Por: Prof. Andrés L. Córdova, Facultad de Derecho, UIAPR
En la juridificada discusión pública sobre nuestro status político, la invocación del derecho natural es piedra angular de algunos para apoyar el reclamado derecho del Pueblo de Puerto Rico a su libre autodeterminación. Es interesante observar como de ordinario en los debates y discusiones entre los diversos proponentes de las diferentes fórmulas de status, la referencia al derecho natural más que esclarecer dudas o ambigüedades sobre sus fundamentos filosóficos, tiene como fin silenciar cualquier diferencia de opinión.
Los seres humanos en todas las épocas han recurrido al derecho natural como zapata metafísica para sus creencias sobre cómo se debe ordenar la vida en sociedad. En sus orígenes la idea del derecho natural va de la mano con las creencias religiosas. La normatividad se impone como una instancia de la voluntad divina. En la filosofía helénica se empieza a deslindar el derecho natural del pensamiento religioso, y se postulan principios inmutables que de alguna manera rigen la naturaleza y en específico, la naturaleza humana. Para la escolástica, particularmente para Tomás de Aquino, el derecho natural y las leyes humanas son derivados de la ley divina, aunque accesibles a la razón por esa misma gracia divina. La circularidad de este razonamiento no es difícil de advertir.
En el presente, en donde las creencias religiosas no son la fuente de nuestro ordenamiento jurídico, la idea del derecho natural se presenta como un vestigio de un pasado aún por domesticar. La normatividad es un ejercicio racional que nace de las circunstancias históricas, en atención a los valores sociales que imperan en un momento dado, no por ello menos vinculantes. Precisamente, es el carácter contingente de toda norma lo que explica sus cambios y variaciones entre los pueblos a lo largo del tiempo y espacio. La controversia se suscita cuando alguna norma ofende nuestros más preciados valores y nos sentimos compelidos a retarla recurriendo a algún principio que nos inocule contra el relativismo moral. En este contexto, el postular el derecho natural es un intento dirigido a evitar la resaca de nuestra historicidad. A modo de ejemplo, hay que ver como muchos de aquellos que reclaman el derecho natural a la libre autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico – como en efecto está expresado en los proyectos de ley de la Asamblea Constitucional de Status que languidecen en la Asamblea Legislativa – no admiten su aplicación cuando es reclamado por otros en lo referente a la identidad sexual. Como cuestión de coherencia, creo que debemos preguntarnos si acaso no hay aquí un cierto oportunismo filosófico que define al derecho natural de acuerdo a los intereses que deseamos promover. El derecho natural parecería ser un cántaro vacío que llenamos con nuestros prejuicios y predilecciones.
Pensar que de alguna manera nuestras opiniones sobre lo que creemos son valores fundamentales, están avaladas por principios inmutables accesibles a la razón, es un ejercicio de dogmatismo histórico muy difícil de justificar. Si bien es cierto que es posible articular principios generales de derecho con los cuales la inmensa mayoría de los seres humanos pudiéramos estar de acuerdo como cuestión de convención social, no por ello debe uno concluir que suponen principios que habitan en algún espacio trascendental, o que los entendamos y apliquemos de la misma manera en situaciones específicas.
Si el Pueblo de Puerto Rico – persona jurídica carente de contenido existencial – tiene el derecho natural a su libre autodeterminación es, al final del día, un planteamiento corporativista adelantado por sectores que no gozan de apoyo electoral. Todo lo contrario, la evidente autodeterminación de la inmensa mayoría de los puertorriqueños en su capacidad individual ha sido mantener y solidificar su relación política, económica y social con los Estados Unidos. El reclamo al derecho natural no debe ser pretexto para subvertir la vocación democrática.
You must be logged in to post a comment Login