobierno que incluye los servicios de salud, seguridad, educación y bienestar público. En cuarto lugar, quedan los pagos realizados para construcción y mejoras; quedándose para último, los pagos para compromisos contractuales de asignaciones especiales (Assured, et al v AGP, et al, p. 15-16). Por lo tanto, la aseguradoras de emisiones de bonos, argumentan que las obligaciones para mantener el “crédito, reputación y buen nombre” del gobierno cobran prioridad por encima de cualquier otro pago. Central a su argumento es que solamente se puede activar el “clawback” cuando “todos los otros” recursos disponibles se han agotado (Ibid, p. 16). En entredicho están los impuestos a derivados de petróleo, cigarrillos, ron, tarifas para licencias, impuesto hotelero, seguros compulsorios para automóviles, y accidentes, entre otros.

A tales efectos, se reclama que la Segunda Orden Ejecutiva ilegalmente cambió la prioridades de pago, al pagar servicios, sino que adrede “omitió pagos pendientes de compromisos contractuales y obligaciones que salvaguardan el crédito, reputación y buen nombre del gobierno” (Ibid, p. 25). El pago de los servicios básicos, en primacía al pago de dicha deuda, es una crasa violación a la Constitución del ELA, y a la Cláusula de protección de obligaciones contractuales de la Constitución de los EE.UU. Además, argumentan que las condiciones para activar un “clawback”, no se cumplen, alegando que existen fuentes para recaudar fondos hacia el pago de obligaciones generales. Retoman el rosario de la evasión contributiva, la baja captación del IVU, la necesidad de aumentar la contribución sobre la propiedad (Ibid, p. 30), como la reducción en el gasto de gobierno (Ibid, p.31). En fin, al defender sus propios intereses, por rebote, las aseguradoras defienden la fuente de pago para bonistas. ¿Y quién defiende los intereses del contribuyente de las garras del gobierno?

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Katherine Angueira Navarro    Psicóloga Social-Comunitaria

El gobernador Alejandro García Padilla respondió hoy, martes, a las críticas que le lanzó Domenic Frederico, principal ejecutivo de Assured Guaranty, una de las aseguradoras que demandó al gobierno por impago.

García Padilla dijo que cada dólar que su administración tenga que invertir en abogados para responder al litigio, no estará disponible para pagar a los acreedores y volvió a hacer un llamado al Congreso de Estados Unidos de que legisle para que Puerto Rico tenga un proceso de reestructuración ordenado de su deuda.

«Es contradictorio y lamentable que esta aseguradora de Wall Street, que se está gastando tanto dinero en abogados de Puerto Rico y los Estados Unidos, desconozca que en un procedimiento de reestructuración de deuda la primera obligación del deudor es explicarle al juez que, efectivamente, no cuenta con los recursos para pagar”, dijo García Padilla.

El primer ejecutivo respondió así a las críticas que le hizo Frederico por recabar que el Congreso de los Estados Unidos extienda a Puerto Rico la ley de bancarrota federal.

“Si de verdad creyeran en las expresiones de su principal oficial ejecutivo y piensan que Puerto Rico tiene los recursos para pagarles, deberían abogar para que Puerto Rico pueda acogerse a ese procedimiento. Si creen lo que dicen, entonces Puerto Rico no podría demostrar ante un juez que está insolvente”, sostuvo García Padilla.

“Además, esta aseguradora de Wall Street no se opuso al acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, dónde se va a restructurar la deuda según el acuerdo del mes pasado. ¿Cómo es que piensa que el ELA sí tiene los recursos para pagar y no debe restructurar su deuda, pero reconoce que hace un mes que la AEE necesitaba restructurar su deuda?”, cuestionó el mandatario.

En declaraciones a este medio, García Padilla sostuvo que los acreedores del ELA se enfrentan ahora a “un procedimiento desorganizado y caótico porque al responderle a Wall Street, el Congreso no le ha dado a Puerto Rico las herramientas para atender esta crisis de forma ordenada”. Subrayó que al final del camino, los acreedores se verán perjudicados severamente.

“Cada dólar que el ELA gaste en abogados no estará disponible para pagarles. Por eso todas las partes, el Estado Libre Asociado y sus acreedores, deberíamos hacer el mismo llamado al Congreso de Estados Unidos para que tome acción y establezcan un proceso ordenado de reestructuración de nuestra deuda», insistió.

Por su parte, el principal ejecutivo de Assured Guaranty indicó que extender el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a la Isla solo servirá para que el Gobierno continúe con su práctica de “gastos inflados” y de “corrupción sin rendición de cuentas”.

Según Frederico, resulta “irónico” que García Padilla señale la falta de un mecanismo uniforme para que el gobierno puertorriqueño pueda atender su crisis de endeudamiento, cuando las actuaciones del mandatario han sido contrarias a la ley.

“En lugar de hacer todo lo que esté en su poder para administrar legalmente su deuda, reformar su gobierno y reconstruir su economía, el gobierno de Puerto Rico ha adoptado una estrategia para promover deliberadamente una narrativa de crisis con el objetivo de obtener de parte del Congreso estadounidense acceso a la bancarrota de manera retroactiva”, indicó Frederico en declaraciones escritas.

Las expresiones del empresario se producen unos cinco días después de que la aseguradora que dirige y Ambac Assurance demandaran a García Padilla y a su equipo fiscal por la activación de la cláusula de retención o “clawback” para pagar la deuda con garantía constitucional.

La decisión de García Padilla, formalizada a través de dos órdenes ejecutivas suscritas entre noviembre y diciembre pasados, provocó que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura incumpliera con el pago de ciertos bonos y, a su vez, reclamaciones contra las aseguradoras por unos $10.7 millones.

De igual forma, las expresiones de Frederico se producen a solo horas de una nueva vista en el Congreso estadounidense para discutir la crisis fiscal de Puerto Rico.