Un motín que dejó 49 reos muertos, golpeados o quemados vivos, plantea serias dudas sobre el poder de las bandas, la extorsión y las violaciones de derechos humanos en las sobrepobladas cárceles mexicanas, donde quienes están a la espera de juicio conviven con algunos de los asesinos más curtidos del mundo.
Estas preguntas no son ajenas a Victoria Casas Gutiérrez, una limpiadora que el jueves esperó durante horas a tener noticias sobre su hijo Santiago Garza Casas, de 21 años, que enfrenta juicio por actuar como presunto vigilante para una banda criminal.
Santiago entró al penal de Topo Chico en septiembre por faltar a una cita de la libertad condicional. Allí pronto se mezcló con sus residentes, entre los que hay asesinos.
Con sus conexiones con las bandas y acceso a drogas y armas, son muchos los que dicen que los Zetas y el cártel del Golfo son quienes mandan en la prisión.
“Piden cuotas y si los familiares no traen cierta cantidad… Los golpean”, explicó Casas Gutiérrez. La cantidad depende de sus delitos, pero puede llegar a ser de miles de pesos. “A veces tenemos que vender nuestras casas”.
“Hay vicio adentro y todo lo que hay adentro es culpa de ellos, de las autoridades”, agregó.
Casas Gutiérrez tuvo suerte, el nombre de su hijo no estaba en la lista de 40 muertos publicada el jueves, pero algunos cuerpos estaban tan carbonizados que pasarán días hasta que puedan ser identificados.
A las puertas de la prisión, la situación era dantesca: Los familiares, aterrorizados, esperaban la aparición de nuevos nombres en el listado publicado en dos hojas de papel pegadas en la pared.
“¡Ayyy, mi hijo está en la lista!”, gritó María Guadalupe Ramírez, de 63 años, al ver escrito el nombre de José Guadalupe Ramírez Quintero, de 26. Se desmayó en los brazos de su hija y de trabajadores de una ONG.
El dolor de Ramírez reflejaba las preocupaciones de otros cuyos seres queridos están internados en Topo Chico pese a tener condenas por delitos menores o estar a la espera de juicio.
“Ya había salido. Lo agarraron de nuevo solo por tomar (…) Hay injusticia en esta cárcel”, dijo agitando los puños y sollozando.
Las autoridades permitieron que cientos de familiares entraran al penal el jueves por la tarde. Pero incluso quienes pudieron confirmar que sus seres queridos sobrevivieron la motín, temían por seguridad.
Una mujer, que no quiso ser identificada, visitó a su hermano por un breve espacio de tiempo y dijo que vio auténtico miedo en su cara. Le quedan solo 10 días para quedar en libertad tras cumplir nueve meses por posesión de drogas. “Los tiene amenazados para que no nos platiquen que fue lo que pasó, solo ellos saben pero no nos dicen nada”, denunció.
“¿A mi quien me asegura que ya no les vayan a hacer nada allá adentro?”, preguntó.
No se reportaron fugas a raíz de los enfrentamientos registrados en el penal de Monterrey, dijo el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Los hechos ocurrieron un día antes de la llegada a México del papa Francisco, que la próxima semana tiene previsto visitar una prisión en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Rodríguez dijo por la mañana que había 52 reos muertos, aunque horas después redujo la cifra a 49. El motivo del cambio no estuvo claro.
El gobernador leyó en una rueda de prensa los nombres de 40 víctimas confirmadas. Dijo que hay otros cinco cuerpos calcinados y cuatro más pendientes de ser identificados. Uno de los heridos estaba grave.
El enfrentamiento comenzó alrededor de la medianoche del miércoles cuando los presos prendieron fuego a una bodega donde se guardan víveres. Pudo verse a rescatistas trasladando a reos heridos — algunos con quemaduras — desde la prisión.
El gobernador explicó en un primer momento que la pelea enfrentó a dos bandos rivales liderados por Juan Pedro Zaldívar, alias “Z-27″ y que es considerado miembro de Los Zetas, y Jorge Iván Hernández Cantu, quien fue identificado por medios mexicanos como miembro del cártel del Golfo.
Pero el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo más tarde el jueves en una entrevista radiofónica que las autoridades creen que la riña enfrentó a dos facciones de los Zetas por el control de la cárcel.
