Con la propuesta de reestructuración que establece recortes que podrían superar el 60 por ciento, según el emisor e incluida la deuda garantizada, se plantea un cambio histórico en la política económica y financiera del Estado Libre Asociado (ELA), que de acuerdo a varios analistas financieros podría quedar en nada y, desde ya, anticipan la llegada de fuertes reclamaciones legales.
Alcanzar una negociación en esos términos, con un intercambio voluntario de bonos en dos modalidades y que conllevan un recorte de 51.5 por ciento para los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), de 28 por ciento para las obligaciones generales (GO´s) y hasta un 61 por ciento para otros créditos, resulta muy difícil, indicaron los analistas entrevistados.
El documento se hizo público ayer, un día antes de la vista en el subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja en el Congreso, que evaluará la viabilidad de una junta de control o supervisión fiscal para la estabilización económica de la Isla. Mientras, el gobierno local sigue en búsqueda del acceso al Capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos.
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La urgencia está ampliamente plasmada en el documento de 22 páginas, que fue presentado a grupos de acreedores hace cinco días, y adelanta que si el 1 de mayo no hay acuerdo, se declararía una moratoria en el vencimiento de $422.8 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el próximo gran pago en deuda garantizada contra el Fondo General.
Aunque ya existen reclamaciones legales por parte de aseguradoras de deuda, todavía el ELA no ha incumplido con su deuda garantizada, que constitucionalmente tiene prioridad de pago.
“Si bien creemos que es un paso positivo que el BGF finalmente ha llegado con una propuesta integral de reestructuración de deuda, veríamos esto como sólo la primera andanada en lo que seguramente será una prolongada batalla legal”, opinó el analista de la firma financiera NewOak en Nueva York, Triet Nguyen. Cuestionó que “si el ELA está dispuesto a comprometer sus obligaciones generales constitucionalmente protegidas, y la deuda de COFINA, ¿por qué la protección jurídica de los nuevos bonos valdría algo?”.
La propuesta consiste de un Bono Base para el intercambio de unos $49.2 mil millones por una nueva emisión de $26.5 mil millones de pago obligatorio. Se honrarán intereses escalonados hasta 5 por ciento a partir de enero de 2018, hasta el año fiscal 2021, cuando comienza el pago del principal. La otra parte de intercambio incluye una emisión de $22.7 mil millones en “bonos de crecimiento”, con intereses escalonados hasta 5 por ciento que comienzan a pagarse en enero de 2018 hasta el año fiscal 2021, cuando inicia el pago del principal.
La fuente de repago serían recaudos de impuestos, el impuesto al petróleo y los impuestos al consumo. Sin embargo, los bonos de crecimiento “serían pagaderos únicamente en la medida que los ingresos del ELA superen sus actuales proyecciones como resultado de un crecimiento económico real en la Isla”. La propuesta depende de legislación particular y otras acciones, y de que el gobierno federal mantenga las asignaciones en el área de salud.
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“El concepto de ´bonos de crecimiento´ sólo es viable si hay una junta de control fiscal federal para asegurarse de que los números financieros son oportunos y exactos, y que el gasto público se mantiene bajo control para generar suficientes ingresos para pagar a los bonistas”, añadió Nguyen.
Ayer, luego de divulgarse la propuesta, el valor de los principales bonos se redujo ligeramente. Los GO´s se trafican en torno a los 70 centavos de dólar o menos, y los de COFINA en los 60 centavos de dólar o menos.
Para el economista y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Arturo Porzecanski, con base en Washington, “básicamente, el gobierno le propone pasar a sus inversionistas toda la factura por el desastre fiscal ocurrido”.
“La principal pregunta que tenemos los analistas y tenedores de bonos es si esta es una propuesta primera y última, o si es solo la primera, porque el gobierno está dispuesto a sentarse y negociar -como lo ha hecho la Autoridad de Energía Eléctrica- algo que sea más equitativo y por ende aceptable para la masa de inversionistas”, comentó Porzecanski.
Mencionó que las proyecciones fiscales en las cuales está fundamentada la propuesta “fue hecha por el gobierno, y no fue avalada por ninguna institución independiente. Los inversionistas ciertamente tienen otras opiniones respecto a lo que se debería hacer y esperar. Los recortes de gastos y las reformas estructurales que el gobierno ha identificado son muy tímidas”.
