WASHINGTON – El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó hoy que percibe que se forja un consenso a favor de legislación que además de crear una junta federal fiscal sobre Puerto Rico permita reestructurar «una porción significativa de su deuda» pública.

Pero, volvió a advertir que una junta federal que busque arrebatarle el manejo de los asuntos fiscales de la Isla a sus funcionarios electos tendrá su oposición.

«Una junta balanceada obtendría la aceptación por parte del liderato gubernamental, empresarial y laboral de Puerto Rico, y puede servir como puente hacia un mejor futuro. Sin embargo, una junta punitiva, que no respete a mis constituyentes y pisotee el principio de los derechos de los estados, me convertirá rápidamente, de un aliado a un adversario», indicó Pierluisi, en un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

Con respecto al proceso de reestructuración, el comisionado Pierluisi sostuvo que «el proyecto de ley podría proporcionar un periodo en el que puedan darse negociaciones voluntarias entre los emisores de bonos y sus acreedores, mediadas por expertos neutrales».

«Si estas negociaciones no dan fruto, el gobierno de Puerto Rico debe tener la facultad para autorizar a sus corporaciones públicas a ajustar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, un derecho que todo estado tiene y que Puerto Rico solía tener», agregó.

Aunque reconoce que la Constitución de Puerto Rico otorga prioridad en el pago de la deuda de obligaciones generales, las que son emitidas por el gobierno central, el comisionado Pierluisi   espera «que todos los acreedores, incluyendo los tenedores de obligaciones generales, hagan concesiones para el bien común que al final beneficiarán a todos».

En ese sentido, insistió en que le parece que «finalmente está surgiendo consenso bipartidista en apoyo a una autoridad razonable de restructuración de deuda para Puerto Rico».

Pierluisi reafirmó además que la raíz de la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico es su status territorial y la necesidad de atender las «intolerables» disparidades bajo los programas federales.

Ayer, el presidente Barack Obama, en su proyecto de presupuesto, además de proponer una autorización especial territorial para Puerto Rico y la creación de una junta federal de supervisión fiscal, puso por escrito la propuesta para otorgarle paridad a la Isla en Medicaid, lo que significaría $27,000 millones en una década.

También propuso extender a Puerto Rico el crédito contributivo federal por ingresos devengados (Eitc), que supone otros $6,600 millones en los próximos 10 años.

«El récord demuestra que en Puerto Rico no hay solo una crisis, pero una serie de crisis interrelacionadas.  Es una crisis económica, una crisis fiscal, una crisis de liquidez, una crisis de deuda, una crisis de emigración y una crisis de administración pública», afirmó Pierluisi.

Para el comisionado residente, «si visualizamos a Puerto Rico como un árbol y a cada crisis como una rama débil, la raíz de ese árbol es el estatus desigual e indigno de Puerto Rico.  Si bien el objetivo inmediato es reparar las ramas del árbol, en última instancia tendremos que atacar el problema de raíz, y eso significa que Puerto Rico debe convertirse en un estado o una nación soberana».