El senador popular Aníbal José Torres expresó dudas sobre una auditoría interna de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que desmiente gran parte de lo que ha estado investigando el Senado sobre la compra de petróleo en la corporación pública.
Lavinia Negrón García, directora del laboratorio de la AEE desde 2003, compareció ayer ante la Comisión especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra Uso de Petróleo. Fue acompañada de un abogado asignado por la AEE.
Al concluir las preguntas de los investigadores y los senadores, Negrón García pidió leer unas expresiones en las que buscó minar la credibilidad del químico Abraham Ortiz Charriez, uno de los testigos principales de esta investigación.
Dijo que en 2014 la AEE realizó una auditoría interna sobre la llamada barcaza Tennessee. El testimonio de Ortiz Charriez ante la comisión apunta a que esta barcaza traía combustible con azufre mayor al .50 por ciento permitido por las autoridades federales, pero por diversas irregularidades en las mediciones y la intervención de laboratorios privados, el combustible fue aceptado y pagado. Ortiz Charriez detalló además que fueron cientos las instancias en que se alteraron los documentos de los laboratorios que analizan las muestras de azufre.
Pero Negrón García insistió en que una auditoría de la AEE establece que las cantidades de azufre medidas debieron haber sido redondeados “de acuerdo a los requisitos del contrato”. Esta auditoría, en poder de este rotativo, fue realizada en junio de 2014 por Pedro A. Rodríguez Cintrón, administrador de la oficina de auditoría interna y Rafael Marrero Carrasquillo, jefe de la división de Protección Ambiental y Confiabilidad de Calidad.
“El resultado de la primera muestra tomada por Alchem se encontraba dentro de los límites establecidos en el contrato correspondiente, según discutido en este informe. Por lo que la conclusión de que existió una violación contractual contrasta con los hallazgos descritos en esta evaluación”, reza el documento sobre la barcaza recibida en 2010. “De Alchem haber aplicado las disposiciones y requisitos anteriormente discutidos, la controversia creada y sus consecuencias no hubieran surgido”.
Torres preguntó la fecha en que se realizó esta auditoría sobre el incidente de 2010. De inmediato resaltó que la AEE realizó esta auditoría 15 días luego de creada la comisión especial del Senado que investigaría la compra de petróleo en la corporación pública.
Cuando se le preguntó a Torres si no daba credibilidad a esta auditoría interna de la corporación pública, expresó que “yo creo que están tratando de justificar las irregularidades que se han mencionado. Tendrían que contrarrestar el testimonio de Abraham y de los dos químicos que acudieron hoy”.
Ni Torres ni el investigador principal, César López, pudieron precisar si Rodríguez Cintrón y Marrero Carrasquillo serán citados a las vistas públicas que lleva a cabo la comisión.
A la vista de ayer también comparecieron Carmen Raquel Alicea Nieves y José R. Gandía Velázquez, aún empleados de la AEE y quienes realizaron la investigación de la barcaza junto a Ortiz Charriez. Aunque, al igual que Negrón García, son empleados de la AEE, no fueron acompañados por ningún abogado asignado por la corporación pública.
Durante su testimonio, aseguraron que se negaron a firmar la auditoría sobre el incidente pues la misma fue alterada. Al igual que Ortiz Charriez, indicaron que una parte de sus hallazgos y recomendaciones fueron eliminados de la auditoría que sería entregada a la gerencia de la corporación pública, por lo cual se negaron a firmar el documento. Aunque continúan en sus plazas, indicaron que fueron removidos de la investigación que realizaban. Alicea Nieves dijo que fue movida a realizar otros trabajos en Mayagüez y Gandía Velázquez fue movido a realizar una auditoría en la división de suministros.
Gandía Velázquez indicó que el borrador que ellos habían entregado indicaba que el incidente de la barcaza Tennessee era “uno de varios”, pero que el informe enmendado no incluía eso.
“Lo cambiaron y el informe indica que solo estábamos hablando solamente de este informe y no se indica los otros incidentes que hubo”, expresó Gandía Velázquez. “El borrador que nosotros preparamos, por ejemplo, tenía recomendaciones dirigidas a lo económico, que los contratistas tuvieran cláusulas para que los suplidores pagaran multas o consecuencias en caso de que el combustible saliera mal. Pero el informe que finalmente se presentó a la Junta no tenía esa recomendación ni otras que hicimos”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Estados financieros auditados para dentro de 8 ó 9 semanas
Miguel Venta, socio y administrador de KPMG, compañía que audita los estados financieros del Estado Libre Asociado (ELA), afirmó que la empresa se propone entregar dentro de ocho a nueve semanas los referidos informes, pero no pudo garantizarlo.
“Consistente con el itinerario que hemos discutido con los funcionarios del ELA, entendemos que podemos completar nuestros procedimientos y emitir nuestro informe en aproximadamente ocho a nueve semanas a partir del 31 de enero, fecha en que recibimos el borrador de los estados financieros”, declaró Venta durante una vista pública de la comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas sobre los estados financieros del gobierno de Puerto Rico.