Frente a la necesidad de crecimiento económico para viabilizar el pago a los que acepten el intercambio de bonos, el economista entiende que “a menor el cambio de modelo de gobierno y de negocios propuesto, menor credibilidad tiene ese bono compensatorio porque va a ser muy difícil que la economía crezca el 4.5% requerido”.
El secretario de Estado, Víctor Suárez, explicó que durante la próxima década el ELA enfrenta pagos de deuda respaldada por contribuciones por más de $33 mil millones y con la oferta de intercambio voluntario, de ser aceptada, le permitirá al gobierno ponerse al día con sus suplidores y contribuyentes a los que se les adeudan pagos y reembolsos contributivos. Igualmente viabilizaría las iniciativas económicas y fiscales del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal (PCEF).
Comunicó que la propuesta también pretende “reducir el coeficiente de servicio a la deuda/ingresos de la deuda respaldada por contribuciones a aproximadamente 15% —un nivel que es consecuente con el límite de la deuda que se contempla en la Constitución del ELA— de un coeficiente actual de 36% que es insostenible”. Aun con un 15%, este número excede el nivel de los estados más endeudados de Estado Unidos.
En el intercambio de bonos también se incluye a la Autoridad de Edificios Públicos (cuya deuda es garantizada), Autoridad de Carreteras, BGF, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, Compañía de Fomento Industrial, Universidad de Puerto Rico, Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones, Sistema de Retiro y la Autoridad para el Financiamiento Público (PFC).
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Impera el pesimismo entre los bonistas locales
Ante la audiencia del subcomité de Asuntos Insulares que se celebra hoy en el Congreso y la cual persigue se presenten propuestas legislativas para atender la crisis fiscal de la Isla antes del 31 de marzo, y ante el anuncio de ayer en el que se propone una significativa reducción a la deuda contraída con los acreedores, varios bonistas locales expresaron pocas esperanzas de poder recuperar los ahorros de toda su vida.
Inversionistas locales, que se autoproclaman pequeños inversionistas, ya que no son personas de altos recursos económicos, sino trabajadores asalariados o auto empleados, aseguran que al día de hoy, en papel, sus pérdidas oscilan entre los $100,000 a $250,000.
Teresa García, química retirada que invirtió el 60% de sus ahorros en bonos de Puerto Rico, ya ha perdido más del 50% de sus inversiones, lo que representaba su garantía de estabilidad financiera en sus años de retiro. “Estoy bien pesimista, por lo que se lee en los medios, las esperanzas de recuperar mi inversión la veo muy lejana, ya que no veo que el gobierno esté manejando bien las finanzas, ni ha demostrado tener la capacidad de negociar con los inversionistas para intentar recuperar algo de lo perdido. Ante esta realidad, cada día veo desvanecer mis ahorros de toda la vida, incluyendo los de mi jubilación”.
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Joaquín García de la Noceda, cerrajero de profesión, coincide en la inhabilidad gubernamental para sentarse a negociar con los acreedores y salvar gran parte de sus ahorros de toda la vida. Entiende que con la administración actual no se va adelantar mucho, por lo que confía en un cambio de administración que traiga una persona capaz de sentarse a negociar con los bonistas. “Hasta el momento no han probado que se pueda negociar con ellos. Si no lo dañan al principio lo hacen al final. Ejemplo es PREPA, que llevan año y medio intentando sin éxito cerrar un acuerdo y no lo han logrado”.
En un sentido muy similar se expresó Carlos Alberto Ponce de León, un ingeniero eléctrico retirado y dueño de un pequeño negocio, quien invirtió en bonos de Puerto Rico para completar su pensión, pero debido a la situación de crisis fiscal, ha tenido que posponer su retiro.
Ponce De León entiende que la estrategia utilizada por el Gobierno no ha sido la más acertada, sino que ha colocado a la Isla en una posición nada alentadora para que quieran invertir localmente. “Ahora mismo, yo no soy rico, qué le dejo a mi familia si todo lo invertí en los bonos locales. Es muy lamentable que nos vean como unos demonios, cuando lo único que hicimos fue creer y ayudar a nuestro país. Verdaderamente es una gran canallada por parte de este gobierno”, sentenció.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
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