Una guerra entre las dos bandas tiñó de sangre el estado de Nuevo León y el de Tamaulipas entre 2010 y 2012. Los Zetas estuvieron a punto de hacerse con el control de los alrededores de Monterrey.
La situación en la cárcel estuvo tan fuera de control que incluso Rodriguez reconoció a medios locales que los jefes de los cárteles “están luchando por el control” del penal.
Mario Martínez seguía a la espera el jueves por la tarde de recibir noticias sobre su suegro, que está detenido en la prisión a la espera de juicio. El riesgo de que estallase la violencia en el interior de las instalaciones era algo conocido mucho antes del motín, explicó.
Martínez dijo que el penal era una “bomba temporal” y que los responsables no deberían ignorar lo que cuentan quienes viven allí.
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El Supremo de Venezuela ratifica el decreto de Emergencia Económica
El Tribunal de Justicia declara válida la medida propuesta por Nicolás Maduro y que el Parlamento había rechazado
El fuego cruzado entre gobierno y oposición produjo este jueves en Caracas dos declaraciones de emergencia. Por un lado la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, aprobó un acuerdo que proclama el estado de “crisis alimentaria” en Venezuela, y por el otro, el Gobierno de Nicolás Maduro obtuvo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo su control, un veredicto por el que declara vigente el Decreto de Emergencia Económica que el Poder Ejecutivo había preparado a mediados de enero pero que el parlamento rechazó en esa ocasión.
Las confusiones jurídicas afloraron este jueves cuando Ejecutivo y Legislativo movieron, mediante esta guerra de declaraciones de emergencia, sus fichas en el tablero del ajedrez político que juegan desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el pasado 6 de enero. En los hechos, sin embargo, nada había mejorado al final del día ni en la situación financiera del país ni en la escasez ya crónica de productos de consumo básico, como alimentos o medicinas.
En una transmisión televisada, Maduro aplaudió la decisión del Supremo, a la que ve como un signo del imperio de la “democracia, (y la) constitucionalidad” en el país. Con su decreto de emergencia económica ya en vigencia, anunció, “activaré un conjunto de medidas en los próximos días, que ya venía trabajando”.
El 14 de enero Maduro publicó en la Gaceta Oficial el decreto número 2.184 para declarar la emergencia económica en todo el país, que presentó ante la Asamblea Nacional el 19 de enero. Al cabo de una discusión dentro del plazo de ocho días previsto por la ley, la bancada opositora hizo valer su mayoría pararechazar el decreto el 29 de enero. De acuerdo a voceros parlamentarios, fue desaprobado porque otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para expropiar empresas y, en definitiva, ahondaría en políticas ya fracasadas.
Sin embargo, el chavismo apeló al Tribunal Supremo de Justicia, que ya había certificado la constitucionalidad del decreto el 21 de enero. Este jueves, a instancias de “miembros de Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales”, la misma Sala Constitucional del TSJ falló ante un recurso de interpretación por el que determinó que la Asamblea Nacional no había cumplido su tarea de “control político” del decreto dentro los plazos legales y que, por lo tanto, el decreto tiene vigor.
Apenas horas antes, el parlamento, entre las protestas de la minoría oficialista, había aprobado en su sesión ordinaria la declaración de una “crisis alimentaria” en Venezuela y el cese en los hechos de la “seguridad alimentaria”. El documento solicita a las organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y para la Infancia (Unicef) el envío urgente al país de expertos para evaluar la crítica situación de desabastecimiento. De acuerdo a la declaración parlamentaria, el propio Gobierno ha admitido niveles de escasez de hasta 87% en distintos rubros alimentarios, aunque denominándolos como “niveles de acaparamiento”. El Gobierno chavista alega que la escasez y la inflación son producto de una “Guerra Económica” que el imperialismo y la burguesía local estarían librando contra la Revolución Bolivariana.
En la misma y agitada jornada, la bancada opositora aprobó en primera discusión la Ley de Reforma de la ley del Banco Central. También, con el apoyo unánime, y por lo tanto inusitado, de ambas fracciones políticas, se aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas. El diputado de Primero Justicia (oposición), Julio Borges, presentó el proyecto de Ley de Producción Nacional. Todas son normativas con las que se busca tomar las riendas de la delicada situación económica y social del país.
No obstante, el renovado conflicto de poderes entre Legislativo y Judicial, aupado este último desde el Gobierno, no augura momentos mejores para una crisis que, como la venezolana, parece agravarse día a día.
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