El saldo neto de la visita del Secretario del Tesoro Jacob Lew es que, en toda probabilidad, el Congreso legislará una junta de control o supervisión fiscal. Más vale que nos hagamos de la idea, porque tal parece que nuestros líderes van a darle la bienvenida con los brazos abiertos.
Lew no trajo en su maletín lo que muchos anhelaban: alguna iniciativa, algún alivio, alguna solución que la Casa Blanca pudiera dispensar unilateralmente sin intervención congresional.
Pero lo cierto es que esa expectativa no era razonable. El Secretario había dicho en repetidas ocasiones que aunque nos tiene muchísima empatía ante la crisis que estamos atravesando, la Rama Ejecutiva no puede (interprete usted si no puede o no quiere) hacer nada sin que el Congreso legisle. O, al menos, que el tipo de iniciativa que el Tesoro pudiera implantar unilateralmente ni siquiera empezaría a atender el enorme problema que tenemos. Ese tipo de solución, dice Lew, solamente el Congreso la puede proveer.
Obviamente, el Secretario se refiere a la posibilidad de un mecanismo para restructurar al menos parte de la deuda pública que Lew y sus representantes han dicho en reiteradas ocasiones es indispensable para atender el problema económico y fiscal de Puerto Rico. Cualquier solución que excluya la restructuración, dice Lew, será muchísimo más largo, costoso y doloroso.
La insistencia de la administración Obama en que el Congreso formule legislación para atender la crisis fiscal de Puerto Rico es una señal a la rama legislativa federal de que la administración prefiere no ensuciarse las manos y se allanará gustosa a lo que disponga el Congreso. Esa señal virtualmente asegura que el Congreso imponga algún tipo de junta de control o supervisión fiscal, similar a las que ha impuesto en el pasado en el caso de jurisdicciones que han confrontado crisis fiscales similares como la ciudad de Nueva York, o el mismo Washington, D.C.
Lo más sorprendente de la visita de Lew, sin embargo, ha sido la reacción de tantos políticos locales, líderes empresariales y comentaristas de toda estirpe allanándose a la posibilidad de dicha junta de control o supervisión fiscal como quien se chupa un límber. Líderes a los que hace unos meses hubiera habido que matarlos en la raya antes de que les impusieran desde Washington una junta fiscal federal, ahora dicen que a lo mejor no es tan mala idea. Nadie parece si quiera acordarse ya de la junta de control fiscal criolla aprobada por la Legislatura en la pasada sesión y que el Gobernador, con su habitual desidia, ni siquiera se ha molestado en nombrar. Un chiste mongo.
Aquí el gobierno ha tirado la toalla. Exhausto, agotado, frustrado por haberse engañado a sí mismo de que había tomado las decisiones difíciles y había hecho todo lo humanamente posible por arreglar el desastre, el gobierno finalmente se enfrenta a la realidad de que todo le ha salido mal, que en vez de solventar la crisis la ha empeorado, que Puerto Rico ha colapsado y que ya no saben qué más hacer.
Y se han dicho a sí mismos: “Pues, ¡que venga la junta de control federal! Si tenemos que botar gente, que sea porque la junta federal lo exige. Si tenemos que cerrar escuelas, que sea porque la junta federal lo manda. Si tenemos que privatizar, que sea porque la junta federal lo impone. Si tenemos que cortarle el financiamiento a los municipios, que sea porque la junta federal lo ordena. Si tenemos que eliminar subsidios, beneficios, contratitos y batatitas, que sea porque la junta federal lo obliga.”
Nos reiteramos en que Puerto Rico no necesita una junta de control fiscal, ni criolla ni federal. Lo que Puerto Rico necesita es una administración de gobierno que sepa cuadrar una chequera.
Puerto Rico puede, por sí mismo, establecer, implantar y hacer cumplir las políticas de responsabilidad fiscal que hacen falta para salir adelante. Sólo hace falta una administración que crea en ello, con la capacidad, la credibilidad y la fuerza de voluntad para hacerlo.
Editorial, EL VOCERO
Pesado efecto económico sobre la banca
Las prioridades de consumo y gasto de los consumidores, y el nivel de cumplimiento con sus obligaciones se han transformado durante la última década de recesión económica, lo cual ha dejado un saldo significativo en el sector financiero de la Isla.
El presidente y primer oficial ejecutivo del Banco Cooperativo de Puerto Rico, Ángel L. Sáez López, dijo ante la matrícula del Capítulo Alumni FAE de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR en Río Piedras que antes la prioridad del consumidor era pagar, principalmente la hipoteca, el auto y la tarjeta de crédito. Pero ahora, si optan por pagar, primero es la tarjeta de crédito, el auto y por último la hipoteca.
Esto ha incidido de manera directa en la caída en el valor de los activos del sistema bancario de la Isla, a razón de un 30.5% en los pasados ocho años, que representa $65,234 millones, según indicó.
Para el 2007, los activos totales del sistema financiero de Puerto Rico ascendían a $213,758 millones, cifra que en el 2015 se redujo a $148,524 millones, de cara a una merma de 67% en el número de bancos.
Igual tendencia refleja la actividad crediticia. Para el 2009 la misma ascendía a $59,684,827 millones, y se redujo en 2015 a $38,054,636. Este segmento se ha visto seriamente afectado por los bienes raíces, que han experimentado una reducción de 37.3%. El segmento comercial, industrial y agrícola, se ha reducido en un 45.7%.
Dijo que los préstamos en bienes raíces han registrado un alto nivel de delincuencia, que al 2010 promediaba los 90 días o más de atraso.
Sáez indicó que la situación se complica, ante el alza en las ejecuciones hipotecarias. Para el 2010, se ejecutaron 16,125 unidades y para el 2015 la cifra alcanzó las 19,111 unidades, a pesar que ahora el tiempo que toma culminar el proceso toma hasta tres años o más. Además de la pérdida para la banca, el tiempo hasta que se completa la ejecución conlleva incurrir en costos de mantenimiento, seguridad, posible vandalismo y pérdida de valor del activo, que finalmente se transfieren al futuro comprador.
En torno a la capitalización de los bancos, Sáez López aceptó que aunque se ha reducido, todavía es saludable. “La banca tiene la capacidad de prestar. La diferencia estriba en que ahora no lo hace solo. Ahora se considera más la capacidad para financiar acorde con la tolerancia al riesgo. Igualmente se toma en consideración el impacto de pérdidas adicionales”, detalló.
Como plan de acción para mitigar el efecto adverso, mencionó la necesidad de nueva inversión de capital en la Isla, así como recobrar la confianza de los mercados, promover el desarrollo de proyectos de impacto económico y el desarrollo profesional para detener la fuga de personas.
A ello sumó gestionar fuentes de financiamiento externas y reconstruir la confianza a través de un nuevo código contributivo atemperado a la realidad económica del país y crear un plan de desarrollo económico bien definido y viable.
Por otra parte, el ejecutivo sostuvo que las cooperativas están dispuestas a financiar obras de impacto económico, pero no de manera exclusiva, porque tienen que mantener el control de su capitalización. De igual manera no descartó la adquisición de activos ilíquidos de los sistemas de Retiro, como han hecho en el pasado, pero requieren de colateral que garantice el repago de la deuda.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
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