Los acreedores locales de la deuda pública recibirán la dosis más amarga de la reestructuración, ya que no serán parte de los diálogos que comienzan hoy en Nueva York con la propuesta del superbono, y al final del proceso les podría tocar una moratoria de dos o más años sin recibir ni pagos de intereses ni principal en lo que el gobierno recupera su liquidez.
El golpe lo recibirán no sólo los bonistas individuales que buscaban tener una jubilación más holgada, sino que impactará también a las cooperativas, a la banca local y a las casas de corretaje. Ninguno de estos grupos tiene representación en las negociaciones del gobierno.
El inicio del diálogo será con asesores de los grupos organizados de bonistas de las obligaciones generales (GO´s), de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), los de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de los fondos mutuos (encabezado este último por los fondos Oppenheimer, Franklin y Goldman Sachs), según fuentes de EL VOCERO. Las reuniones, en las que participan la principal firma asesora en reestructuración del Estado Libre Asociado (ELA), Millstein & Co., se deberán realizar en las oficinas del bufete del gobierno Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
De acuerdo con varias fuentes consultadas por este diario, el superbono, podría incluir dos ofertas de intercambio con tasas distintas, y sería respaldado por la consignación de diferentes fuentes de ingreso en un solo fondo para garantizar el pago. Incluirá distintos niveles de recorte o “hair cut” para los acreedores. Esto se hará según las garantías de cada emisor, por lo cual los tenedores de obligaciones generales recibirían el menor ajuste de deuda debido a sus protecciones constitucionales.
Tal fondo agrupará los recaudos de impuestos al petróleo, al consumo y otros, hasta completar alrededor de $3,000 millones al año para pagar.
A esos entendidos, si es que se logran concretar, deberán allanarse los acreedores en la Isla, que poseen alrededor de un 25% de la deuda de $70 mil millones, lo que según las fuentes de EL VOCERO, también les incluirá una moratoria de dos a tres años (o más) en el repago de deuda, mientras se vuelve a poner en terreno de la recuperación a las finanzas públicas.
En esa estructura de reestructuración, un jubilado que hasta ahora completaba una parte importante de sus ingresos anuales con el rendimiento y pagarés de las inversiones que hizo en el gobierno de Puerto Rico, serán dos o tres años en los que no recibirá ni un centavo. Esto podría colocar a muchos puertorriqueños en dificultades económicas para su sostenimiento diario, como la compra de alimentos, el pago de medicamentos y demás obligaciones personales, sea pago de hipoteca, carro y préstamos.
La moratoria igualmente dejará sin pagos a bancos, tocará a casas de corretaje (custodios típicos de bonos de Puerto Rico) y a las cooperativas como compradoras de unos $1,200 millones en bonos del ELA. Según algunos entrevistados, esta situación llevaría a las cooperativas de ahorro y crédito más frágiles a fusiones o al cierre, según la salud financiera de cada cual. En ese sentido, la concesión legislada para cambiar las reglas contables de las cooperativas y no reconocer la pérdida en el valor de inversiones, servirá para un mejor resultado en libros, no necesariamente en sus operaciones financieras, indicaron algunos de los entrevistados.
Una preocupación en la negociación, indicaron los consultados, es si la propuesta del gobierno se fundamenta en el valor actual de sus bonos, algunos de los cuales fluctúan entre 50% a 70% de su valor de 100, otros por debajo de eso, y si a eso se añade el “hair cut”, la recuperación sería mucho menor para los acreedores.
Las reuniones pautadas para hoy, como había trascendido, cuentan con acuerdos de confidencialidad y los asesores de los grupos de acreedores no podrán compartir la información con sus clientes. Es así para cumplir con regulaciones del mercado de valores, para evitar que tengan información privilegiada y se anticipen con decisiones en el manejo de sus inversiones que podrían ser objeto de reestructuración
A preguntas particulares sobre este tema, algunos asesores relacionados a bonistas con exposición a la deuda del ELA, coincidieron que cada asesor “ya conoce la línea de su cliente” y puede decirle a los negociadores del gobierno qué cosas podrían aguantar negociación y cuáles no. Por lo tanto, estas reuniones que comienzan hoy sirven para tomar el pulso ante la propuesta del gobierno.
