A veces las crisis son buenas. Nos fuerzan a poner los pies en la tierra. Nos hacen ver lo obvio que eran soluciones que teníamos delante y no reconocíamos.
Tal parece ser el caso del más reciente informe sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR) comisionado por la Asociación de Juntas de Gobierno de Universidades y Colegios.
Hay muchas cosas que están mal en la universidad del estado. Y una de las peores es el estado de sus finanzas. Por años, la UPR se ha beneficiado de una longeva pero absurda e ineficiente práctica presupuestaria que determina la subvención del gobierno central no a partir de las necesidades fiscales de la institución sino como un porciento arbitrario del Fondo General.
Independientemente de las buenas intenciones de quienes en su día establecieron tal fórmula, hoy es evidente que la misma ha fomentado la indisciplina presupuestaria y la ineficiencia administrativa. Mientras mayor ha sido el presupuesto del gobierno central, mayor la partida que se le ha asignado a la universidad. Hasta ahí, bien. Pero el monstruo se acostumbró a tragar mayores presupuestos cada año, de forma tal que cuando la crisis fiscal requirió reducciones en el presupuesto del estado, la puerca entorchó el rabo. Resultado: un desbarajuste fiscal sin precedente, el crédito de la UPR degradado a chatarra y una estrechez en el flujo de caja que tiene al sistema al punto de la insolvencia.
Ahora, un informe recomienda una serie de soluciones que se caen de la mata: consolidar los recintos regionales, dotar de mayor autonomía a los recintos más grandes, reducir los costos operacionales de la administración central en un 25%, reducir personal, establecer una meta de ahorros anuales de 5% en servicios a la Junta de Gobierno, y ajustes en el modelo gerencial de “gobierno compartido” que a menudo resulta en que nadie asume responsabilidad por las decisiones que se toman, entre otras.
Está por verse cuál será la voluntad de la UPR en adoptar estas recomendaciones. Pero el mero hecho de reconocer la necesidad de cambio -aunque haya sido forzado por la crisis fiscal que confronta- es un paso en la dirección correcta.
Un paso en la dirección correcta es también la decisión del Presidente Obama de incluir en su petición presupuestaria para el año fiscal federal 2017, un mejor trato para Puerto Rico bajo los programas federales de salud Medicaid y Medicare, así como el de créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por sus siglas en inglés), reclamos que habría hecho el Comisionado Residente Pierluisi en proyectos que hasta ahora estaban durmiendo el sueños de los justos.
La petición presupuestaria de Obama, que tendría que ser refrendada por el Congreso, les daría a los puertorriqueños el mismo trato que se les da en los estados bajo Medicaid a personas que están bajo el nivel de pobreza federal. La medida no solo corregiría una gran injusticia social, sino que aliviaría enormemente la precariedad fiscal del gobierno. En parte por el trato desigual bajo Medicaid, a través de los años el gobierno local ha tenido que endeudarse para poder proveer servicios de salud adecuados a los médico-indigentes. La propuesta presupuestaria de Obama aumentaría el financiamiento federal del sistema de salud en Puerto Rico la friolera de $30,000 millones durante los próximos 10 años. Son buenos.
El presupuesto también propone proveerle a Puerto Rico trato como el que reciben los estados bajo el EITC, un poderoso incentivo al empleo que debe ayudar a reducir la tasa de pobreza y aumentar la tasa de participación laboral. Se estima que la propuesta de EITC para la Isla resultará en $6,000 millones adicionales para los trabajadores puertorriqueños durante los próximos 10 años. También son buenos.
Finalmente, el presupuesto de Obama también urge al Congreso a aprobar un mecanismo de reestructuración de deuda para Puerto Rico. Aunque hay diversos criterios sobre la naturaleza y el alcance de cualquier autoridad para dicha reestructuración, parece haber un consenso creciente de que Puerto Rico necesita dicha facultad para salir adelante.
Ya veremos qué respuesta da el Congreso.
