Por ElVocero.com – 1-22-16
El secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte, aseguró esta mañana que la participación del hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Antonio García Padilla, como único empleado de una organización sin fines de lucro con grandes donativos de empresas privadas, es cuestionable e impropio.
Aponte resaltó el hecho de que los donativos de la Sociedad Económica de Amigos del País Inc., mejoró súbitamente con donativos de importantes compañías en el país, al registrarse en Puerto Rico en el año 2014, según un reporte de prensa publicado por Washington Free Beacon.
“Da una apariencia de que hacer donativos va a redundar en…Esa apariencia es nefasta. No se debe estar dando esa apariencia, no es la correcta en un sistema donde uno quiere transparencia en los procesos, es cuestionable”, indicó en entrevista con NotiUno.
Igualmente opinó que “por poco le ponen amigos del alma”, como nombre a la fundación que según los registros del Departamento de Estado, se encarga del desarrollo económico, social y comunitario del país.
Los comentarios de Aponte surgen, tras la pubicación ayer de que García Padilla, aparece como único empleado de la organización por ser el director de la Sociedad, con un sueldo de $70 mil, según los registros del año 2014.
Igualmente, reseña que la fundación recibía escasas donaciones hasta que se transfirió a Puerto Rico y cambió su concepto. En 2014 obtuvo $275 mil de prominentes compañías, más del doble que había recibido los seis años anteriores.
La fundación recibía escasas donaciones hasta que se transfirió a Puerto Rico y cambió su concepto. En 2014 obtuvo $275 mil de prominentes compañías, más del doble que había recibido los seis años anteriores
EL VOCERO/Archivo
Por ElVocero.com – 1-21-16
Una organización sin fines de lucro fundada por el reconocido líder sindical Dennis Rivera y cuyo único empleado es el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Antonio García Padilla, levantó una bandera roja al grupo que supervisa la ética en el gobierno federal ‘National Legal and Policy Center’, por la cantidad de donativos provenientes de entidades privadas que ha recibido en los últimos años.
La organización fue fundada además por el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como una organización de derechos de hispanos en 1996, pero desde el 25 de abril de 2014 fue incorporada en Puerto Rico como una organización sin fines de lucro foránea con un nuevo nombre y con una nueva misión.
De acuerdo al registro de corporaciones foráneas autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico del Departamento de Estado, Sociedad Económica de Amigos del País Inc., tiene como presidente al directivo del Banco Popular, Richard Carrión; a Rivera como vicepresidente y a Kathryne Wylde como secretaria.
Además, el documento indica que la fundación “apoya el desarrollo económico de Puerto Rico, a través de la consolidación de la base industrial y comercial al identificar industrias y comunidades en riesgo financiero en Puerto Rico y desarrollar y apoyar estrategias para manejar las causas de esos riesgos financieros”.
Además, la Sociedad “desarrollará estrategias para facilitar la expansión de compañías locales o atraer inversión extranjera”.
De acuerdo a la publicación Washington Free Beacon, el hermano del gobernador fue contratado como el director de la Sociedad, con un sueldo de $70 mil, según los registros del año 2014.
Igualmente, reseña que la fundación recibía escasas donaciones hasta que se transfirió a Puerto Rico y cambió su concepto. En 2014 obtuvo $275 mil de prominentes compañías, más del doble que había recibido los seis años anteriores.
“Cada vez que una organización sin fines de lucro cerca de una figura política recibe grandes donaciones de compañías o individuos que se pueden beneficiar de las acciones del político, levanta banderas éticas rojas. Cuando la organización también emplea a un miembro de la familia de un político, la situación levanta asuntos de influencia impropia o pay-to-play”, indicó el presidente del National Legal Policy Center, Ken Boehm.
No obstante, Antonio García Padilla, también expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), justificó a través de un correo electrónico al medio estadounidense, que la fundación es “una organización sin fines de lucro, creada por un grupo de ciudadanos del sector privado para ayudar a Puerto Rico en la recuperación económica, cultura aprendizaje, etcétera”. García Padilla no abundó sobre las actividades, ni programas de la organización.
EL VOCERO intentó obtener una reacción del hermano del gobernador, pero al cierre de esta edición no ha contestado las llamadas de este rotativo.
