Anaudi Hernández Pérez es un combatiente que principalmente peleó detrás de las filas del Partido Popular Democrático (PPD), y que luego de que Alejandro García Padilla y su colectividad resultaron vencedores en los comicios electorales del pasado noviembre de 2012, orquestó un plan para que él y sus secuaces consiguieran su “botín de guerra”.

Hernández Pérez utilizó su amistad con el hermano del Gobernador, Luis Gerardo García Padilla, y sus gestiones como recaudador de la campaña del Primer Mandatario y del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, para ejercer sus influencias sobre los nombramientos que haría la nueva administración a puestos sensitivos dentro del Gobierno. A través de las influencias para esos nombramientos y con la posterior otorgación de diversos regalos, Hernández Pérez, lograba manejar a dichos funcionarios públicos para que en recompensa le ayudaran con contratos dentro del Gobierno.

NotiCel reportó que dentro de un periodo de cinco años (2007 a 2012) Hernández Pérez emitió $11,360 en donativos políticos para diversos candidatos, incluyendo a García Padilla y a Perelló Borrás. Además, se trajo a la atención como se utilizó la casa de Hernández Pérez para realizar un“fundraiser” para Perelló Borrás. De hecho, se supo que aparte de la actividad efectuada en noviembre de 2011, en la residencia de Hernández Pérez se hizo otra actividad de recaudación de fondos el pasado 3 de marzo de 2012 en la que se levantó $6,000 para Perelló Borrás.

La semana pasada Hernández Pérez se declaró culpable por conspirar para ejecutar tres esquemas separados, cuyo propósito era obtener contratos y beneficios con un valor aproximado de más de $2 millones. Ante la aceptación de culpa, el Gobernador reafirmó los lazos de amistad que le unen a Hernández Pérez.

Este diario digital consultó a varias de las agencias que emitieron contratos, quienes al menos reconocieron el haber pagado sobre $650,000.

El pliego acusatorio destaca que Hernández Pérez trató infructuosamente de desviar su conexión con las empresas al velar que ni su nombre ni el de otros conspiradores aparecieran en los registros de organización de las entidades, en las solicitudes formales de contrato con el Gobierno, en las propuestas y en los pedidos de compra.

Sin embargo, las autoridades federales aseguran que Hernández Pérez controlaba las empresas: 3 Comm Global, Inc.; Links Group, LLC.; Kendall Consulting Group, Inc.; JM Professional & Training Group, Inc.; Waffler Avenue, LLC.; y ËKO Technologies, LLC.

Con excepción de Kendall Consulting Group, todas las demás entidades lograron conseguir los contratos con el Gobierno.

Los resultados del inversionismo político ejercido por Hernández Pérez y sus conspiradores, comenzaron cuando apenas se cumplían 8 meses desde que García Padilla asumió el poder. 3 Comm Global, una entidad registrada en el Departamento Estado a solo tres días desde que ocurrieron las elecciones generales del 2012, fue la primera que consiguió un contrato con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL).

En los registros de organización de la empresa se identifican a Héctor Vargas Soto, como presidente de 3 Comm Global y a José Rodríguez Pagán como su tesorero. Vargas Soto había hecho aportaciones políticas a García Padilla y a Perelló Borrás. Este diario precisó que entre el 2003 al 2014, Vargas Soto, aportó un total de $14,230 a diversos candidatos. Mientras, Rodríguez Pagán, donó un total de $4,000 a García Padilla y a Perelló Borrás, durante el 2013.

Al momento de la contratación de 3 Comm Global, Sally López Martínez era la administradora de ADL. López Martínez, organizó durante el 2012 actividades de recaudación de fondos para García Padilla, y tras el triunfo en las elecciones fue nombrada a dirigir ADL por influencias de Hernández Pérez.

En el sistema de Consulta de la Oficina del Contralor se detalla que el contrato de 3 Comm Global con ADL fue por un monto de $86,720. Pese a esto, NotiCel espera a que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indique la cantidad total que ADL le pagó a las empresas 3 Comm Global, Links Group, JM Professional & Training Group, y Waffler Avenue.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes también le otorgó dos contratos a 3 Comm Global, entre octubre de 2013 y marzo de 2014. Los dos contratos fueron enmendados en al menos una ocasión, lo que desembocó que su valor alcanzara los $281,605. El portavoz de la Cámara de Representantes, Daniel Hernández, detalló que dicho cuerpo legislativo le desembolsó a 3 Comm Global unos $268,105.

De otro lado, Links Group, empresa establecida en Puerto Rico en enero de 2013 y que en sus registros también tiene como presidente a Vargas Soto, obtuvo contratos con ADL, el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).  El monto total de los contratos, que fueron suscritos entre septiembre de 2013 y febrero de 2015, sumaron los $3,333,483.64. De esa cuantía, unos $2,398,000 correspondían al contrato entre Links Group y el DE.

No obstante, la ayudante especial de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del DE, Myreli Ferrer Valentín, afirmó que el DE nunca le desembolsó ningún dinero a Links Group. Destacó que así se lo validó la directora de la Oficina de Asuntos Federales, Enid Madera Toro, y el director la Secretaría Auxiliar de Finanzas, Orlando Negrón Rivera. El contrato con el DE, para supuestamente brindar servicios de adiestramientos, estuvo vigente desde febrero de 2015 a mayo de 2015.

A su vez, la AAA indicó que durante el 2014 le desembolsaron a Links Group unos $62,984 por el contrato para Adiestramiento y Capacitación, pese a que el acuerdo firmado en noviembre de 2013 era por una cuantía de $635,483.64.

