Otros 20 empleados de la empresa Rocket Learning, que en su gran mayoría son maestros, fueron incluidos en un pliego acusatorio enmendado como parte del caso contra 31 ejecutivos de la referida compañía, quienes alegadamente conspiraron para defraudar en cerca de $1 millón al Departamento de Educación en los servicios de tutorías.
El grupo fue acusado por un Gran Jurado el pasado 17 de febrero por 93 cargos, para un total de 52 acusados. Estos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, robo de dinero y propiedad del gobierno y robo de identidad agravado.
Según un comunicado de prensa, los acusados son maestros o “maestros líderes”, que proveían servicios de tutorías para Rocket Learning. Alegadamente, los servicios no fueron prestados.
Se alega que los acusados participaron en un esquema fraudulento para suministrar los registros biométrico de asistencia de los estudiantes, firmas falsas y formularios de exámenes falsos que indicaban que los alumnos habían recibido los servicios.
Los 26 cargos por fraude postal están relacionado al envío de los cheques a la empresa Rocket Learning a través del Servicio Postal, 26 facturas fraudulentas sometidas desde el 2011 al 2013, robo de dinero público en aproximadamente $954,297 en fondos del Programa Título I, sesenta y cinco cargos por robo de identidad agravado al utilizar nombres y firmas de estudiantes “reales” para el robo de fondos públicos.
Los nuevos acusados fueron identificados como María Plaza, maestra líder de la escuela Héctor I. Rivera; Wanda Figueroa Figueroa, maestra líder de la escuela Antonio Serrano González; Aracelis Rivera Rivera, maestra en la escuela Héctor I. Rivera; Annette Coppin Bald, maestra en la escuela Inés María Mendoza; Idalis Torres Torres Torres, maestra en la escuela Nueva Superior de Loíza; Jessica Marrero Santana, maestra en la escuela Eugenio María de Hostos; Keila Silva Sánchez, maestra en la escuela Jesus T. Piñero; Mónica Ortiz Alicea, maestra en la escuela Antonia Sáez Irizarry; y Nayda Torres De León, maestra en la escuela María Dolores Faría.
Asimismo, Guillermo Morales Muñiz, maestro en la escuela Francisco Matías Lugo; Raquel Román Bonilla, maestra en la escuela Joaquín Vázquez; Joel Torres Beltrán, maestro en la escuela Manuel Mendez Liciaga; Laurie Baerga Castro, maestra en la escuela Adrián Torres Torres; Angel Vélez Rosa, maestro en la escuela intermedia Berwind; Florentino Pérez González, maestro en la escuela intermedia Berwind; Ivelisse Vazquez García, maestra en la escuela Dr. Ramón Tellado; Maritza Rosario Medina, maestra en la escuela Antonia Serrano González; Ana Oben, maestra en la escuela Luis Muñoz Rivera; Mariam Candelaria, maestra en la escuela Antonia Serrano González; y Margarita Arroyo Heredia, maestra en la escuela Antonia Serrano González.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez indicó que su oficina continuará haciendo esfuerzos para investigar y procesar criminalmente a aquellos que abusen de su acceso a fondos públicos los cuales están destinados a ayudar a los niños en las comunidades.
Mientras, el director del FBI, Douglas A. Leff, señaló que “este caso revela una vez más que siempre hay personas junto a nosotros que se empeñan en robar dinero, incluso a las personas más vulnerables, en este caso, niños”.
Expuso que cerca de $1 millón de dólares fueron perdidos como parte de este esquema.
En la pesquisa participaron además agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal (OIG).
El caso está a cargo del fiscal federal Seth Erbe.
El portavoz de prensa del FBI, Carlos Osorio, manifestó que los arrestos se efectuaron a través de toda la Isla.
El pasado 10 de septiembre, la fiscal Rodríguez y el exdirector del FBI, Carlos Cases, anticiparon durante una rueda de prensa en la que anunciaron los arrestos de 31 ejecutivos de la empresa Rocket Learning, que la pesquisa continuaba.
“A las compañías que le proveen servicios al Departamento de Educación de Puerto Rico como lo es Rocket Learning, los dejo con este mensaje, sabemos quiénes son y lo que se han robado. Este tren ya salió de la estación y no hay quien lo detenga. Esperen más arrestos como los del día de hoy”, expresó Cases en septiembre.
En marzo del pasado año, el FBI allanó un total de 16 compañías que ofrecían los servicios de tutorías, a través de toda la Isla.
En la primera fase fueron acusados la directora de Servicios Educativos Suplementarios (SES), de la empresa Rocket Learning, Brenda Pérez García; Juan Nieves Rivera, director de la región de San Juan; José Acevedo Rivera, director de la región de Caguas; Lynette Asencio Plaza, directora de la región de Ponce; y Héctor Báez Villanueva, director de la región de Arecibo.
Asimismo, los gerentes de programas de las regiones de Caguas, Kay Pagán Rivera, Karenie Laborde Muñiz, Annerys Rodríguez Aponte, Lois García Medina, Edjeledeira Meléndez Rivera y Jonathan Morales Febus.
Los gerentes de programas de Ponce, Jonathan Morales Febus, Jeanette Ramírez Zapata, Francisco Sánchez Zayas, Yamaris Torres Ortiz, Sayra López Torres, Anita Ortiz Rodríguez y Sheila Pagán Carrasquillo.
Los gerentes de programas de Arecibo, Elba Yanira Jiménez Pérez, Gretchen Román Soto, Milliam Centeno Soto, Emmanuel Cruz Martínez, Katia Tapia Torres y Noraima Mercado Vázquez.
Los gerentes de programas de San Juan son Nayra Alicea Delgado, Eileen Gutiérrez Stone, Glorymar Rodríguez Casiano, Minerva Mendoza Acevedo, Suhayl Méndez Reyes, Javier Reyes López, Luisa García Arriaga y José Sánchez Bauzá.
Rocket Learning tenía contratos con el Departamento de Educación por $34 millones.
De acuerdo a la acusación, la directora de SES, los directores regionales, de programas, coordinadores de operativos, maestros y líderes de maestros, acordaron maximizar la facturación de Rocket Learning para cobrar por servicios que no fueron prestados.
Los directores de programas, directores regionales y la directora de SES recibían bonos basados en la cantidad total de dinero facturado fraudulentamente.
Se alega que en algunos de los casos, los maestros instruían a los estudiantes a dar nombres falsos con el propósito de burlar el sistema de protección contra fraude que se había implementado para minimizar el robo de fondos federales destinados a los estudiantes más rezagados.
Los acusados se exponen a penas de 20 años de prisión, más dos años consecutivos de cárcel por cada cargo de robo de identidad agravado.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
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