Por su parte, Wylde dijo a Free Beacon que la organización “no opera programas”, sino que “va tras inversionistas de negocios o potenciales negocios alrededor del mundo, investigan sus necesidades e intereses y el ofrecimiento de Puerto Rico para esas necesidades”.
Según la publicación estadounidense, la entidad bancaria donó a la organización sin fines de lucro $100 mil en 2014. La secretaria de la Sociedad Económica de Amigos del País, indicó que gozan de espacios gratuitos de oficinas por el Banco Popular, uno de los mayores donantes en ese mismo año. Sin embargo, la Sociedad indicó gastos de $33 mil en pagos por concepto de alquiler al Banco Popular en su planilla.
Otro contribuyente de la organización es Nicholas Prouty, con $50 mil y St. James Security con $50 mil, cuyo presidente Guillermo Martínez es parte de la Junta de la Sociedad. Miguel Ferrer de UBS Financial Services en Puerto Rico también es parte de la Junta.
Rivera, quien cabildea en Washington por la igualdad de derechos para Puerto Rico en Medicare y Medicaid, es asesor del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, no comentó sobre las preguntas del medio estadounidense.
El resto de los miembros de la Junta son el principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, Agustín Arellano Rodríguez; el presidente de la destilería Bacardí, Joaquín E. Bacardí III y el director de Goldman Sachs & Co., Edward Pallesen.
Luis Gerardo García Padilla, el otro hermano del primer mandatario, estuvo recientemente vinculado en el caso en el que el empresario y amigo del gobernador, Anaudi Hernández Pérez, fue acusado junto a otras nueve personas por corrupción. La acusación indica que Hernández le pidió a la “Persona B” (Luis Gerardo García Padilla -hermano del gobernador) que se despidieran varios empleados públicos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que ocupaban puestos de confianza por ser afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).
El pasado 2 de diciembre, un Gran Jurado federal, emitió un pliego acusatorio contra Hernández Pérez, quien se alega fue el gestor de tres conspiraciones era obtener contratos y beneficios con el gobierno de Puerto Rico con un valor aproximado de más de $2 millones para entidades corporativas controladas por el empresario y recaudador de donativos políticos. Ello, a través de influencias y pagos indebidos a varias agencias de gobierno.
Charity Linked to Big Labor Only Employs Brother of Scandal-Plagued Governor
Founded by ex-chief of SEIU, group rakes in cash from companies with business in Puerto Rico
Dennis Rivera / AP
Companies with business interests in Puerto Rico have been pouring money into a mysterious charity run by a New York City labor boss, which lists the brother of the scandal-plagued governor of Puerto Rico as its only paid employee.
The charity, which was founded by former New York SEIU chief Dennis Rivera and former New Mexico governor Bill Richardson as a Hispanic legal rights group in 1996, recently moved to Puerto Rico and reopened under a different name and with an entirely new mission.
Originally founded as the Hispanic Education and Legal Fund nearly two decades ago, the group quietly changed its name in 2014 to the “Sociedad Económica De Amigos del Pais,” according to corporate filings. The organization says it now works to “support economic development in Puerto Rico.”
The
group also replaced its board, except for Rivera, who is listed as its vice chairman in tax returns.
Antonio Garcia Padilla, the brother of Puerto Rico’s governor Alejandro Garcia Padilla,
was tapped as the Sociedad Económica’s new governing director. He was the only person listed on the group’s
payrollin 2014, earning a $70,000 salary.
Although the organization received no contributions in 2012, and just $6,250 in 2011, it received a windfall from prominent Puerto Rican companies almost immediately after it moved to the Commonwealth and changed its name.
The group recently caught the eye of the government watchdog group the National Legal and Policy Center, which monitors government ethics issues.
“Anytime a non-profit close to a political figure gets major funding from companies or individuals who can benefit from the actions of that politician, it raises ethical red flags,” said Ken Boehm, chairman of the National Legal and Policy Center. “When the non-profit also employs a family member of the politician, the situation raises improper influence or pay-to-play issues. The public is entitled to complete transparency.”
Several members of Governor Garcia Padilla’s administration were recently ensnared in a federal bribery and extortion probe. According to the indictment, a top fundraiser for Governor Garcia Padilla leveraged his relationship with another brother of the governor to put allies into government positions, who then allegedly steered lucrative contracts to business associates.