No obstante, a preguntas del senador popular Ramón Luis Nieves, Venta rehusó garantizar que pueda tener el documento listo para esa fecha.
“No puedo dar garantías. Este tipo de garantías no se pueden hacer… hay un plan de trabajo para completar ese periodo que nos parece razonable… estamos trabajando con el plan de colaboración, pero garantías no se puede dar. Sería impropio que lo hiciera bajo nuestros estándares profesionales”, apuntó.
AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.
Venta rechazó que haya habido falta de información por parte del ELA y que por el contrario, la misma ha fluido.
“Categóricamente no ha habido falta de información… debo aclarar que alguna de esta información es difícil de recabar y puede haber habido un lapso en que la información no se había entregado… es un proceso en marcha. Sería incorrecto decir que la auditoría se detuvo por falta de información. A mi mejor juicio, la información está fluyendo… se malinterpretó algún comentario de que mientras no se reciba un borrador no se puede completar la auditoría”, señaló Venta.
Las expresiones de Venta contrastan con el testimonio del ejecutivo de KPMG Ernesto Aponte, quien durante el juicio sobre la demanda de Walmart contra el Departamento de Hacienda en el Tribunal Federal, denunció que el gobierno no le había suministrado toda la información requerida y que por eso no había concluido la auditoría.
Destacó que las auditorías de algunos componentes significativos que se incluyen en los estados del ELA apenas fuero completadas recientemente, o están por completarse.
Expuso que el problema de liquidez que encaran muchas de las unidades componentes y el gobierno en general, ha añadido complejidades significativas a los estados financieros del ELA y a las divulgaciones requeridas.
Expuso que ha habido varias leyes nuevas y otras medidas que podrían tener un impacto en los estados financieros y a su vez, requerir divulgaciones adicionales en las notas de los estados financieros.
Observó que los estados financieros incluyen el fondo general y sobre 70 unidades componentes y fondos, incluyendo siete unidades componentes significativas, muchas de las cuales se auditan separadamente.
Mientras, el secretario de Hacienda Juan Zaragoza dijo a preguntas del presidente del Senado Eduardo Bhatia que los estados financieros no se han emitido, debido a la complejidad de la situación fiscal del gobierno.
“El atraso en la emisión de los estados financieros auditados del ELA está estrechamente relacionado con la situación financiera actual del gobierno, lo cual se ha complicado significativamente ante la incertidumbre que crea la reestructuración de la deuda, sin el beneficio de un marco legal ordenado. De otro lado, tampoco existen parámetros, precedentes, ni modelos disponibles que ofrezcan guía razonable o comparable para atender la actual situación del BGF”, acotó.
Planteó que el estado financiero del ELA incluye 120 agencias del gobierno, tanto del Fondo General Presupuestario, fondos especiales y otros fondos creados por ley sin fuente alguna de ingreso.
Indicó que los estados financieros del ELA comprenden 73 unidades separadas, las cuales incluyen corporaciones públicas y fondos presentados.
“Como cuestión de hecho, los estados financieros del ELA son extremadamente complejos, ya que cuentan con el número de entidades incluidas en unos estados financieros a nivel de las jurisdicciones de Estados Unidos de Norte América. La mayoría de estas entidades son auditadas separada e independientemente por otros auditores”, dijo.
Señaló que aunque el 31 de enero su agencia suministró a los auditores los estados financieros, el borrador final incluye información sujeta a cambios relacionados con varios asuntos. Entre estos, la reserva de la cartera de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), información preliminar del Sistema de Retiro de Empleados del ELA y el Sistema de Retiro de los Empleados de la Judicatura e información preliminar sobre la cobranza de ciertas cuentas del gobierno.
Destacó que en otras jurisdicciones, en situaciones similares a las que enfrenta el País, también se han retrasado la auditoría de sus estados financieros. Expuso que la ciudad de Detroit, Michigan, requirieron más de 600 días, “lo cual compara con los 591 días que hasta el momento ha tomado la preparación de los estados financieros del ELA”.
Zaragoza mencionó que para actualizar los sistemas de contabilidad se contrató a la empresa Microsotf, a fin de “sustituir el arcaico sistema de contabilidad”.
El funcionario manifestó que a partir de anoche se habría publicado en la página de internet de Hacienda el borrador final actualizado de los estados financieros.
Por su parte, la presidente del BGF Melba Acosta concurrió con Zaragoza en que el atraso en la auditoría de los estados financieros del ELA se debe a la situación financiera. También puso como ejemplo, los 600 días que le tomó a la ciudad de Detroit presentar sus estados financieros.
“En este punto es importante recalcar que Detroit tardó esa cantidad de días, aun cuando el nivel de incertidumbre debería ser menor que el presente en Puerto Rico, ya que dicha ciudad contaba con acceso al marco legal del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal”, dijo.
