WASHINGTON –  Un memorando del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes considera que mucha de la reestructuración de la deuda pública  de Puerto Rico que propone el gobierno del presidente Barack Obama puede ser incentivada a través de una junta federal con fuertes controles fiscales sobre la Isla.

«Gran parte de la reestructuración de la deuda propuesta por la administración puede tener lugar por medio de acuerdos consensuados entre los acreedores y Puerto Rico, si existe una autoridad de supervisión independiente y fuerte que abogue por el desarrollo de esos acuerdos voluntarios», indica el memorando divulgado anoche por el Comité, previo a la audiencia del jueves sobre la crisis fiscal de la isla.

De cara a su audiencia del jueves, en la que declarará Antonio Weiss, consejero del Secretario del Tesoro, el análisis de los asesores del Comité de Recursos Naturales repasa los pilares del plan legislativo de la administración  Obama para atender la crisis fiscal.

El documento señala que además de la reestructuración de la deuda y una junta fiscal, el plan legislativo que remitió el Tesoro federal propone trato «adecuado» en el programa Medicaid y medidas que promuevan el  crecimiento económico.

Recuerda que en su testimonio de octubre pasado ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense, Weiss indicó que «un elemento central de cualquier respuesta del Congreso debe incluir un mecanismo de reestructuración ordenada y justa que esté diseñado en los principios probados del código federal de bancarrota».

E insistió en que ese mecanismo debe permitir la reestructuración de toda la deuda.

El memorando indica que los opositores a la propuesta del gobierno de Obama advierten que una autoridad de reestructuración «puede  tener un efecto dañino en el mercado de bonos municipales estadounidenses» y hacer «extremadamente difícil para Puerto Rico regresar a los mercados financieros después de que pase la actual tormenta financiera».

«Una solución adicional sería promover acuerdos voluntarios entre acreedores y deudores de Puerto Rico», añade el documento.

En ese sentido, hace alusión al acuerdo entre la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el 70% de sus acreedores, que le otorga a la corporación pública un alivio de $700 millones en el servicio de la deuda, una reducción de $600 millones de recorte en el total de las obligaciones y un reembolso de $115 millones, por intereses pagados, para el 1 de enero de 2016.

El memorando señala que no está claro cómo se puede cumplir con el reclamo del Tesoro para que se respete la autonomía de Puerto Rico si legisladores de la Isla han advertido que no están dispuestos a ratificar una autoridad federal que le quite poderes sobre las decisiones presupuestarias y fiscales.

Previamente, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, había indicado que para la administración Obama el respeto a la autonomía fiscal se subsana, como propone también el proyecto del congresista Sean Duffy (Wisconsin), con una ratificación de la junta fiscal por parte de la Legislatura y el gobernador de Puerto Rico.

«La administración ha fallado- subraya, sin embargo, el memorando del Comité de Recursos Naturales -, en definir con claridad lo que implica ‘respetar la autonomía de Puerto Rico'».