Por: Andrés L. Córdova, Facultad de Derecho UIAPR
Las insistentes discusiones a nivel congresional sobre la deseabilidad de una Junta–sea de control o de supervisión–fiscal, ya ha tenido efectos en nuestra clase política y en la discusión pública en general. Por un lado, algunos reclaman la necesidad de dicha Junta como un mecanismo necesario– entre otros– para atender el continuo deterioro de nuestra economía y del aparato fiscal gubernamental. Otros postulan que la creación de dicha Junta supone una admisión y asunción de responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos por la deuda pública de Puerto Rico. Alguno inclusive ha sugerido la desobediencia del Gobierno de Puerto Rico como respuesta a las pretensiones del Congreso de Estados Unidos de pasar unilateralmente por encima de la soberanía del Pueblo de Puerto Rico.
No hay duda de que la creación de una Junta por el Congreso de los Estados Unidos pone de manifiesto la naturaleza territorial de Puerto Rico. Algunos opositores a los proyectos de ley plantean que tal y cual está concebida, esta Junta supone un menoscabo del modelo democrático inaugurado por la Constitución del ELA de 1952, y un regreso a la Ley Foraker de 1900, en donde el Pueblo de Puerto Rico no tendría la facultad para dirigir los destinos de su gobierno, por limitados que sean.
Si creemos que Puerto Rico es un país soberano, con poderes suficientes para atender su realidad política independientemente de los Estados Unidos, entonces no habría duda alguna de que la creación e implementación de cualquier Junta supondría una usurpación de dicha soberanía y un claro ejercicio de colonialismo. Merece notarse como ninguno de los actores políticos del momento plantea la ilegalidad de una Junta. En cambio, si reconocemos que Puerto Rico es un Territorio bajo el Artículo IV, § 3 de la Constitución de los Estados Unidos, y sujeto a los poderes plenarios del Congreso, entonces la creación de una Junta habría que entenderlo como un ejercicio legítimo de su poder político. Independientemente de que tan amplio o estrecho sean sus facultades, y dada la presente correlación de fuerzas políticas, y los dos casos ante el Tribunal Supremo sobre doble exposición y la Ley de Recuperación Fiscal de Puerto Rico, me sospecho que la creación de una Junta implicará que el Congreso tendrá que atender más temprano que tarde el problema de nuestro status político.
Frente a esta disyuntiva, los defensores del Estado Libre Asociado se ven obligados a cuadrar el círculo, reclamando algún grado de autonomía política en virtud de una imaginada cesión (no delegación) de poderes a Puerto Rico en virtud de la Ley 600. Es significativo notar como todas las todas las propuestas sugeridas para atender la crisis fiscal del Gobierno de García Padilla serían obtenibles como cuestión de derecho bajo la estadidad. Es en este contexto político que algunos sugieren que la creación de una Junta sería un retroceso a la Ley Foraker de 1900. Este paralelismo histórico es una invitación para que el ciudadano se crea que en 1952 ocurrió algún milagro que convirtió el agua de colonia en vino de soberanía. Claro, Puerto Rico 2015 no es ni remotamente Puerto Rico 1900, y sus respectivos contextos históricos hacen poco creíbles su comparación.
Es precisamente la perenne confusión política sobre cómo caracterizamos nuestra relación con los Estados Unidos que explica los babélicos pronunciamientos de nuestra clase política. Si en efecto somos un territorio no nos debe sorprender que el Congreso de los Estados Unidos ejerza sus facultades para atender el bienestar de los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Los que entiendan que una Junta, tal y cual está siendo discutida, no son en el mejor interés de Puerto Rico, entonces el remedio no es el pataleo del cabildero, sino luchar por obtener la representación política en el Congreso de los Estados Unidos. Durante los últimos meses, el Congreso de los Estados Unidos ha celebrado varias vistas para discutir la grave situación fiscal y económica que atravesamos. En todas ellas la evidente ausencia de representación de Puerto Rico en los comités del Senado y la Cámara de Representantes subraya la ineficacia de nuestro modelo político existente. Tan solo hay que preguntarse como este proceso sería distinto si hubiera dos senadores y cinco representantes defendiendo los intereses de Puerto Rico. Lo que es patentemente contradictorio es rasgarse las vestiduras de la autonomía fiscal con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha se solicita ayudas y paridad en las asignaciones federales.
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