Por otra parte, Waffler Avenue, adquirió contratos con ADL y con Corporación de Desarrollo Hotelero por un monto total de $169,536.87. Hasta la fecha se desconoce si aparte de Hernández Pérez, alguna otra persona relacionada con la empresa realizó donativos políticos en el 2012. De los registros del Departamento de Estado, se desprende que Waffler Avenue fue establecida en julio de 2012, y oficialmente cuenta con Rey Emmanuel Ramon como su presidente.

En relación a esta empresa, la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, apuntó que «Waffler Avenue no ha recibido ningún dinero o incentivo por parte de la Compañía de Turismo («CT») o la Corporación de Desarrollo Hotelero («CDH»), una subsidiaria de la Compañía de Turismo. Actualmente tiene un Contrato de Arrendamiento con la CDH. Para el mismo se realizó un proceso de Solicitud de Propuestas y una vez evaluadas todas las propuestas recibidas, el Comité de Uso de Propiedades de la Compañía escogió a Waffle Avenue como la mejor opción. El espacio en cuestión, que anteriormente había sido una joyería, estaba disponible. El contrato de arrendamiento comenzó con un canon de $2,500 al mes y el mismo incluía el pago de utilidades. Luego se hizo un cambio en el cual se le redujo la renta a todos los inquilinos debido a que se instalaron los contadores de la Autoridad de Energía Eléctrica para que cada uno pagara su propia energía eléctrica».

La portavoz de la CT, Tamaris Fournier, precisó que el canon de arrendamiento por el local de Waffle Avenue ubicado en La Ventana al Mar en Condado, se redujo a $2,225 mensuales.

Este diario reportó que en enero de 2014, García Padilla, López Martínez y el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Vance Thomas Rider, anunciaron la creación de 42 empleos en las facilidades de Waffler Avenue ubicadas en San Patricio Town Center en Guaynabo. Los empleos se crearían gracias a la otorgación de incentivos salariales. Cinco meses después de su apertura, dicha localidad fue cerrada.

En otros aspectos, JM Professional & Training Group, una empresa creada en abril del 2010, tuvo contratos bajo la actual administración con ADL y con el DDEC por un monto total de $1,644,500. En su perfil en LinkedIn el doctor Carlos Luna Cruz se identifica como su presidente.

Recientemente, Luna Cruz fue acusado de obstrucción a la justicia junto al empresario y aspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Javier Muñiz Álvarez. De igual forma, contra Luna Cruz se formularon cargos por emitir declaraciones falsas ante el Gran Jurado.

Adicional a los cargos por obstrucción a la justicia, a Muñiz Álvarez se le imputa que conspiró con Hernández Pérez para lavar dinero y para cometer fraude. Al parecer, Muñiz Álvarez, era uno de los brazos que tenía Hernández Pérez con el PNP. Se supo que entre el 2004 al 2012, Muñiz Álvarez aportó un total de $5,030 al PNP y a otros candidatos de ese partido. Durante la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset, JM Professional & Training Group, consiguió contratos con ADL y con el DTRH.

Otra de las entidades controladas por Hernández Pérez que logró contratos con el Gobierno bajo la administración de García Padilla lo fue ËKO Technologies. Esta entidad establecida en Puerto Rico en julio de 2013, firmó contratos con la AAA, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Administración de Servicios Generales (ASG). El monto total de todos estos contratos alcanzaban los $432,500.

La AAA argumentó que nunca le pagaron ni un centavo a ËKO Technologies por el contrato otorgado el 13 de abril de 2015, que de acuerdo a los registros de la Oficina del Contralor solo estuvo vigente hasta septiembre de 2015.

Mientras tanto, la portavoz de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Anect Rivas, sostuvo que la dependencia le desembolsó $50,000 a ËKO Technologies. El contrato entre ASES y ËKO Technologies fue suscrito el pasado 7 de noviembre de 2014, por un monto total de $52,500. Dicho contrato era para proveer servicios de consultoría sobre los sistemas de información, y estuvo vigente hasta el pasado 30 de junio de 2015.

Hernández, quien también es portavoz de la ASG, indicó que la agencia le desembolsó $267,000 a ËKO Technologies. Añadió que la empresa reclamó el pago de $40,000 adicionales, pero el asunto está en una disputa porque el administrador, Luis Castro Agis, entiende que no procede dicho desembolso.

Cabe destacar que para efectos oficiales, ËKO Technologies,  tenía registrado a Rodríguez Pagán como su agente residente y vicepresidente, y al licenciado Julio Pagán Pérez como persona autorizada. En el 2013, Pagán Pérez, se desempeñaba como Oficinal Examinador del Departamento de Estado, en donde atendía controversias relacionadas a la Oficina de Marcas y Nombres Comerciales. Dentro de un periodo de nueve años (2003-2012), Pagán Pérez, emitió un total de $1,300 en donativos políticos a Fortuño Burset; al exgobernador, Pedro Rosselló González; y al expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Entretanto, I A Mech Chem, Inc., es una entidad incorporada en la Isla en abril de 2009, que firmó un contrato con la AAA por $760,520, bajo la administración de Fortuño Burset. A Hernández Pérez se le imputa ejercer sus influencias dentro de la corporación pública para agilizar pagos pendientes de la empresa. Dentro de un periodo de cuatro años (2000 al 2004), el presidente de I A Mech Chem, Ramón Crespo González, emitió un total de $985 en donativos políticos al PPD; al alcalde de Moca, José Avilés Santiago; al Comité Municipal del PPD en Moca; a Rosselló González; y a la exgobernadora, Sila Calderón Serra.

De acuerdo a la AAA, a I A Mech Chem se le pagaron $4,430,434 entre el 2009 al 2014, por concepto de mantenimiento, reparación, construcción de obras, equipos y otros servicios realizados en tres regiones de la corporación pública.