En una columna publicada recientemente en este periódico, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por quien guardo un gran aprecio y respeto, comentó sobre uno de mis escritos. Al así hacerlo, el señor Cruz Batista no solamente confirmó mi análisis, sino que también ilustró por qué no se puede confiar en los datos que ofrece el gobierno de Puerto Rico.

El director de la OGP confirmó que el presupuesto para el año fiscal 2014 se aprobó con un aumento de alrededor de $700 millones ($688 millones, para ser exactos) al compararse con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2013.  No obstante, para tratar de argumentar que en verdad no hubo tal aumento señala, entre otras cosas, que el gasto para el año fiscal 2013 fue realmente de $9,884 millones, o sea, “$802 millones por encima del presupuesto”.  Esa información surge de los estados financieros auditados.

En primer lugar, la información de los estados financieros para el año fiscal 2013 no estaba disponible al momento de proponer el presupuesto para el año fiscal 2014.  Con la información que había disponible al momento, sin embargo, queda clara la intención de aumentar el gasto público. En segundo lugar, si los estados financieros auditados para el año fiscal 2013 indican que el gasto fue mayor a lo presupuestado, es lógico esperar lo mismo para el año fiscal 2014.  Lamentablemente, los estados financieros para ese año no han sido divulgados todavía. En tercer lugar, no obstante el hecho de que, de acuerdo a los estados financieros auditados, el gasto para el año fiscal 2013 ascendió a $9,884 millones, la tabla más reciente disponible en la página web de la OGP refleja, para ese año, un gasto de $9,077 millones. ¿Cómo se puede confiar en los datos que ofrece el gobierno si aun cuando la cifra correcta está disponible no se corrige la tabla correspondiente y no se actualiza la información?

Por otro lado, el señor Cruz Batista confirma que, de acuerdo a los datos del Bureau of Labor Statistics del gobierno federal, el empleo en el gobierno aumentó en los primeros once meses del año 2015. No obstante, argumenta que, a base de un informe que publica el Instituto de Estadísticas, que a su vez se basa en una información que recibe la Oficina del Contralor, el empleo en el gobierno se ha reducido.  Si los datos de la OGP no se actualizan, y existe una discrepancia entre los datos que ofrece esa oficina y los estados financieros auditados, ¿qué base hay para pensar que los datos que ofrecen otras dependencias públicas son confiables?

Los asuntos económicos no deben ser discutidos a base de opiniones. Por el contrario, esos asuntos deben ser analizados y discutidos a base de datos confiables sobre cuyas implicaciones, personas razonables podemos ponernos de acuerdo. Para esto, sin embargo, hace falta que los datos se divulguen y que se pueda confiar en ellos. Lamentablemente, la actual administración del gobierno de Puerto Rico ha utilizado los datos a su conveniencia, no los ha divulgado a tiempo, y no ha permitido la corroboración de los mismos. Eso es lo que causa las discrepancias, no las opiniones.

Finalmente, quizás lo más interesante y revelador de su escrito fue que el director de la OGP, en sus comentarios, no contradijo el mensaje principal de mi columna original sobre el tema: el impago es culpa del gobernador.