Hay personas que cuando piensan en pobreza infantil tienen en su mente la imagen de un niño pidiendo en los semáforos, sin zapatos y sucio.
No es que esa imagen sea falsa –es parte de la realidad que viven países de Latinoamérica y otras partes del mundo–, sino que la pobreza infantil no se circunscribe a ella. Se puede tener un hogar seguro y una familia comprometida y carecer de ayudas, servicios y oportunidades como consecuencia de la limitación de recursos.
En Puerto Rico, el 62% de los menores, de uno a cinco años, vive bajo niveles de pobreza y sus papás enfrentan una tasa de desempleo de un 29%. “Eso le da una idea de hasta qué punto eso va a incidir en que estos niños se estén desarrollando en un ambiente de abandono, inequidad y desigualdad”, expresó el sociólogo Manuel Torres Márquez.
“Se asume que como uno no los ve en las luces como en otras partes del mundo, no existe pobreza. Pero si se examina lo que se informa solamente sobre abuso, maltrato a la niñez y la privación en que viven muchas familias, sabes que en Puerto Rico hay niños pobres”, sostuvo el coordinador del Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida de la Universidad Interamericana
El hecho de que seis de cada diez niños vivan bajo los niveles de pobreza, advirtió José Caraballo, del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, se amplía en ciertas regiones del país y en los hogares monoparentales. El 70% de las madres solteras viven bajo el umbral de pobreza.
Un menor pobre es “un niño o niña a quien le falta lo necesario para sobrevivir”. Sin embargo, más allá de los recursos económicos, la pobreza afecta otros derechos fundamentales, establece la organización Humanium.
“La pobreza le impide a un niño sobrevivir y le dificulta todos los aspectos de su desarrollo, ya sea físico, mental, emocional, cultural, social, familiar o espiritual. El impacto de la pobreza es tan grande que se podría considerar, sin duda alguna, como la principal causa de la violación de los derechos infantiles”, establece el organismo en su página.
Pobreza infantil es que un niño no tenga acceso a terapias del habla, a estudios supervisados, a actividades recreativas, a una alimentación adecuada y a cuidados médicos justos, limitaciones que podrían tener consecuencias de por vida.
“La falta de seguridad económica tiene una incidencia directa en su educación, en el acceso, en oportu
nidades, en la recreación, en todo el desarrollo”, indicó Gloriann Sacha Antonetty, del Instituto Desarrollo Juventud.
Cómo se afectan
Quizás uno de los aspectos más apremiantes para atender es la educación. La familia de escasos recursos no sólo se ve imposibilitada de costear una educación privada, sino que también se ve en la dificultad de pagar servicios de tutorías y de ofrecerle a ese menor la ayuda que necesita en su proceso de aprendizaje.
El 66% de los estudiantes en las escuelas públicas del país son pobres, señaló Caraballo. Hay escuelas, sin embargo, cuyo nivel de pobreza es mayor. En Culebra, por ejemplo, el 82% de los niños vive en pobreza.
Cuando se habla de educación, el nivel de pobreza es mayor en aquellos grupos que abandonaron la escuela (35.8%) o que estudiaron hasta escuela superior (32.5%). Sólo un 8.5% de las personas que poseen un bachillerato viven en pobreza, explicó Caridad Arroyo Quijano, del Instituto Desarrollo Juventud.
Sin embargo, cuando se mira la población que no vive en pobreza, el 37.2% tiene bachillerato.
Otro aspecto que impacta directamente el acceso a una educación adecuada es el hecho de que 112 mil abuelos viven con sus nietos. “Me parece alarmante porque lo que me está diciendo es que hay otros factores que están afectando la pobreza de los menores”, indicó Caraballo.
“El hecho de que un padre o madre tenga que recurrir a sus padres para vivir, da cuenta de la precariedad que hay de viviendas que puedan acceder familias de escasos recursos”, agregó el académico.
Otra data, en este caso del Instituto Desarrollo Juventud, apunta a que el 47% de los abuelos que viven con sus nietos están a cargo de sus necesidades básicas. De estos, el 25% tiene alguna discapacidad y el 58.4% vive bajo los niveles de pobreza.
“Tienes dos poblaciones bien vulnerables que están coexistiendo y el niño depende de un abuelo que tiene problemas de salud y que no tiene las destrezas para cuidar a un menor”, mencionó Arroyo Quijano.
El acceso a la salud y a oportunidades de superación son otros dos aspectos fundamentales a los que se les dificulta el acceso.