Se supone que en etapas más concretas de esos diálogos, entonces se liberen las protecciones de confidencialidad y entren a la mesa de negociación los representantes asignados de cada grupo de bonistas.
En vista de que el gobierno de Puerto Rico tiene cifradas sus expectativas en lo que decida finalmente el Congreso de Estados Unidos respecto a medidas para intervenir con la crisis fiscal de la Isla, más de un entrevistado señaló que la gestión de hoy busca ganar tiempo en lo que llega marzo, cuando se espera que haya mayor “movimiento” sobre el tema de Puerto Rico en el Congreso.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Se aferra al Capítulo 9
“No estamos pidiendo un ‘bailout’ (rescate), eso siempre lo he dejado claro”. Con estas palabras el gobernador Alejandro García Padilla, se aferró a la posibilidad de que el Partido Republicano dé paso a que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, porque la medida, a su juicio, no representa una carga económica para el gobierno de Estados Unidos.
Las declaraciones de García Padilla surgen, en entrevista con EL VOCERO, luego de que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo que aunque le preocupa la situación fiscal de Puerto Rico, la solución no debe involucrar dinero de los contribuyentes estadounidenses; declaraciones que podrían dar al traste algunas medidas propuestas por el Departamento del Tesoro federal como el trato justo a las asignaciones de programas de salud para la Isla y dos créditos contributivos.
“Yo le pude expresar directamente a Mitch McConnell en reunión que tuve con él y el senador Rodger Wicker, que (el Capítulo 9) es la herramienta para que Puerto Rico pueda solucionar esta crisis sin que le cueste a los Estados Unidos”, sostuvo el gobernador a este rotativo previo a entrar a la toma de posesión de la primera mujer presidenta de la Asociación de Contratistas Generales, Neyssa Varela Ríos.
“Recordará el senador McConnell que esta crisis comenzó cuando se le quitó a Puerto Rico una herramienta que no le costaba a los Estados Unidos que era la (sección del Código de Rentas Internas) 936. Lo que hemos pedido siempre son herramientas que precisamente nos permiten atender nuestra situación sin que le cuesten a ellos”, apuntó.
Aseguró además que cursó una comunicación a McConnell en la que le explica los cambios del Plan Fiscal y de Crecimiento Económico que recientemente se enmendó de 5 a 10 años. Dijo que hizo lo mismo con el líder republicano en la Cámara federal, Paul Ryan y los congresistas que han liderado la discusión sobre Puerto Rico, Orrin Hatch y Chuck Grassley.
Durante su alocución como invitado de la Asociación de Contratistas Generales, García Padilla dijo que “la cosas que están pasando tenían que pasar para que el país enderezara su rumbo”.
“Entre 1941 y 2005 tomamos la misma cantidad de dinero prestado que entre 2006 y 2012. Fueron una (administración) popular y una penepé”, insistió, entre varias referencias sobre su experiencia ahora que no es candidato político a la hora de expresarse sobre temas y tomar decisiones. “No podíamos seguir viviendo del cuento, del ‘fiao’…llegó la era de la responsabilidad”, sentenció al exhortar al grupo a respaldar la reestructuración de la deuda porque “es impagable”.
Ryan espera que los Comités de Recursos Naturales y lo Jurídico de la Cámara federal presenten medidas antes del 31 de marzo para atender de alguna manera la situación de Puerto Rico. Grassley preside el Comité de lo Jurídico y ya ha mostrado oposición para permitir que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9.
De hecho, una medida de la autoría de los senadores Hatch, Grassley y Lisa Murkowski, propone negar el acceso al gobierno de Puerto Rico al Capítulo 9 de la Ley Quiebras federal.
Las declaraciones del líder de la mayoría republicana del Senado, ocurren a pocos días de la audiencia que llevará a cabo el subcomité de Asuntos Insulares sobre una junta federal de control fiscal para Puerto Rico.
La audiencia será el próximo martes 2 de febrero y acudirán el exgobernador de Washington, Anthony Williams; el director general de la firma Chapman Strategic Advisors, James Spiotto; el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, Carlos M. García; el profesor de economía de Massachusetts Institute of Techonology (MIT), Simon Johnson y el miembro de la firma de financieros Kramer Levin & Frankel, Thomas Moers Mayers.
Williams hablará sobre la experiencia de Washington cuando en la década de 1990 se impuso una Junta de Control Fiscal.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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