WASHINGTON.-  Como nunca antes desde la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), el Partido Popular Democrático (PPD) está en una encrucijada que le puede obligar a tomar un nuevo camino  y a renovar los objetivos de sus aspiraciones de status.

Desde hace un cuarto de siglo, la visión tradicional de la jefatura del PPD sobre el ELA –el cual han proclamado como un status único dentro del sistema federal, distinto a los demás territorios estadounidenses– ha estado impugnada en Washington.

Aquella  teoría –sobre la cual el Gobierno de Puerto Rico aún busca clarificación jurídica– de que el Congreso renunció a ciertos poderes durante el proceso de 1950 a 1952, ha quedado destruida a nivel político con más contundencia que nunca por el gobierno del presidente Barack Obama.

¿Puede el Congreso cambiar unilateralmente los aspectos de su relación con Puerto Rico? “La contestación es que sí”, indicó la procuradora general adjunta Nicole Saharsky, en la audiencia del caso Puerto Rico versus Sánchez Valle sobre doble exposición a cargos criminales, un debate que ha acabado de convencer hasta a los más conservadores del PPD de que las ramas políticas de EE.UU. ven a la Isla como un mero territorio.

El ELA es Peor de lo Peor – AGP/PPD No han podido definirlo en 62 años – El ELA Soberano es la República Bananera y regresar al Componte, a ser como Haití.

Mientras, en el Congreso los republicanos avanzan la idea de crear una junta federal de control fiscal que limite más la autonomía local de los funcionarios electos de la Isla.

La Junta de Gobierno del PPD ha respondido con una declaración en la que vuelve a elevar el grito de que aspira a un ELA no territorial ni colonial.

Es una afirmación que han hecho antes, que no alude directamente a la búsqueda de soberanía a nivel internacional  ni tacha que sectores del partido aún aspiren a un “arreglo especial” con EE.UU. que no sea ni el ELA territorial ni la libre asociación, a pesar de que no encuentran eco aquí.

“Los estadolibristas tenemos que plantear la opción autonomista. Estados Unidos tiene una responsabilidad sobre un proceso político que ha mantenido por sobre 60 años”, sostuvo el senador Ángel Rosa, precandidato a comisionado residente en Washington.

El otro precandidato a la comisaría residente, el expresidente del PPD y exrepresentante Héctor Ferrer, piensa que para volver a tener fuerza política en Washington y plantear una nueva relación autonómica con EE.UU., “Puerto Rico tiene que descartar la estadidad”.

Ferrer y Rosa coinciden en que bajo un ELA no territorial, Puerto Rico  seguirá yendo ante el Congreso a defender   los programas de asistencia federal.  La jurisdicción del Congreso sobre ciertas áreas, dijo Ferrer, estarían fundamentadas en  “asuntos como la ciudadanía americana y el derecho que tiene el ciudadano de EE.UU. a diversos programas federales”. Rosa sostuvo que aun las jurisdicciones con acuerdos de libre asociación “están sujetas a leyes del Congreso”.

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Ferrer afirmó que por décadas EE.UU. “no ha tenido voluntad política” para desarrollar el ELA. Pero lo mismo piensa que puede aplicar ahora a la propuesta de  estadidad, si se diera por buena la posición del PNP de que la estadidad ganó el plebiscito de 2012.

Ciudadanía estadounidense

El debate de los populares sobre el desarrollo del ELA no se limita al hecho de que camino al aniversario 64 de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, las ramas políticas de EE.UU.  no reconocen que haya ocurrido un cambio de status en 1952.

Los propios  defensores de la libre asociación tienen la tarea pendiente de que el gobierno federal les valide su argumento de que aun bajo la soberanía política los nacidos en la Isla deben ser ciudadanos de EE.UU.

“El futuro del ELA tiene que ser hacia la soberanía política. Tiene que tener como fundamento los elementos definitorios de una relación de libre asociación, anclada en la realidad política, económica y jurídica de Puerto Rico. Ahí entra (el debate sobre) la ciudadanía estadounidense”, indicó Rafael Cox Alomar, excandidato del PPD a comisionado residente y profesor  de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia (UDC).

Cox Alomar  –quien acaba de publicar un libro que titula “En la encrucijada” y reúne sus reflexiones recientes sobre la relación con EE.UU.– afirmó que el próximo paso del PPD debe ser ir a denunciar a EE.UU. ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para reclamar que el caso de Puerto Rico vuelva a ser considerado por la Asamblea General, y luego en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Si el Tribunal Supremo estadounidense validara la posición del Departamento de Justicia federal en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, se plantearía “un engaño  a la comunidad internacional de por lo menos 60 años”, dijo el senador Rosa.