“En comparación, Puerto Rico se encuentra bastante adelantado con sus estados financieros teniendo que lidiar día a día en ausencia de la cobertura bajo el Capítulo 9 el cual ofrecía a Detroit la alternativa de un mecanismo de reestructuración adecuado y abarcador, lo que en nuestro caso no está disponible”, agregó.
“Aquí nadie quiere dilatar el proceso. No se está dilatando el proceso. No se está jugando”, aseguró Acosta.
De otro lado, el presidente del Senado Eduardo Bhatia anticipó que enviará una transcripción de las vistas de hoy al presidente del Comité de Finanzas del Senado federal Orrin Hatch, quien concedió al gobierno de Puerto Rico hasta el 1 de marzo para entregar el informe financiero auditado del 2014.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Los estados “inauditables”
Dentro de la crisis económica que vive el gobierno de Puerto Rico uno de los elementos que más suspicacia ha creado es la ausencia de los estados financieros auditados del gobierno.
El tema era casi secreto, hasta hace poco tiempo, cuando en las vistas congresionales de Washington surge el requerimiento de dichos estados para corroborar la realidad de la situación financiera del ELA.
Por parte de Alejandro García Padilla y su grupo económico la respuesta fue evasiva. De hecho, el mismo gobernador declaró que nunca antes se había entregado tanta información financiera como ahora, pero ninguna mención de cuándo se entregarían los estados auditados.
La negativa del gobierno a entregar estados auditados ha sido muy consistente. Ni los entregaron a los congresistas estadounidenses que lo solicitaron, ni los entregan localmente a los legisladores que también se han pronunciado al respecto. Y hasta en el juicio federal que se ventila por una demanda interpuesta por la empresa Walmart en contra del gobierno, el juez tuvo que ordenar que dichos documentos le fueran entregados a la parte demandante.
Dicha negativa levanta sospechas sobre qué se esconde en no entregar estados financieros auditados, cosa que no ocurre desde el año fiscal 2012-2013. A esto, agreguemos que dos socios distintos de la empresa responsable de la auditoría de las finanzas del gobierno, la firma KPMG, en dos momentos diferentes dieron explicaciones diferentes sobre los estados. En la primera ocasión, durante el juicio de Walmart, uno de ellos responsabilizó al gobierno porque no ha entregado toda la información necesaria. La otra, ayer en el Senado durante unas vistas sobre el tema, otro socio contradice la información asegurando “categóricamente” que no falta información y que el borrador sí está listo.
Y como por arte de magia, el borrador de los estados financieros auditados fue divulgado anoche poco después de las 8:00 p.m. en la página de Internet de Hacienda. Luce que la presión del Senado local sí tuvo su efecto en KPMG y en Hacienda, algo que no logró el senador republicano Orrin Hatch, quien se ha convertido en el foco de atención para que se considere algún tipo de acción federal para ayudar al gobierno a resolver su crisis financiera.
De hecho, Mr. Hatch dio de plazo hasta el 1 de marzo para que el gobierno de Puerto Rico entregue no solamente los estados financieros auditados, sino una montaña de información.
Desafortunadamente el senador parece que se va a quedar esperando porque el socio de KPMG estableció a preguntas del Senado local que los estados auditados estarán listos entre 8 a 9 semanas, pero que no garantiza que así sea. O sea, que va a ser difícil que el 1 de marzo estén listos sobre todo cuando apenas acaban de entregar el borrador.
La falta de seriedad en tener estados financieros auditados es un gran escollo para el desarrollo de cualquier plan de parte del Congreso norteamericano. Fueron las autoridades locales las que fueron al gobierno federal en busca de ayuda para trabajar la crisis y no son capaces ni
siquiera de entregar el requerimiento más importante para que puedan evaluar la situación: el estado financiero real del gobierno de Puerto Rico.
¿Cómo pretender que se legisle favorablemente a su solicitud, si ni siquiera pueden entregar un documento que garantice que la situación es la que dice el equipo económico del gobierno?
El futuro luce aun más incierto de lo que ya lucía cuando no pueden entregarse herramientas tan básicas como la solicitada por el juez José Fusté, el comisionado residente Pedro Pierluisi, la representante Jennifer González, el senador Hatch, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, el candidato a la gobernación David Bernier, el senador Ramón Luis Nieves y el presidente del Senado, Eduardo Bathia, y siga usted la lista.
Y la excusa es que otras jurisdicciones que han experimentado crisis en Estados Unidos han tomado más días que el gobierno local en entregar sus estados auditados.
Es que para usted medir el alcance real de la crisis actual, se tiene que saber cuál es su situación financiera corriente y en consecuencia hacer un plan estratégico que le permita superar la misma.Pero este no es el caso del gobierno de Puerto Rico desafortunadamente.
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