Una organización sin fines de lucro fundada por el reconocido líder sindical Dennis Rivera y cuyo único empleado es el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Antonio García Padilla, levantó una bandera roja al grupo que supervisa la ética en el gobierno federal ‘National Legal and Policy Center’, por la cantidad de donativos provenientes de entidades privadas que ha recibido en los últimos años.
La organización fue fundada además por el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como una organización de derechos de hispanos en 1996, pero desde el 25 de abril de 2014 fue incorporada en Puerto Rico como una organización sin fines de lucro foránea con un nuevo nombre y con una nueva misión.
De acuerdo al registro de corporaciones foráneas autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico del Departamento de Estado, Sociedad Económica de Amigos del País Inc., tiene como presidente al directivo del Banco Popular, Richard Carrión; a Rivera como vicepresidente y a Kathryne Wylde como secretaria.
Además, el documento indica que la fundación “apoya el desarrollo económico de Puerto Rico, a través de la consolidación de la base industrial y comercial al identificar industrias y comunidades en riesgo financiero en Puerto Rico y desarrollar y apoyar estrategias para manejar las causas de esos riesgos financieros”.
$7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR
Además, la Sociedad “desarrollará estrategias para facilitar la expansión de compañías locales o atraer inversión extranjera”.
De acuerdo a la publicación Washington Free Beacon, el hermano del gobernador fue contratado como el director de la Sociedad, con un sueldo de $70 mil, según los registros del año 2014.
Igualmente, reseña que la fundación recibía escasas donaciones hasta que se transfirió a Puerto Rico y cambió su concepto. En 2014 obtuvo $275 mil de prominentes compañías, más del doble que había recibido los seis años anteriores.
“Cada vez que una organización sin fines de lucro cerca de una figura política recibe grandes donaciones de compañías o individuos que se pueden beneficiar de las acciones del político, levanta banderas éticas rojas. Cuando la organización también emplea a un miembro de la familia de un político, la situación levanta asuntos de influencia impropia o pay-to-play”, indicó el presidente del National Legal Policy Center, Ken Boehm.
No obstante, Antonio García Padilla, también expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), justificó a través de un correo electrónico al medio estadounidense, que la fundación es “una organización sin fines de lucro, creada por un grupo de ciudadanos del sector privado para ayudar a Puerto Rico en la recuperación económica, cultura aprendizaje, etcétera”. García Padilla no abundó sobre las actividades, ni programas de la organización.
EL VOCERO intentó obtener una reacción del hermano del gobernador, pero al cierre de esta edición no ha contestado las llamadas de este rotativo.
Por su parte, Wylde dijo a Free Beacon que la organización “no opera programas”, sino que “va tras inversionistas de negocios o potenciales negocios alrededor del mundo, investigan sus necesidades e intereses y el ofrecimiento de Puerto Rico para esas necesidades”.
Según la publicación estadounidense, la entidad bancaria donó a la organización sin fines de lucro $100 mil en 2014. La secretaria de la Sociedad Económica de Amigos del País, indicó que gozan de espacios gratuitos de oficinas por el Banco Popular, uno de los mayores donantes en ese mismo año. Sin embargo, la Sociedad indicó gastos de $33 mil en pagos por concepto de alquiler al Banco Popular en su planilla.
Otro contribuyente de la organización es Nicholas Prouty, con $50 mil y St. James Security con $50 mil, cuyo presidente Guillermo Martínez es parte de la Junta de la Sociedad. Miguel Ferrer de UBS Financial Services en Puerto Rico también es parte de la Junta.
Rivera, quien cabildea en Washington por la igualdad de derechos para Puerto Rico en Medicare y Medicaid, es asesor del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, no comentó sobre las preguntas del medio estadounidense.
El resto de los miembros de la Junta son el principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, Agustín Arellano Rodríguez; el presidente de la destilería Bacardí, Joaquín E. Bacardí III y el director de Goldman Sachs & Co., Edward Pallesen.
Luis Gerardo García Padilla, el otro hermano del primer mandatario, estuvo recientemente vinculado en el caso en el que el empresario y amigo del gobernador, Anaudi Hernández Pérez, fue acusado junto a otras nueve personas por corrupción. La acusación indica que Hernández le pidió a la “Persona B” (Luis Gerardo García Padilla -hermano del gobernador) que se despidieran varios empleados públicos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que ocupaban puestos de confianza por ser afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).
El pasado 2 de diciembre, un Gran Jurado federal, emitió un pliego acusatorio contra Hernández Pérez, quien se alega fue el gestor de tres conspiraciones era obtener contratos y beneficios con el gobierno de Puerto Rico con un valor aproximado de más de $2 millones para entidades corporativas controladas por el empresario y recaudador de donativos políticos. Ello, a través de influencias y pagos indebidos a varias agencias de gobierno.
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