La reforma educativa que está ante la consideración de la Asamblea Legislativa durante la última sesión del cuatrienio no solo desatiende uno de las principales causas del rezago del estudiantado del sistema público, sino que amenaza con marginar aún más a miles de niños y niñas de educación especial, según denunciaron activistas por los derechos de esta población.
Distintos grupos que abogan por la población de educación especial advirtieron sobre el riesgo que supone el proyecto del Senado 1456 en momentos en que la medida se encuentra en vistas públicas en la Cámara de Representantes -que se extenderán hasta el 10 de marzo- lo que limita el tiempo para su aprobación en la última sesión donde también se deberá atender la aprobación del presupuesto del país y una posible Junta de Control o Supervisión Fiscal federal.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, ha sido el principal propulsor de la medida, que ya se aprobó en ese cuerpo. Sin embargo, en las vistas públicas de la Cámara de Representantes dirigidas por la Comisión de Educación que preside la representante Brenda López de Arrarás es que ha trascendido la oposición de este sector que se quejó de haber sido excluido del proceso previo de audiencias en la Cámara alta.
La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Dislexia, Jeannette Alicea Fernández, fue una de las voces que tronó contra el proyecto al argumentar que el problema principal de rezago en los estudiantes se debe al aumento en la población de educación especial en momentos en que ha habido una reducción de alrededor de cien mil estudiantes en la matrícula total en los últimos seis años.
Alicea Fernández, madre de una niña de 9 años, resaltó que el 89% de la población de educación especial tiene problemas de trastornos de habla y lengua, déficit de atención o trastornos específicos de aprendizaje, todos asociados con la dislexia. La falta de intervención a tiempo y el incumplimiento con las terapias que esta población requiere para su mejoramiento, son problemas que no atiende el proyecto en consideración ante la Cámara.
El proyecto concede el traspaso del 15% de las escuelas públicas más rezagadas a manos de entidades privadas sin fines de lucro y municipios. Sobre la admisión a las escuelas, señala que se dará prioridad a los estudiantes ya matriculados, a sus hermanos y a niños que viven en el área demográfica, pero “los demás estarán bajo un sistema aleatorio”, señaló Alicea Fernández.
La portavoz del Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial, Carmen Warren, resaltó que esto terminará por aumentar los costos del Estado, ya que “al no atender responsablemente a esa población con esas necesidades o discapacidades” obligará al gobierno a tener que proveer un remedio provisional mediante la ubicación en centros privados.
“En la medida en que no se atienden las necesidades de esta población queda en suspenso el derecho constitucional a la educación que cobija a los estudiantes registrados en programa de educación especial”, coincidió el abogado del Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial, licenciado José Torres Valentín.
El proyecto establece, además, que la Junta de Alianzas e Innovación Educativa, bajo la cual estarán organizadas las escuelas líder, hará un recuento de estudiantes de educación especial del cual tendrá que informar al secretario, sin mayor especificidad sobre qué parámetros se utilizarán para hacer el registro de esos niños y niñas.
Las otras escuelas estarán organizadas bajo consejos escolares que excluyen a maestros o especialistas de esta población, denunció Alicea Fernández.
El proyecto establece que todo estudiante que repruebe una materia tendrá consecuencias directas al no pasar de grado, pero no incluye consideraciones acerca de acomodo razonable a niños y niñas que necesiten aprender mediante una metodología diseñada para atender sus necesidades.
En esa lid, Alicea Fernández recordó que la dislexia puede ser uno de los detonantes para la deserción ante la frustración que sienten los estudiantes por su rezago. Citó estudios que han advertido de que el 80% de la población penal presentaron problemas de lectura y escritura.
Al cierre de esta edición, no se había recibido una reacción del presidente del Senado ni de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara alta, Maritere González.
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