“Nosotros no hemos llegado a un 62% del día a la noche. Esto se ha ido acumulando. La carencia en el sistema de educación, en el Departamento de la Familia, en toda la red de agencias en los últimos años, antes de esta crisis y durante la crisis, no me deja ver que haya una plena conciencia de que en cada niño que nace en Puerto Rico, vuelve a nacer Puerto Rico y esa es nuestra oportunidad», apuntó Torres Márquez.
Urge atención
El establecimiento de políticas públicas dirigidas a atender y suplir esa falta de recursos en el hogar como consecuencia de la pobreza es impostergable.
“Realmente es una decisión económicamente racional que muchas madres solteras no tengan un empleo a tiempo completo y opten por completar con las ayudas del Estado”, señaló Caraballo al establecer que esto se sustenta con la falta o escasez de centros de cuido gratuitos o a bajo costo y de un sistema de transporte público eficiente.
Hacen falta más programas de ayuda de servicios gratuitos y libres de costo a estudiantes, sostuvo, así como vivienda accesible. “Muchos de ellos (los estudiantes) no tienen nadie con quien repasar geometría porque probablemente su padre nunca lo estudió. Pero si no se les estimula, después nose les puede exigir que vayan y se enfrenten a un mundo tan competitivo como es la universidad”, planteó Caraballo. “Si uno nunca ha tenido un familiar que haya ido a la universidad, suena terriblemente competitivo y piensa que no es posible”, abundó.
Para el catedrático, debería ser prioridad trabajar en reestructurar el desarrollo social del país versus pagar la deuda pública.
Torres Márquez apuesta también a la creación de un observatorio sobre la situación de la niñez dirigido a atender el tema sobre los derechos. “Si el Gobierno no resulta ser más creativo, sensible y diligente, estamos condenando a esos niños a más pobreza, más incertidumbre, más desequilibro”, enfatizó.
Ese desequilibrio y desajuste, apuntó, desemboca en un desarrollo emocional y físico lleno de desventajas e inequidades.
Eliminar la penalización
Si alguien sabe lo que es ser castigado por intentar salir adelante es Glenda Hernández y su familia.
La ama de casa de 38 años vio como en cuestión de segundos su familia se quedó sin el seguro médico del gobierno porque los ingresos del hogar sobrepasaban por $80 el límite que se establece para ser beneficiario.
Su preocupación, contó a este rotativo, no era que ella y su esposo quedaran desprovistos de seguro médico sino sus dos hijas, en especial la más pequeña, que padece de varias condiciones de salud.
“Cuando él me llamó y me dijo eso fue impactante porque en sí yo lo necesitaba por Arielys, que estaba en el hospital y casi todas las semanas yo estaba con ella en el hospital… Lo que hice fue llorar”, recordó sobre lo ocurrido hace tres años.
Como consecuencia, el esposo de Hernández, José Flores, se vio en la obligación de dejar el trabajo a tiempo parcial en una pizzería que tenía para empatar la pelea cada mes. “Nos decían que podíamos pagar un plan, supuestamente, pero no era así porque habían gastos”, expresó.
Hernández vive en la residencia de su papá, con quien comparten los gastos básicos de la casa, pero no tiene que pagar renta.
“Un empleado me dijo: ‘Esto es para el que no quiere trabajar, al que quiere trabajar no lo ayudan’”, abundó Flores sobre aquellas palabras con las cuales le recomendaron renunciar a su segundo trabajo.
Los $400 mensuales adicionales que traía al hogar ayudaban a costear aquellos medicamentos de su hija que no caían bajo la cubierta. “Yo preferí el plan, aunque lo encontré inhumano porque tú sabes lo que era dejar dos niñas sin plan porque él no me podía pagar uno”, expresó Hernández.
Un plan privado familiar tiene un costo aproximado de $400 al mes y el ingreso bruto de la familia para cubrir todas las necesidades era de $1,200 mensuales.
“Y eso que por lo menos vivimos con papá, que con su Seguro Social paga la luz y nosotros pagamos el agua y el teléfono y aun sí hay momentos en que uno se ve apretao, pero pa’ alante, yo digo que hay que sobrevivir con lo que tenemos”, abundó Hernández.
En cuanto a actividades extracurriculares, la familia depende de aquellas que se ofrecen en la escuela y en la iglesia de la comunidad.
Las niñas están en escuelas públicas y la experiencia ha sido positiva para ambas. La mayor está en la escuela especializada en cinematografía Cacique Agüeybaná y la menor estudia en la Virgilio Dávila, ambas en Bayamón.
“A veces uno se pone triste porque uno quisiera darles más, pero siempre les he explicado que tienen que ser feliz con lo que tienen porque no podemos darles más y ellas siempre lo han entendido…”, sostuvo.
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