El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, aseguró ayer que evaluará un aumento al impuesto de las empresas foráneas como modo de atraer el voto favorable de quienes se oponen al aumento del impuesto al consumo en sustitución a los recaudos de las planillas de contribución sobre ingreso que se disponen a eliminar.
La medida, impulsada por el gobernador Alejandro García Padilla, en su mensaje de situación de estado, tendría que aprobarse en un periodo de treinta días previo a que el Departamento de Hacienda comience a cobrar un impuesto de 10.5% en las transacciones entre negocios (B2B), lo cual tanto el mandatario como Hernández Montañez reconocieron que representa un daño a la economía. García Padilla exhortó a la Legislatura a “que corrija ese error: eliminen los impuestos sobre ingresos”.
“No creo en los parchos. Creo en una reforma integral. Cualquier aumento en el impuesto al consumo sin ajustar la contribución sobre ingresos es malo para Puerto Rico. Tenemos 30 días en que van a comenzar disposiciones que son injustas”, reconoció Hernández Montañez sobre el impuesto a las transacciones entre negocios. Esta propuesta de reforma contributiva se estaría examinando a la par de la evaluación presupuestaria y de una junta federal de control fiscal que se proyecta deberá ser aprobada por la Legislatura puertorriqueña.
Luego de que García Padilla apuntó hacia la eliminación de la contribución sobre ingreso como alivio contributivo en oposición a la paralización del aumento de 4 a 10.5% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre las transacciones entre negocios, Hernández Montañez informó que estaría reavivando el proyecto sustitutivo al Proyecto de la Cámara 2329 que proponía una Contribución sobre Bienes y Servicios (Cobys) de 13.5% en bienes remitente al Estado más 1% municipal, que equivaldría a 14.5%, y otro 10% en servicios.
El aumento en el impuesto iba acompañado de una exención de las planillas sobre ingreso de hasta $40 mil por individuo y de hasta $80 mil por pareja, un alivio por regresividad y hasta $300 anuales en créditos para mitigar la regresividad del impuesto a personas mayores de 65 años.
El representante Luis Vega Ramos confirmó a EL VOCERO que se encontraba “listo” para eliminar la planilla de contribución sobre ingresos después que “ese ingreso no se sustituya con un aumento al impuesto al consumo”. Estimó que con un impuesto de 1.5% que se ponga a las foráneas se allegarían $525 millones más al fisco como propuso el representante Manuel Natal Albelo en el Proyecto de la Cámara 2032.
La Comisión de Hacienda que preside Hernández Montañez dio un informe positivo a ese proyecto de ley, pero ha estado desde noviembre de 2014, en la Comisión de Reglas y Calendario.
Para eliminar la contribución sobre ingresos a las personas que cualifican conforme a su nivel de ingresos y aprobar otros alivios por regresividad, el gobierno necesitaría encontrar otra fuente que represente $600 millones en recaudos, recordó Hernández Montañez.
¿Y qué sobre el arbitrio en los muelles?
Ambos proyectos de reforma contributiva – tanto el original que proponía un IVA de 16% como el sustitutivo que planteaba un Cobys de 14.5% – fueron derrotados en la Cámara de Representantes por el voto en contra del fenecido Carlos Vargas Ferrer, así como Natal Albelo, Vega Ramos, Ángel Matos, Luisa “Piti” Gándara y Luis Raúl Torres. Entonces, se aprobó el aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% a 11.5% con el compromiso de La Fortaleza de nombrar la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC) para estudiar la posibilidad de regresar al cobro del arbitrio general, tal y como ocurría antes de 2006.
El informe que se sometió en un periodo de 60 días concluyó que el arbitrio general requeriría tasas nominales altas entre 27% a 54% para equiparar el recaudo de $2,561 millones provenientes del IVA. Sin embargo, Vega Ramos explicó que de los $41,613 millones en importaciones que entran a Puerto Rico al año, el informe recomendó que la base tributable fuera solamente de $9,500 debido a una “definición demasiada amplia de lo que constituye materia prima”. Los técnicos de Hacienda le dijeron que el análisis para determinar que le aplicaría al arbitrio en los muelles y que no sobre el renglón de materia prima demoraría meses adicionales.
Si se aplicaba el arbitrio a todas las partidas menos químicos (lo cual incluye medicamentos) y alimentos el recaudo proyectado era de $1,863 millones lo cual empataban con unos $105 millones del “Transfer Pricing” y $523 millones de 10% servicios que ya lo cobran para el total anhelado de $2,491 millones.
“¿Por qué mis compañeros de Comisión optaron por no extender el tiempo (de 60 días) para terminar el análisis? Es algo que tienen que explicar ellos”, se limitó a contestar Vega Ramos al preguntársele si entendía que los miembros del CATIC actuaron para favorecer el IVA.
EL VOCERO supo que los seis representantes que votaron en contra de la reforma contributiva advinieron en conocimiento de que una encuesta “de un grupo de opinión pública” reflejaba que la gente favorecía el arbitrio en los muelles sobre otros impuestos al consumo. Al ser abordado sobre esto, Vega Ramos reiteró que su voto fue por convicción debido a que en los muelles hay menos puntos de intervención, lo cual facilita el recaudo.
El CATIC estaba compuesto por el secretario de Hacienda, el secretario de Justicia, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el director de la Autoridad de Puertos, dos representantes y dos senadores a ser nombrados por los presidentes de ambos cuerpos, dos representantes del sector empresarial y uno sindical que no se nombró a tiempo.
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