Agustín Santiago/EL VOCERO

En opinión del presidente y principal oficial financiero de OFG Bancorp (NYSE: OFG), José Rafael Fernández, más allá de la ayuda que pueda surgir en el Congreso estadounidense para atender la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico, es hora de “enrollarnos las mangas” para cambiar el rumbo de la economía.

Fernández, quien ante la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, no tenía expectativas de que este pronunciara la llegada de ayuda concreta desde lado del ejecutivo federal, dijo que “el gobierno de Puerto Rico tiene que continuar trabajando proactivamente para solucionar los problemas económicos y no se puede estancar”.

“Tenemos que enrollarnos las mangas y productivamente y constructivamente atacar los retos… No miremos tanto hacia afuera y nos enfoquemos en resolver paralelamente y rápidamente los problemas nosotros mismos”, insistió Fernández, en entrevista con EL VOCERO.

Entiende que el gobierno “está haciendo lo mejor posible para ello”, pero precisó que la legislatura del Estado Libre Asociado (ELA) tiene sobre la mesa atender diferentes asuntos encaminados a proveer herramientas para impulsar parte de la soluciones a la crisis, como las propuestas para validar los acuerdos alcanzado con parte de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Mencionó que la legislatura de Puerto Rico tiene una oportunidad para atender esos y otros asuntos, porque existe una necesidad apremiante de brindar unas alternativas a los acreedores. Sumó entonces resolver el problema energético y continuar con la adopción del Plan de Ajuste Fiscal, del cual agregó que “quizás tímidamente se ha empezado a ejecutar”.

“Tenemos que ganar credibilidad para ser efectivos”, resaltó el banquero.

En cuanto a una junta de control fiscal, lo ve como un mecanismo que ha funcionado en otras jurisdicciones, y “creo que en Puerto Rico hay unos retos que se pueden resolver, y ayudaría a atender el problema de manera más independiente… Yo la llamaría no tanto de control, sino de asesoría fiscal, sería muy positivo tener un grupo de personas con experiencia en este tipo de crisis para que ayuden a implementar (las medidas que sean necesarias)”.

En parte definió la visita de Lew como una “agridulce”, porque básicamente reafirmó lo que ya se sabía y “nos reafirma la necesidad de que un congreso se mueva y eso tiene unos retos bien grandes”.

Hasta ahora, el gobierno parece descansar principalmente en lo que pueda ofrecer el congreso, y cuándo la prensa ha preguntado sobre cuál es el plan B, las respuestas todavía no son específicas.

Por su parte, el economista Arturo Estrella, profesor de economía en el Rensslaer Polytechnie Institutute, en Nueva York, y ex funcionario de la Fed-NY, tal y como concluyó en un estudio realizado el pasado año para la Fundación Carvajal, entiende que tanto la Fed como el Tesoro tienen las posibilidades de ayudar a la Isla ya que han intervenido en casos similares en el pasado. Pero, observó que los pronunciamientos del gobierno local, en parte lo han impedido.

“Al anunciar el gobernador en junio pasado que la deuda pública era impagable y luego pedir al Congreso en conjunto con el comisionado residente, acceso al Capítulo 9 (de la ley de quiebras federal), me parece que la puerta de la Fed se cerró.

La Fed tiene la ventaja de que puede tomar acción en base a ley y reglamentos existentes, pero como indicó el estudio, sólo puede ofrecer asistencia en casos de problemas de liquidez, no en casos de insolvencia”, explicó el economista.

Al analizar eventos del pasado, Estrella opinó que “la evidencia histórica es consistente con lo que ahora señala el Secretario Lew. La estrategia en estos momentos parecería ser que el Gobierno de Puerto Rico y el Tesoro federal le pongan presión al Congreso para que pase legislación que permita al Tesoro actuar. Hasta ahora el enfoque ha sido en el Capítulo 9 pero el Tesoro también tendría opciones financieras como ofrecer garantías sobre emisiones de deuda o proveer liquidez directamente”.

Destacó que para ser efectiva, cualquier petición al Congreso tendría que puntualizar la gravedad de la situación y la ausencia de otras alternativas, “y probablemente requiera la creación de mecanismos para que el gobierno federal pueda inspeccionar o controlar las operaciones del gobierno local”, como se anticipa.