Aunque el secretario del Tesoro de Estados Unidos,Jacob Lew, no hizo compromiso alguno durante su visita ayer a Puerto Rico, fuentes de EL VOCERO aseguraron que más adelante pudiera dar paso a una medida que -aunque se desconoce su alcance– serviría para asistir a Puerto Rico ante su crisis fiscal y económica que se ha extendido por espacio de al menos diez años.
Convencido de que la deuda pública de $72 mil millones es insostenible, el secretario del Tesoro, recalcó a los distintos grupos con los que estuvo reunido ayer, que Puerto Rico necesita hacer un frente común en solicitud de la reestructuración de la deuda ante el Congreso estadounidense a través de un mecanismo de quiebra como el que tienen los estados. Esa opinión contrasta con la mayoría republicana en el Congreso, que justifica su inacción al pedir mayores recortes de gastos.
Pese a que no se comprometió con acción alguna, Lew le comunicó a los grupos que atender la deuda pública de Puerto Rico tiene un sentido de urgencia para su agencia, confirmó el presidente de la Asociación de Industriales, Edgardo Rivera Vélez.
Varias fuentes de EL VOCERO aseveraron que la visita no solo se debe a un mecanismo de presión para usar estratégicamente ante el Congreso, sino que es parte de un protocolo para justificar alguna asistencia por vía ejecutiva federal para Puerto Rico.
Pese a esto, el gobernador Alejandro García Padilla indicó que el Tesoro no le anticipó alguna medida. “Nosotros no estamos pidiendo, ni ellos nos están ofreciendo un rescate económico”, aseguró al salir de su reunión con Lew temprano en la mañana en la que hizo una distinción con el rescate financiero que dio el Tesoro a México hace dos décadas bajo la administración de Bill Clinton.
La opción del rescate ha sido llevada ante la Casa Blanca, confirmó García Padilla, aunque consideró difícil que se apruebe una solución sin integrar al Congreso. “Nosotros hemos ponderado esa posibilidad y hemos pedido que se pondere, pero la verdad es que luego de las acciones que tomó el Tesoro en el caso de México bajo la presidencia de Clinton, el Congreso no vio bien esas acciones. Son elementos jurídicos que no son tan claros”, contestó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa.
En 1994, el secretario del Tesoro federal Lloyd Bentsen, aprobó bajo la administración de Bill Clinton un rescate financiero de $40 mil millones para México, en lo que fue conocido como la crisis del peso o la crisis del tequila.
Diferencias con el Tesoro Lew, quien sostuvo una conferencia por separado, ha reconocido que el gobierno de Puerto Rico ha hecho todo lo que está a su alcance, por lo que necesita de intervención federal que le permita reestructurar la deuda. Sin embargo, este diario supo mediante fuentes sindicales con gran influencia en Washington D.C. que la determinación de la administración García Padilla de hacer pagos en diciembre de 2015, y otros en enero de este año, tomó por sorpresa al Tesoro federal.
El asesor senior del Tesoro, Antonio Weiss-quien advirtió al Congreso de la “crisis humanitaria” que se avecinaría a la Isla- confirmó a líderes sindicales con influencia electoral en la capital federal que les sorprendió el giro de la administración García Padilla al pagar gran parte de la deuda pese a que había establecido que era impagable.
La recomendación del Tesoro en sus conversaciones con La Fortaleza era incumplir con los vencimientos de diciembre y enero, lo cual es cónsono con lo que dijo Lew a la Coalición del Sector Privado de que la economía de Puerto Rico “jamás sostiene la deuda de $72 mil millones, por lo que hay que reestructurar”, según otra fuente del sector comercial.
Hay sectores que consideran que el impago es la mejor estrategia de negociación para reestructurar la deuda, mientras otros advierten sobre el costo que acarrean esos litigios, así como del efecto que tendría un impago en el mercado de valores.
Aunque el gobernador Alejandro García Padilla ha expresado que prefiere pagar la nómina y los servicios antes que la deuda, su gobierno ha aumentado el servicio a la deuda y cumplido con los vencimientos de la mayor cantidad de ella.
Para ello, han usado tácticas como el ‘clawback’ para desviar dinero de otras corporaciones al pago de la deuda de obligaciones generales y detenido el pago de reintegros, de aportaciones al retiro y de suplidores de servicios.
Según la fuente, el Tesoro reconoce que eventualmente, el gobierno no tendrá más mecanismos para pagar sus obligaciones con los acreedores.
Ayer Lew pidió a los políticos electos, comerciantes, banqueros y líderes sindicales que hagan frente común ante el Congreso de Estados Unidos para que se apruebe la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, plan que presentó la administración de Barack Obama en octubre, junto a otros tres puntos: reformar el programa Medicaid para alcanzar la paridad de fondos asignados, proveer un crédito por trabajo a los puertorriqueños y crear un organismo de supervisión fiscal independiente que garantice que el gobierno de la Isla se adhiera al propuesto Plan de Ajuste Fiscal.
El equipo de trabajo del Tesoro tiene al menos ocho personas trabajando a tiempo completo en el tema de Puerto Rico desde hace año y medio, comunicaron fuentes que han visitado constantemente la capital federal.
“Estamos trabajando en conjunto con el Tesoro para llevar mensaje en unísono a los congresistas”, aseguró también García Padilla. En un mensaje a los aspirantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), a quienes criticó por llevar esfuerzos segregados de cabildeo en el Congreso, el gobernador advirtió que “los políticos puertorriqueños no pueden ser disonantes en ese esfuerzo que mi administración lleva con el Tesoro porque en lugar de ayudar, entorpece”.
“Si el Congreso no aprueba una ayuda como esperamos, la crisis se va a agravar. Se va a gastar cientos de millones de dólares en litigios. Es importante subrayar que dólar que tenga que gastar en litigios es dólar que (el gobierno) no va a tener para pagar a los acreedores”, reiteró el gobernador.
Parte de la estrategia que discutió Lew con García Padilla consiste en el adelanto de los estados financieros auditados con cuya publicación el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ha incumplido. “Hablamos sobre qué borrador o adelanto de esos estados se puede hacer público – con la salvedad de que se está auditando, que no está completado – para derrotar la excusa que algunas personas están poniendo de no actuar porque esos estados no han salido”, informó.
El gobernador sostiene, sin embargo, que posponer la aprobación de cualquier medida de reestructuración por la falta de una auditoría financiera del Estado Libre Asociado es una “excusa” porque de todos modos se tendrá que probar en un tribunal que no se puede pagar.
“Esa es una buena razón para aprobar un plan de reestructuración porque hay que probar ante el juez que no se puede pagar”, insistió.
También habló con Lew sobre la posición del procurador general, a la que calificó de “independiente” a la administración de Obama, pese a que el alegato establece claramente que se trata de una intervención oficial del gobierno de Estados Unidos como amigo de la corte.
García Padilla cuestionó a Lew sobre cuál va a ser la posición del procurador general en el caso del ‘Recovery Act’ o la Ley de Quiebra Criolla que está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, con la cual tienen hasta el martes, 26 de enero para integrarse como amigo de la corte. ‘
Luego, reconoció que el secretario del Tesoro no tiene jurisdicción para intervenir en esa consideración, pero aprovechó para pedirle “cautela” en los argumentos que se presenten.
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