Cada día que pasa la sombra de una figura de síndico federal se proyecta sobre las estructuras del Estado Libre Asociado (ELA). La mayoría del País, casi sin pestañar, apoya la iniciativa de que Estados Unidos, a través del Congreso y el Gobierno, imponga una solución al desastre fiscal y económico que hemos creado gracias a nuestra incompetencia para echar la política a un lado y pensar en el País primero.
Ese apoyo desmedido se entiende, pues lo federal es visto como la panacea, como la única manera de hacer las cosas, lo cual denota nuestra desgraciada mentalidad colonialista. No critico para nada a los que respaldan esta figura de síndico, sea a través de una junta de control o supervisión fiscal, o mediante un “Consejo de Asistencia para una Reforma Fiscal”, como parece que quieren comenzar a llamarle a partir de ahora, por aquello de darle un tono menos severo. Al contrario, los comprendo al 100 por ciento, pues ante nuestra incapacidad las vías de solución parecen cerrarse poco a poco.
Mi problema fundamental con todo este proceso estriba en que no sé si verdaderamente entendemos lo que implica que un ente regidor de la metrópoli llegue a Puerto Rico.
¿Qué sería esa Junta de Control Fiscal o Consejo de Asistencia para una Reforma Fiscal? Para comenzar, sería un adefesio constitucional, un mecanismo que deja al desnudo la característica colonial de nuestra relación política con Estados Unidos, pues está predicado bajo la premisa de la cláusula territorial que permite al Congreso básicamente hacer lo que le dé la gana con Puerto Rico.
En síntesis, la mera discusión de la creación de una Junta o Consejo fiscal ya ha dejado claro que les tomaron el pelo a aquellos que creyeron que nuestro estatus se resolvió con el ELA en 1952. Si se llegara a concretar, el retrato colonial sería mucho mayor y obligaría a todos a replantearse las bases de nuestro pacto político, sobre todo al propio Estados Unidos, quien es el primero en reconocer que el ELA de autónomo no tiene nada. Así que el primer problema que plantea esta Junta o Consejo es uno de dignidad política y no debemos perderlo nunca de perspectiva.
Adicional al tema de estatus, este escenario que se baraja entre el Congreso y el Ejecutivo estadounidense trae visos de inconstitucionalidad en nuestro marco jurídico, pues a pesar de que en Estados Unidos se tiene una visión del asunto, la verdad es que a nosotros nos sigue rigiendo en el uso y costumbre esa Constitución de 1952, nos guste o no. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Dejamos que la pisoteen o la defendemos.
A mí me parece que esta Junta o Consejo establece de facto una serie de disposiciones que representan una suerte de enmienda impuesta a la Constitución por la cual los puertorriqueños votamos. En ese marco, creo que la estrategia de Estados Unidos de pretender validar la constitucionalidad de ese mecanismo con un voto de la Legislatura puertorriqueña y la firma del gobernador, es insuficiente.
Estoy a favor de que se exija a viva voz que el proyecto de Junta o Consejo sea validado en las urnas como una forma de enmienda a la Constitución del ELA, independientemente de si creemos o no en ella. Creo que los temas constitucionales son serios y deben refrendarse por el pueblo en cualquier circunstancia. Si fuéramos un estado de la Unión, ¿dejaríamos al gobierno federal actuar con tal impunidad sin pedirnos nuestra opinión? Si fuéramos independientes, ¿pasaría algo semejante? No creo que Texas permitiría una injerencia tal en sus asuntos, así que creo que lo mínimo que nuestros gobernantes deben clamar es por una validación en las urnas para lavarse la cara con la historia.
Claro, está el argumento de que no hay tiempo, que estamos contra el reloj, etc. A mí me importa un bledo. Aprovechemos entonces la tontería esa de las primarias presidenciales y juntemos las cosas. Al final no es nada complicado, sólo votar si se está a favor de una enmienda constitucional para la creación de una junta o consejo fiscal con poderes plenipotenciarios sobre nuestras finanzas. Si es lo necesario, ¿por qué tenerle miedo a llevarlo a la consideración del pueblo? Me parece que esta solución sería la más responsable, independientemente si es complicada o no.
Ese respaldo popular se hace necesario para darle un marco de acción a nuestros dirigentes y para blindar esa acción futura de cualquier batalla legal que entonces empantane las soluciones. Porque no tenga dudas de que tan pronto esa Junta o Consejo sean aprobadas, alguien irá, con razón o no, a impugnarla, y entonces no podremos resolver nada. Los primeros que irán a pelearla son los estados y algunos de los propios territorios de los Estados Unidos, quienes ven en la medida un escenario para que se dispare el costo de la deuda, pues un mecanismo de reestructuración para Puerto Rico podría tener esas repercusiones.
Los republicanos están en contra de cualquier posibilidad de reestructuración, pero todos saben que una Junta o Consejo sin tener un plan de reestructuración e iniciativas de incentivos económicos simplemente va a fracasar. Ahí hay un conflicto y todo conflicto amenaza con llegar a los tribunales y detener el proceso, lo cual nos liquidaría.
Es por eso que el voto del pueblo se hace necesario. Es un proceso de que puede armarse rápido y dar respaldo procesal y moral a toda esta iniciativa, la apoyemos o no. Y ese es mi mensaje fundamental.
El gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi debería comenzar una cruzada a esos fines.
No le teman al factor político, al contrario, empújenlo, pues el voto popular servirá para que puedan lavarse la cara y decir al final que esta “Junta imperial” no fue su criatura, fue la del país, porque sí creo que, independientemente de mis creencias, la mayoría de los puertorriqueños apoya esa intervención federal, porque ha perdido la fe en que aquí somos capaces de gobernarnos y de conseguir poner nuestra casa en orden por iniciativa propia.
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