“Si esa fuera la realidad, EE.UU. tendría que estar enviando informes a la ONU sobre el proceso de descolonización de Puerto Rico.  El PPD tiene que empezar a denunciar esto. Hace falta un PPD más agresivo”, agregó.

De qué te sirve en la separación? Serás el último? El Congreso le puede quitar la Ciudadan;ia Americana a los PR’s.

Hay líderes populares que han abrazado sin tapujos la libre asociación, sobresaliendo entre ellos la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Pero otros se distancian de la libre asociación debido a que –como han establecido los informes de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama–  la posición de EE.UU. es que no incluiría el derecho por nacimiento  a la ciudadanía estadounidense.

“El único problema que tengo con respecto al concepto es que en el modelo americano no hay ninguna que le aplique a Puerto Rico, porque (en las islas del Pacífico con las que se ha pactado) no había ciudadanía americana. En nuestro caso, ellos tomaron la decisión unilateralmente de darnos la ciudadanía americana”, indicó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

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Rosa sostuvo que “si en el futuro un pacto de libre asociación lograse lo que ningún otro ha conseguido, que la ciudadanía estadounidense siga siendo por nacimiento, estaría más dispuesto a considerarlo, pero mientras no sea así no es opción  en Puerto Rico”. “No tengo miedo en respaldar lo que el país quiera, pero no creo en la libre asociación”, contestó Ferrer.

Otras vías

Cox Alomar sostuvo que el PPD no debe temerle a la discusión sobre el futuro de la ciudadanía estadounidense.

Las normas federales ya garantizan   por derecho de sangre para la próxima generación  que  un hijo de dos ciudadanos estadounidenses tenga acceso automático a la ciudadanía estadounidense aunque nazca en un Puerto Rico soberano.

“Existen también las ciudadanías duales, el libre tránsito. Esa discusión no debe detener la descolonización”, indicó Cox Alomar.

Como exgobernador y expresidente del PPD, Acevedo Vilá prefiere dejar que el proceso de discusión interna en el PPD siga su curso en las próximas semanas.

“Mi llamado al PPD es que en lugar de negar la realidad de lo que nos están diciendo las ramas ejecutiva y legislativas de EE.UU., la internacionalicemos. Es el primer paso para cambiarla”, sostuvo Acevedo Vilá, quien ha expresado que la crisis  debe dar espacio a una nueva relación económica y de status con EE.UU.

No obstante, reafirmó su respaldo a un ELA soberano, que saque a la Isla de la cláusula para territorios y elimine la posibilidad de que el Congreso pueda tener poderes sobre la Isla que no hayan sido delegados.

Como parte de los acuerdos de principios de mes, la Junta de Gobierno del PPD acordó esperar por la decisión en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle, antes de volver a examinar cuál debe ser el próximo proceso de status.

En agosto de 2014, la Junta de Gobierno del PPD se expresó a favor de un plebiscito de alternativas de status, pero ahora su nuevo presidente, David Bernier, ha abierto la posibilidad de que apoyen un referéndum estadidad sí o no, si incluye algún mecanismo que permita atender con rapidez su resultado.

La Junta de Gobierno del PPD, bajo el gobernador Alejandro García Padilla, también había  encomendado un estudio sobre la definición del ELA al constitucionalista argentino Samuel Issacharoff, de la Universidad de Nueva York, que no se ha publicado.

Cox Alomar exhortó al PPD a no esperar por el Tribunal Supremo de EE.UU. “Debemos comenzar a dialogar con todas las fuerzas políticas para trazar estrategias para acudir  ante el foro internacional”, afirmó.

El senador Rosa preferiría una Asamblea Constitucional de Status, pero sostiene que el referéndum estadidad sí o no puede ser la antesala  a un proceso de negociación.   Aunque defiende un PPD abierto a todos los que creen en formas de asociación con EE.UU, Rosa considera que su partido debe definirse con claridad.

“El PPD tiene primero que resolver  el asunto ideológico en su interior”, sostruvo Rosa, quien hubiese querido que su colectividad se vinculara mucho antes al lenguaje de la ley de 2014 que permite iniciar un proceso de consultas con el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre las definiciones de un próximo plebiscito.

Ferrer insistió en que un  referéndum estadidad sí o no  despejará el camino. “La independencia no tiene los votos. Los estadistas no tienen  50% más uno de los votos. Dando por bueno que en el plebiscito de 2012 se rechazó el ELA actual, el país tendrá que rechazar la estadidad para EE.UU. aceptar que no queremos la independencia, ni  la estadidad ni el ELA actual”, afirmó  Ferrer, convencido de que “dentro del marco constitucional federal y el derecho internacional puede llegarse a un acuerdo para Puerto Rico tener mayor injerencia sobre sus asuntos económicos”.

Para ello, dijo Ferrer, “el PPD  debe empezar por perder el miedo a perder”.