Although no charges have been brought against Governor Garcia Padilla or any of his family members, the governor recently announced he would not run for reelection.
Government watchdogs said the Sociedad Económica’s history also raised questions. Last month, the
New York Post reported that the group—under its previous name, the “Hispanic Education and Legal Fund”—was once used to funnel $1 million to a fund run by New Mexico Gov. Bill Richardson alleged to have paid kickbacks.
Sociedad Económica founder Dennis Rivera has recently been
lobbying for federal economic support for Puerto Rico. He also reportedly
served as a traveling adviser to New York Gov. Andrew Cuomo during a trip to the Commonwealth last fall.
Rivera did not respond to requests for comment.
Sociedad Económica board members told the Washington Free Beacon that it is a legitimate charitable group that works to support economic development in Puerto Rico.
“SEAP is an NGO created by a group of citizens from the private sector to help in Puerto Rico’s economic recovery, culture, learning, etc,” Antonio Garcia Padilla told the Free Beacon in an email. “It was inspired by one of Puerto Rico’s most prestigious private organizations of the 19th Century.”
The Sociedad Económica brought in $275,000 in 2014, almost entirely from prominent companies with business interests in Puerto Rico, according to documents obtained by the Free Beacon. This was more than twice the amount of money the group received in the previous six years combined.
The group’s top listed expense in 2014 was Garcia Padilla’s salary. According to Sociedad Económica’s tax filings, the rest of its costs were administrative—it spent $118,000 on legal fees, accounting, office expenses, and meetings.
Padilla Garcia did not respond to questions by press time about Sociedad Económica’s day-to-day activities and programs.
Sociedad Económica’s board secretary, Kathryn Wylde, told the Free Beacon that the group seeks to encourage investment in Puerto Rico.
”It doesn’t operate programs,” said Wylde. “It’s an economic development initiative so it reaches out to businesses and potential business investors around the world. Researches what their needs are, what their interests are, how Puerto Rico might offer them investment opportunities.”
Neither Wylde nor Garcia Padilla disputed the fact that Garcia Padilla was the group’s only paid employee.
Wylde said the reason the Sociedad Económica’s programming expenses are low is because it receives free office space from one of its top donors, Banco Popular, which gave the group $100,000 in 2014.
“Banco Popular contributes office space, so most of the company costs are absorbed. And they’ve got arrangements with other pro bono contributors,” said Wylde.
The Sociedad Económica listed over $33,000 in rent payments to Banco Popular in its tax filings. Banco Popular CEO Richard Carrion, who also serves on the board of Sociedad Económica, declined through a spokesperson to discuss the organization. A spokesman did not respond to questions about Sociedad Económica’s reported rent payments by press time.
Banco Popular is the largest bank in Puerto Rico, and lobbies heavily on financial issues and debt restructuring for the Commonwealth.
The bank is part of a small but influential group of Puerto Rican businessmen and companies involved with Sociedad Económica.
Another board member is Nicholas Prouty, the billionaire owner of the Puerto Rican hedge fund Putnam Bridge. Putnam LAC Holding contributed $50,000 to the Sociedad Económica in 2014. Prouty did not respond to request for comment by press time.
St. James Security, a favored security
contractor for the Puerto Rican government, also donated $50,000. The company is run by Guillermo Martinez, who is also on the Sociedad Económica’s board. Martinez could not be reached by press time.
Another board member is Miguel Ferrer, the chairman of UBS Financial Services in Puerto Rico. Ferrer was caught on
tape in April 2011 ordering employees to push high-risk Puerto Rican government funds to customers, despite the brokers’ misgivings. He was investigated by the SEC in 2012 for misleading consumers about Puerto Rican bonds, but was later cleared of wrongdoing. Ferrer did not respond to request for comment.
Puerto Rican real estate developer Alejandro Brito, an island fast food company, and SEIU United also contributed to the organization.
The National Legal and Policy Center said that the recent bribery charges will likely increase scrutiny on the Garcia Padilla government and his links to organizations that are funded by businesses that have interests before the governor’s office.
“Given the Puerto Rican debt crisis and the corruption indictments announced last month by the U.S. Attorney for Puerto Rico, Rosa Emilia Rodriquez-Velez, there will be increased scrutiny of ethical issues involving the Puerto Rican government,” said Boehm.
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