Todo parece indicar que, tarde o temprano, el Senado Federal aprobará una Resolución creando una Junta de Control Fiscal. Tal Junta tendría poder para determinar tanto los recaudos más los desembolsos que aprueben tanto la legislatura de Puerto Rico como el Gobernador. Ello sería perfectamente válido en virtud de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal. Art IV, Sec. 3, cl. 2 de esta. Una ley estatal que a los mismos efectos aprobara la legislatura sería nula a tenor con la Constitución de Puerto Rico que provee numerosas disposiciones que determinan que corresponde al Gobernador y a la Legislatura decidir qué se recauda, cuánto se gasta y en qué se gasta cada centavo que se recauda en Puerto Rico. En resumen, la Junta Federal haría letra muerta de la Constitución de Puerto Rico, que, de todos modos, es una Ley Federal: 447 de 1952. Como dijo Muñoz Marín en la Vistas Congresionales de 1950, que culminaron en la Ley 600 que nos autorizó a redactar un borrador de Constitución y enviarlo al Congreso para su consideración: si Puerto Rico se volviera loco el Congreso siempre tendría el poder para servirle de loquero. Al abrir el mercado de mano de obra barata de China, en vez de adaptar nuestra economía a una de servicios y de tecnología, nos volvimos locos empleando en el gobierno a la gente que quedaba desplazada de las fábricas obsoletas por el “Made in China”. Ahora, no tenemos, ni con qué pagarle a tantos de empleados públicos, ni con qué rendirle al pueblo los servicios que necesita, ni con qué pagarle a los suplidores de bienes y servicios. Por eso hemos tenido que recurrir a billonarios préstamos que no podemos pagar. Y por eso el Congreso tiene que crear ahora una Junta de loqueros para atender nuestra absurda situación fiscal.
La creación y el funcionamiento de la Junta Federal revelaría toda aquella tentativa de disfrazar la condición colonial de Puerto Rico tras el maquillaje de la leyes Foraker de 1900, Jones del 17 y 447 del 1952, que crearon un parlamento y un gobernador de papel. A la mona la vistieron de seda, pero se mantuvo tan simia como antes. Con la creación de la Junta Federal el papel del gobierno insular se limitaría a realizar actos rutinarios como mandadera del poder metropolitano.
Pues bien, nos volvimos locos gastando, tomando prestado para pagar lo que se tomó prestado y para mantener una nómina pública hipertrófica resultante de la necesidad partidista de absorber las personas que quedaron desempleadas por el colapso de una economía basada en un modelo de manufactura que empleaba a cientos de miles de obreros; que se fue al suelo ante la disponibilidad de mano de obra barata de China, Bangladesh, El Salvador, etc. Y no supimos adoptar un modelo de desarrollo basado en la tecnología, los servicios y la productividad para sustituir las injusticias y los trucos que sostenían a las primitivas súper fábricas.
La Junta Federal tendría el control del dinero. Quien controla el dinero controla el Gobierno y el control del Gobierno es el Gobierno. A final de cuentas, a pesar del maquillaje de la Ley Foraker del 1900, sin el adorno de la Ley Jones del 1917 y sin el “frosting”, de la Constitución del 1952, la realidad sigue siendo la de que no somos ciudadanos sino súbditos del Congreso de los Estados Unidos de América. Esto queda manifiesto, sin tapujos, mediante el retroceso al periodo de gobierno congresional directo comprendido entre la invasión del 98 y la Ley Foraker de 1900. La obscena desnudez de la Colonia queda, para nuestra vergüenza, expuesta ante los ojos del mundo, y peor aún, ante los nuestros. En otras palabras, lo que se propone en el Congreso es que vayamos adelante volviendo al pasado. Lo peor es que nuestro pueblo, por desconfianza en el gobierno insular, prefiere que nos gobierne la junta fiscal. Así lo manifiestan abiertamente todas partes.. Si no me cree, pregúnteselo a cualquiera.
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