Editorial, EL VOCERO
Urge la reestructuración ordenada de la deuda
Con la inclusión del tema de Puerto Rico en su proyecto de presupuesto para 2017, el presidente Barack Obama da un espaldarazo indispensable al proceso de reestructuración de las obligaciones, lo que debe estar acompañado por estímulos gubernamentales que fomenten la confianza de los inversionistas y atraigan el capital que impulsará el crecimiento de la economía puertorriqueña.
El cuadro preciso para poder sortear la crisis de las finanzas públicas locales lo componen precisamente el cumplimiento organizado con el pago de la deuda y el fomento de la inversión de capital, junto con una junta de control fiscal con presencia federal y la transformación hacia la eficiencia del aparato gubernamental local.
Llega en momento oportuno la propuesta formal del presidente Obama que respalda la creación de una junta de control fiscal fuerte que intervenga sin reparos en aspectos concretos del gasto gubernamental y en el reenfoque de las políticas fiscales. Este organismo debe, al mismo tiempo, viabilizar la reestructuración ordenada de la deuda, marcando una pauta general que le permita a la Isla honrar a tiempo sus obligaciones constitucionales, sin perjudicar los servicios básicos a la población.
Un punto decisivo en esto sería el aumento en la asignación del Medicaid, a fin de lograr la paridad de fondos que mantendría a flote el cuidado de salud para un sector desventajado de la población.
La inquietud mayor frente al estado de insuficiencia crasa en que se hallan las arcas públicas es la incertidumbre con respecto al futuro de los servicios de salud, en la certeza de que los fondos asignados bajo la reforma del Obamacare se agotarán antes de lo esperado. El documento presupuestario del presidente Obama incluye un alivio de $29,600 millones adicionales para Puerto Rico y los territorios, a desembolsarse entre 2017 y 2026. De esa suma, la Isla recibiría alrededor de $27,000 millones, un respiro formidable que garantizaría cuidados de salud a cientos de miles de puertorriqueños.
Esta propuesta del Primer Ejecutivo estadounidense coincide con la advertencia que acaba de lanzar aquí el Centro para la Nueva Economía (CNE) y que destaca que para enderezar las finanzas hay que cumplir con unas reglas fiscales contundentes y una transformación del proceso presupuestario, entre otros aspectos.
Los miembros del CNE –que lamentan que Puerto Rico no le haya tomado la delantera a una junta foránea, aplicando desde hace tiempo sus propias medidas de control fiscal– han advertido que el ente encargado de procurar la recuperación y estabilidad financiera de la Isla debe disponer también de sólidos mecanismos para reestructurar la deuda, y para modificar por completo los criterios presupuestarios errados que han arrastrado al país a la insolvencia.
Todavía existe incertidumbre sobre la naturaleza final del estatuto que el Congreso legislará, pero coincidimos en que una junta de control federal debe proveer puntos de apoyo económico inmediatos para evitar el disloque de servicios y el sufrimiento de la población. Asimismo, tendrá que disponer de amplios poderes para mediar a nombre del gobierno federal, y del de Puerto Rico, con los acreedores, levantando de este modo los cimientos de un plan que, aunque complejo y sacrificado al principio, logre finalmente articular un proyecto de país confiable.
Ese proyecto no existe porque la política partidista ha dinamitado las posibilidades de balancear presupuestos y de hacer cumplir las leyes de integridad fiscal por las que el país debería regirse, pero que llevan décadas sepultadas por la burocracia y el oportunismo de sucesivos gobiernos.
Aunque los planteamientos presupuestarios del presidente Obama se enfrentan a una dura oposición republicana en el Congreso, el análisis y las recomendaciones formuladas para Puerto Rico tienen un peso insoslayable en el debate y el escenario en el que se están dando las propuestas. Al plan presidencial deben añadirse los estímulos a la inversión y la determinación de nuestro pueblo de echar adelante el país, también aspectos vitales para el progreso de Puerto Rico.
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