El Gobierno de Puerto Rico le argumentó al Tribunal Supremo federal en el caso por la llamada Ley de Quiebra Criolla que ese Foro debe sacar a los residentes de la Isla de la «tierra de nadie» en la que la colocó un tribunal apelativo federal cuando decidió que la mencionada ley era inconstitucional.

La radicación del argumento del gobierno ocurrió el martes pasado, días antes de que se anunciara que las negociaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el grupo de acreedores Ad Hoc se habían expirado sin un acuerdo.

La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, conocida como la Ley de Quiebra Criolla, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Federal en Puerto Rico con el argumento de que la Ley de Quiebras federal cerró el paso a que Puerto Rico creara su propio régimen de reestructuración de deudas a la misma vez que excluyó a la Isla de la aplicación de esa ley federal.

Esto es lo que el Gobierno de Puerto Rico le argumenta al Supremo federal que se trata de «lo peor de los dos mundos»: no le aplica la Ley de Quiebra federal para reestructurar pero le aplica para prohibirle la creación de su propia ley de reestructuración.

«Este caso tiene que ver con la habilidad de Puerto Rico de responder a la más aguda crisis fiscal de su historia», dijo el abogado del ELA, Christopher Landau, el mismo que representó al ELA en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle que fue sometido a la resolución del Supremo federal hace dos semanas y en el que el Procurador General de la Administración Obama argumentó que Puerto Rico es un mero territorio completamente sometido al poder del Congreso.

«Sólo porque las corporaciones públicas de Puerto Rico no puedan reestructurar sus deudas bajo la ley federal no quiere decir que no puedan reestructurar sus deudas bajo una ley del Estado Libre Asociado. Nada en la Ley de Quiebra federal propone dejar a una jurisdicción, como Puerto Rico, que está fuera del alcance del Capítulo 9 (de la Ley de Quiebra) en una ‘tierra de nadie’ en la que sus corporaciones públicas no puedan reestructurar sus deudas bajo la ley federal ni tampoco bajo su propia ley», dice el documento radicado el martes.

Del reclamo del ELA depende la capacidad de manejar los aproximadamente $20,000 millones en deuda que mantienen ahogadas a la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

En su esfuerzo, el gobierno cuenta con una expresión del juez puertorriqueño Juan R. Torruella quien, aunque sostuvo con sus compañeros jueces apelativos que la Ley de Quiebra Criolla es inconstitucional, lo hizo por argumentos distintos y sostuvo que son las enmiendas de 1984 que dejaron fuera de la Ley de Quiebra a Puerto Rico las que son inconstitucionales. Esto porque la enmienda se hizo sin explicación y la jurisprudencia del Supremo federal dice que la Ley de Quiebra tiene que proveer un tratamiento uniforme para todas las deudas, tratamiento que no se logra dejando a la Isla fuera de su aplicación.

«De hecho, es anómalo en extremo pensar que el Congreso, sub silentio y mediante una enmienda a una definición estatutaria, prohibió a Puerto Rico el acceso a cualquier mecanismo legal para reestructurar las deudas de sus corporaciones públicas, que proveen servicios básicos y esenciales a sus ciudadanos», concluye el ELA en su argumento.

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