El departamento de Transportación federal identificó una cantidad de $756 millones que el gobierno de Puerto Rico nunca reclamó en obras de construcción de carreteras que desarrollaron ambos partidos de turno a través de los años.
El gobierno de Puerto Rico nunca reclamó algunos reembolsos por proyectos de inversión en carreteras federales a los que tenía derecho, por lo cual la administración de Barack Obama se valió de este argumento para conceder a la isla una financiación adicional para su infraestructura vial. Ese dinero permitirá librar al Estado de parear el 20% de fondos de mejoras capitales porque serán adjudicados directamente por el gobierno federal hasta que se agote esa reserva.
Este anuncio es importante particularmente, después de que el gobierno reconoció en una reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en abril de 2014, que esa corporación no tenía un solo centavo para operar porque las obligaciones son mayores que los ingresos. El propio secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres Díaz, había advertido en esa reunión que Puerto Rico tiene más de 90 puentes en estado de deterioro para los cuales no contaban con fondos para arreglarlos.
En esa línea, el secretario de Transportación federal, Anthony Foxx, indicó ayer que el memorando de entendimiento ayudará a que el gobierno de Puerto Rico pueda garantizar la seguridad de las vías y puentes.
Sin embargo, en lugar de depositar el dinero en la cuenta del Estado Libre Asociado, el gobierno federal hará los desembolsos directamente a los contratistas de Puerto Rico, lo que asegurará que los fondos sean invertidos en los proyectos de infraestructura vial existentes y futuros, en lugar de desviados para el pago de deuda u otros fines.
La segunda parte del acuerdo entre la administración de Alejandro García Padilla y el departamento de transportación federal permitirá el acceso expedito a $400 millones en fondos federales para proyectos de construcción de carreteras, que serán desembolsados directamente a los contratistas del gobierno, en lugar de ser reembolsados al gobierno local.
La ACT tiene una deuda de $2,000 millones con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero también ha negociado extensiones al pago de $308 millones del principal con el Royal Bank of Canada, lo que provocó la aprobación del arbitrio de $15.50 sobre el barril del petróleo conocido como “la crudita”.
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