Aunque La Fortaleza ha reiterado que la deuda pública asciende a $70 mil millones, la administración de Alejandro García Padilla reconoció ayer, por primera vez, que esa cantidad representa solo la mitad del monto total de la deuda que ha contraído el gobierno de Puerto Rico, lo que duplica entonces a largo plazo el reto económico del cual se intenta rescatar a la Isla.
Pese a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) detalló en la página 12 del Plan de Ajuste Fiscal -divulgado en septiembre de 2015- que la deuda era mayor a lo discutido hasta el momento, no fue sino hasta ayer que La Fortaleza lo reconoció públicamente.
Así las cosas, el gobierno espera poder reestructurar una deuda pública que alcanza, según los últimos estimados de La Fortaleza, $69 mil millones en bonos que pagan servicio anual.
Sin embargo, a largo plazo, tendrá que responder por $34 mil millones en bonos de vencimiento fijo (Capital Appreciation Bonds o CABs, por sus siglas en inglés) y $43 mil millones en deudas sin fuente de repago de los sistemas de retiro, lo que totaliza $146 mil millones.
Los CABs son bonos que posponen sus pagos por 25 a 40 años y al acumular intereses se genera un balance altísimo. De hecho, analistas financieros estadounidenses consideran este instrumento como uno cuestionable debido a que se puede utilizar para evadir los límites constitucionales de la deuda.
EL VOCERO supo además que en el desgloce de los CABs, al menos $20 mil millones pertenecen a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que llegó a emitir entre $3 mil millones a $4 mil millones inicialmente y que al final de su vencimiento sumará esa cantidad. Se supone que de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), una parte se deposita en el Banco Popular como fideicomisario de la deuda para el pago de estos CABs. Otros $10 mil millones corresponden al vencimiento de una porción de una emisión de $3,500 millones de los Sistemas de Retiro, emitidos en bonos de obligación de pensiones (POB, por sus siglas en inglés) y otros $1,000 millones son del denominado ‘Children’s Fund Trust’ creado en 1999 bajo la administración de Pedro Rosselló.
A AGaPito ni los Populares No Lo Quieren
Así las cosas, la deuda pública de Puerto Rico contraída tanto en el mercado de bonos estadounidense como en los bancos locales e intragobierno -al tomar prestado entre agencias gubernamentales- asciende al menos a $146 mil millones, lo que significa que las obligaciones superan dos veces la cantidad de bienes y servicios producidos en la Isla. Significa también que la cantidad de la deuda se ha duplicado al compararla con las cifras discutidas públicamente hasta el momento.
“La deuda que paga servicio es la que siempre hemos mencionado de $70 mil millones, que ya va por $69 mil millones (porque se ha estado pagando). Ahora, el gobierno también tiene otro tipo de acreedores -como pensionados y otros- que si sumamos esa cantidad es más”, admitió por primera vez para récord público el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, durante la sesión informativa semanal en La Fortaleza.
Cuando se le preguntó cómo la administración García Padilla logró reducir la deuda- de $72 mil millones a $69 mil millones- respondió que se debía a que “no se ha tomado más prestado; lo único que hemos podido hacer es pagar… por tanto se ha seguido pagando, y ha ido bajando la deuda”, simplificó. La cantidad asignada al servicio de la deuda en el presupuesto vigente es de un poco más de $3 mil millones, según información revelada anteriormente por el gobierno.
La admisión de que la deuda pública duplica el Producto Nacional Bruto ocurre en momentos en que el gobierno incumple, desde hace ocho meses, con la publicación de los estados financieros auditados. La línea de defensa del equipo fiscal de García Padilla, al cabildear en el Congreso de Estados Unidos por la creación de una herramienta de quiebra o reestructuración de deuda para Puerto Rico, ha sido recalcar que estos estados no revelarán información nueva o contradictoria a la que se ha divulgado hasta el momento.
Sin embargo, las variaciones en cuanto a la totalidad del endeudamiento público dificulta diseñar una estrategia de reestructuración y recuperación económica con la mayor precisión posible, opinó el economista Argeo Quiñones al ser consultado por EL VOCERO.
“Si ese es el número verdadero, la deuda pública según calculada es el doble del Producto Nacional Bruto de 2014. Sería como coger todo el valor de lo producido en Puerto Rico y que se queda en Puerto Rico y destinarlo al pago de la deuda, lo que sería dejar a todo el País sin ingreso sin contar las transferencias federales”, ilustró el economista.
Si bien las demás administraciones han sido irresponsables en su manejo de la deuda, Quiñones señaló que también la administración García Padilla debe asumir su parte en la ecuación por haber dilatado los esfuerzos de reestructuración hasta un año después que tomó posesión, pues no fue hasta junio de 2014, que radicó el proyecto de Ley de Quiebra Criolla, cuya constitucionalidad está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Pese a que el gobierno de García Padilla aprobó medidas para reformar los Sistemas de Retiro, aumentó los impuestos y alegó que implantó recortes de $2,500 millones en programas de gobierno, todos esos esfuerzos han resultado insuficientes respecto a la magnitud de la deuda. De hecho, no fue sino hasta mediados de 2015, que el gobernador de Puerto Rico reconoció que la deuda era impagable.
En ese mismo tono, el asesor del gobierno, Jim Millstein, presidente de Millstein & Co., dijo el viernes ante un grupo de empleados congresionales y la prensa estadounidense que el problema de fondo es la economía de Puerto Rico que se ha ido achicando. “Cuando la base contributiva se reduce, es muy duro salir adelante. Se podrían aumentar los impuestos, pero en realidad estas medidas de recorte de gastos y salarios gubernamentales lo que hacen es quitar el dinero del bolsillo de la gente”, analizó al considerar además el agravante de la emigración.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
Otro mes de caída en la actividad económica
Mientras ya no es parte de la discusión pública de si existe en Puerto Rico una depresión, contracción o recesión, y la atención principal se centra en ver cuánta de la deuda que el gobierno anuncia que no se podrá honrar finalmente se paga o no, el Índice de Actividad Económica (IAE) arrojó una caída de 0.5% en la comparativa año a año para diciembre de 2015.
De acuerdo con el instrumento de medición que elabora el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a diciembre pasado el IAE fue de 126.0 para una disminución anual de 0.5%, y cuando se comparó con el mes previo de noviembre la baja fue 0.6%.
Hasta diciembre y en lo que completaba entonces del presente año fiscal (julio a diciembre 2015), se estimó “una ganancia” de 0.1% en el índice sobre el año anterior, una cifra que es prácticamente nada.
Cuando se observa el comportamiento del IAE, luego de experimentar algunas alzas hacia el final del tercer trimestre de 2015, en noviembre volvió a caer cuando registró una baja anual de 0.5%. Sin embargo, la reducción en noviembre fue significativa sobre el mes previo al mostrar un -1.3%.
A esto, se le suma el nuevo registro de diciembre, impulsado mayormente por una reducción marcada en la venta de cemento y en el consumo de gasolina.
La venta de cemento sumó 96 millones de sacos en diciembre, para una reducción de 14.9%. Mientras, el consumo de gasolina fue 83.5 millones a la misma fecha, para una merma de 0.8%.
En cambio, el empleo asalariado no agrícola reportó 931,300 personas con un alza de 0.3%, y la generación de energía eléctrica, que es el cuarto indicador para elaborar el IAE, mostró 1,710.4 kWh, o un crecimiento de 2.4 a diciembre.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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